En la Fiscalía, las investigaciones en contra del presidente Daniel Noboa y su círculo son archivadas, lo que demostraría que la ‘relación’ entre el Ejecutivo y la Fiscalía es más que institucional.
El apoyo es de doble vía.
Noboa respaldó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para evitar que se la enjuicie políticamente en la Asamblea Nacional. Mientras, la fiscal, ya en febrero de 2024, señalaba -ante los medios- que mantiene un contacto continuo con el jefe de Estado en materia económica y de seguridad.
Al revisar en el sistema E-SATJE 2020 -Consulta de Procesos Judiciales Electrónicos- perteneciente a la Función Judicial (FJ), se observa que Noboa tiene 31 procesos desde el 4 de diciembre de 2019 hasta el 17 de marzo de 2025.
En ese período, en el caso de Noboa, registra:
- Seis archivos de investigaciones previas
- Un archivo definitivo
- Una prescripción extintiva
El artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el fiscal puede solicitar el archivo de un caso si no cuenta con los elementos necesarios para formular cargos.
Detalles del artículo 586 del COIP
- Si no se tienen los elementos necesarios para formular cargos, el fiscal puede solicitar el archivo del caso.
- El fiscal puede solicitar la reapertura del caso si aparecen nuevos elementos, siempre que no esté prescrita la acción.
- El fiscal debe solicitar el archivo del caso dentro de un plazo de 10 días.
Noboa tiene ocho archivos de investigaciones previas
La primera solicitud de archivo de investigación previa relacionado con Noboa ingresó el 18 de marzo de 2022 y se concretó el 23 de septiembre de 2022.
Como actores ofendidos constan en el sistema de la FJ, la Fiscalía General del Estado y Roberto Goldbaum Morales (padre de Gabriela Goldbaum, exesposa del actual mandatario) y como demandados: Juan Francisco Tamarit y Daniel Noboa.
El proceso fue archivado definitivamente, cuando la jueza -a cargo del caso- remitió el expediente físico a la Fiscalía y la denuncia fue declarada de maliciosa y temeraria.
La familia Tamarit fue nombrada por Mayra Salazar, sentenciada del caso Metástasis, en una de sus versiones, específicamente, cuando se filtraron unos audios entre el entonces abogado de Salazar, Leonardo Toledo, y Juan Francisco Fierro Tamarit, abogado externo del Banco del Pacífico, para forjar -supuestamente- el testimonio de la operadora del narcotraficante Leandro Norero.
Además, como lo alertó -en julio de 2024- el periodista Andrés Durán, el abogado del Estado que habría forjado el testimonio de Mayra Salazar tendría vínculos con el crimen organizado. Además, dijo que Juan Francisco y José Alberto Fierro Tamarit administran empresas vinculadas al negocio minero en la provincia de El Oro.
Segunda investigación a archivo
El segundo archivo de investigación previa ingresó a trámite el 21 de octubre de 2022. Consta en el sistema como actor ofendido: la Fiscalía y como demandado: Noboa. De este proceso, que se relaciona también con Gabriela Goldbaum, entre los abogados de Noboa aparece Fernando Yávar.
Yávar fue uno de los delegados del Ejecutivo para integrar la comisión calificadora de tres nuevos jueces para la Corte Constitucional y años atrás, en 2011, fue parte del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).
Otro de los abogados de Noboa en 2022 y cuyo nombre aparece en la causa de archivo de investigación previa es el del actual ministro de Salud, Edgar José Lama Von Buchwald.
Estos dos casos se dieron cuando Noboa era asambleísta, pero sí con la Fiscalía a cargo de Diana Salazar, quien inició sus funciones el 8 de abril de 2019 y concluirá el 8 de abril de 2025. Sin embargo, al no existir un reemplazo, designado por concurso del Consejo de Participación, se prorrogará en funciones.
Tercer archivo de investigación por sabotaje
El pedido de un archivo definitivo de un proceso por sabotaje, cuando el Ecuador enfrentaba una crisis energética, se ingresó el 9 de octubre de 2024.
Aparecen como actor ofendido: la Fiscalía y como demandados:
- Daniel Noboa
- Roberto Luque, exministro de Energía y actual ministro de Transporte
- Arturo Felix Wong, exsecretario de la Administración Pública
- Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa
- Andrea Arrobo y Antonio Goncalves, exministros de Energía
- Y, Fabián Calero, exgerente de Celec y actual viceministro de Electricidad.
Algunos escritos presentados en este proceso no aparecen en el sistema y son reservados.
Archivada investigación por traición a la Patria
El siguiente archivo es de la misma fecha 9 de octubre de 2024, y tiene como denunciante a la Fiscalía General del Estado y Marlon Andrés Pasquel Espín, cuyo demandado es Daniel Noboa, por el presunto delito de traición a la Patria en el marco de un conflicto armado interno.
El 12 de febrero de 2025, la fiscal Diana Salazar solicitó el archivo al no contar con elementos suficientes para la formulación de cargos, pues consideró que el hecho investigado no constituye delito.
Asociación ilícita, a archivo
El 9 de octubre de 2024, otra solicitud de archivo estaba en marcha.
La Fiscalía y Darwin Rene Albuja Sandoval aparecen como denunciantes y como denunciados: el presidente Daniel Noboa; el exviceministro de Gobierno, Esteban Torres; la canciller Gabriela Sommerfeld; el ministro Loffredo; la asambleísta Valentina Centeno; la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca Macchiavello; el exministro de Gobierno, Michele Sensi Contugi; la exministra de Ambiente, Sade Fritschi; el exministro de Turismo, Niels Olsen; y la exasesora presidencial, Diana Jácome.
La denuncia es por el presunto delito de asociación ilícita.
Un juez de la Corte Nacional de Justicia, encargado del caso, devolvió -el 20 de febrero de 2025- el proceso a la Fiscalía por un pedido de desestimación que fue negado.
Lo hizo, luego que el 11 de febrero de 2025, el juez de la causa ordenó el archivo por pedido de la fiscal Salazar.
Más archivos
El 18 de octubre de 2024 ingresó al sistema otro pedido de archivo de la investigación previa.
Los actores ofendidos son: la Fiscalía y Marlon Pasquel. Mientras, la familia Noboa es la denunciada.
Isabel Noboa Pontón, Melissa Romero Noboa, Isidro Romero Noboa, Natassia Sicre Noboa, Casandra Sicre Noboa, Isabel Romero Pontón, Daniel Noboa, Alegría Crespo Cordovez, y Álvaro Noboa Pontón, el padre del Presidente.
Denuncia por contrato de provisión de alimentación
La denuncia de Pasquel fue por asociación ilícita, ante una supuesta adjudicación de un contrato durante 2024 para la provisión de alimentación o desayunos escolares de las diferentes zonas escolares del país.
Pasquel denunció que se usaron fondos públicos para beneficiar a empresas, cuyos accionistas eran familiares directos por consanguinidad del presidente Daniel Noboa.
La denuncia fue declarada de maliciosa y temeraria.
El juez Felipe Córdova la archivó por pedido de la fiscal general, Diana Salazar, quien en su argumento dijo que:
“Los ciudadanos denunciados no se encuentran en el listado de socios o accionistas de las compañías Corporación Ecuatoriana de Alimentos y Bebidas Corpabe S.A., Insumos y Servicios para El Agro Inseragro S.A., y Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A., y de ser así, conforme el artículo 250 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, el socio o accionista debe ser mayoritario, es decir, poseer el 51% o más, de acciones o participaciones, lo cual no ha sido establecido”.
Archivan investigación de tráfico de influencias
Otro archivo de investigación previa de Noboa y su círculo, se dio el 29 de octubre de 2024.
Fue una investigación iniciada por la Fiscalía y esa misma entidad pidió el archivo.
Los demandados eran: el presidente Noboa; la primera dama, Lavinia Valbonesi; Roberto Luque; la exministra del Interior, Mónica Palencia; la presidenta nacional de ADN (organización política del oficialismo), María Beatriz Moreno; y Sade Fritschi.
El 9 de mayo de 2024, la fiscal inició la indagación previa, luego de un monitoreo de medios, del que salió una alerta sobre eventos que sucedían en Olón, provincia de Santa Elena.
La Fiscalía observó que el 5 de diciembre de 2023, Lavinia Valbonesi, máxima accionista de la empresa Vinazin, habría obtenido permisos ambientales, con la finalidad de comenzar la construcción de un proyecto llamado “Echo Olón”.
Estos hechos habrían sucedido durante el período en el que Fritschi fungía como ministra de Ambiente.
Al día siguiente de que la fiscal dio inicio a la investigación, se sumó la denuncia de César Ugsha, Geovanni Atarihuana y Sebastián Cevallos.
Sin embargo, los denunciantes no hicieron reconocimiento de firma y tras el pedido de Fiscalía, el juez Manuel Cabrera archivó, al considerar que no hay configuración de un delito de tráfico de influencias.
Una prescripción extintiva
El 11 de marzo de 2025, se ingresó una prescripción extintiva. Aida Aracely González Tejada es la demandante. Mientras, entre los demandados están el presidente Daniel Noboa y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.
María Beatriz Moreno no es procesada
El 28 de marzo de 2025, el mandatario anunció que la Fiscalía no formulará cargos en contra de María Beatriz Moreno, presidenta del movimiento político oficialista ADN, al no contar con elementos para procesarla por tráfico de drogas.
Con esa decisión, la investigación en contra de Moreno y tres personas del equipo de Gobierno será archivada.
El anuncio lo realizó Noboa durante una entrevista en Radio Centro y fue una respuesta a lo expuesto el domingo, 23 de marzo de 2025 por la candidata a la Presidencia, Luisa González, durante el debate rumbo a la segunda vuelta electoral.
Moreno tiene 18 procesos, de los cuales uno está archivado. Se trata del caso de presunto tráfico de influencias en el que no solo fue investigado Noboa, sino su círculo cuando se intentaba construir un proyecto inmobiliario en Olón, provincia de Santa Elena.
El tráfico de influencias se habría dado en la obtención irregular de informes que conlleven a la aprobación y concesión del registro ambiental.
Exministra de Ambiente también es parte del círculo
La exministra de Ambiente, Sade Fritschi; tiene 14 procesos, de ellos dos son archivos de investigación previa en los que aparece la gente del círculo de Noboa. El del 9 de octubre de 2024 es por asociación ilícita y el del 29 de octubre de 2024 por presunto tráfico de influencias.
Ministro Luque, en lista de investigados
El ministro de Transporte, Roberto Luque, tiene 69 procesos judiciales en el sistema de la Función Judicial desde el 7 de octubre de 2021. De esos procesos, dos han sido archivados.
Hay acciones de protección, medidas cautelares, un archivo de investigación previa del 29 de octubre de 2024 (caso Olón) y un archivo definitivo del 9 de octubre de 2024, relacionado con una investigación por presunto sabotaje cuando cumplía funciones de encargo al frente del Ministerio de Energía.
Loffredo también fue observado
El ministro de Defensa tiene 109 procesos registrados en el sistema de la Función Judicial y dos archivados: uno por sabotaje y otro por asociación ilícita. Casos en los que también está el jefe de Estado.
Investigaciones De La Gasca son antes de la gestión de la fiscal
El actual ministro de Gobierno, José De La Gasca, tiene 27 procesos en el sistema de la Función Judicial. La mayoría es acciones de protección. Solo hay dos archivos definitivos, en 2003 y en 2013.
Tampoco su relación con Salazar es buena, ya que en 2019 quiso ser fiscal y quedó en décimo tercer puesto en el concurso.
Con este antecedente es como la Fiscalía dio paso a investigaciones por tráfico de influencias, asociación ilícita, sabotaje, tráfico de drogas y hasta traición a la Patria, que fueron archivadas.
Radio Pichincha
