El próximo 8 de abril, Diana Salazar Méndez termina formalmente lo que ha significado para la Fiscalía General del Estado (FGE) el último periodo completo de seis años como titular de la institución en estos pasados ocho años.
La ibarreña de 43 años de edad terminó ocupando un cargo para el que fue designado Carlos Baca Mancheno en el 2017 y que iba hasta 2023. La censura y destitución que resolvió contra él la Asamblea Nacional en abril de 2018, obligó a que existan varios fiscales generales encargados antes que la titular: Thania Moreno, Paúl Pérez Reina y Ruth Palacios.
Justamente de esta última Salazar recibió una institución marcada por la cercanía de sus fiscales generales con la tendencia política de un Rafael Correa que gobernó por una década Ecuador, hasta el 2027. Galo Chiriboga, quien fue embajador de Ecuador en España y ministro de Energía del gobierno correísta, ganó el concurso de méritos y oposición para la Fiscalía en 2011, y Baca Mancheno, asesor del entonces presidente Correa, llegó a la Fiscalía General obteniendo 94 puntos sobre 100 en el proceso de selección.
El CPCCS transitorio designa a Diana Salazar como fiscal general
Salazar mantuvo oposición desde que fue seleccionada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), liderado por el hoy fallecido Julio César Trujillo. Sus mayores contradictores fueron en el terreno político y judicial los integrantes de lo que fue el movimiento Alianza PAIS (AP), hoy Revolución Ciudadana (RC), cuyos líderes, Rafael Correa, Jorge Glas, entre otros, han acusado a la fiscal de servir como punta de lanza para perseguir judicialmente a integrantes de esa tienda política o “lawfare” (judicialización de la política), como lo han calificado.
A menos de dos meses de asumir el cargo, en junio de 2019, la fiscal general se estrenaba formulando cargos a dos figuras clave en el periodo correísta dentro de lo que se conocería como caso Sobornos 2012-2016: Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, y María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Esta causa arrancó con la detención de dos colaboradoras cercanas a la Presidencia de Correa: Pamela Martínez y Laura Terán.
Finalmente, un total de diez exfuncionarios públicos parte de AP, entre ellos Correa y Glas, y diez empresarios fueron sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado a penas de ocho años de cárcel por ser parte de una estructura que cobraba sobornos a cambio de contratos con el Estado.
Los casos de connotación manejados en seis años
La Fiscalía en su página institucional ubica 44 causas como casos de connotación, pero ha intervenido en no menos de 30 causas con personajes con fuero de Corte nacional como la fiscal general, Diana Salazar, o su subrogante, Wilson Toainga, ya sea iniciando el proceso o continuando uno que ya mantenía sentencia de algún nivel. De esa lista son parte los casos Sobornos, Odebrecht Ecuador, Secom, Secuestro Fernando Balda, Senagua, Caminito, Hospital de Pedernales, Las Torres, Dhruv, Diezmos, Sinohydro, Celu, Vocales, China CAMC…
Además de los más recientes: Independencia Judicial, Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla, en los que se ha identificado y sancionado la infiltración del poder económico, político y del crimen organizado en la justicia en distintos niveles en el país; Reconstrucción de Manabí, en el que entre los procesados están el exvicepresidente Glas y Walter Solís, extitular del MTOP; y Liga2, en el que se investiga por asociación ilícita a tres exintegrantes del CPCCS que eran parte de la conocida Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, además de la actual consejera Nicole Bonifaz.
Solo relacionados al correísmo en estos seis años la fiscal conoció, en distintas instancias, algo más de una docena de casos en los que ha procesado a 20 personas que de alguna forma eran parte del movimiento político o la tendencia.
De la buena gestión al declive
La exsecretaria Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPCCS-t Marcela Estrella, cree que la gestión de Diana Salazar se inició bien, pues optó por combatir la corrupción que sirvió para develar la participación de, incluso, altas autoridades en tramas de corrupción “repudiables”. También, dice, la presencia de la fiscal general permitió visibilizar la institución ante la ciudadanía que tenía desconocimiento frente a los procesos de investigación que se manejaban o todos los diferentes escenarios que a nivel de lucha contra la corrupción debe enfrentar.
Sin embargo, la exfuncionaria anticorrupción siente que ha existido una suerte de declive en la gestión de Diana Salazar. “Siento que en ese punto del equilibrio de la fiscal, lamentablemente Diana Salazar denotó que no estuvo preparada para tanto poder. Creo que tenemos una autoridad muy sesgada, una autoridad excesivamente confiada de su facultad, digamos normativas, pero que se ha extralimitado en otros escenarios de una manera bastante cuestionable”.
Para Estrella, en el último tramo de la administración de Diana Salazar se habría incrementado una presencia bastante autoritaria por parte de la Fiscalía. Por ejemplo, la abogada de profesión piensa que en varios de los últimos procesos investigativos no se reúnen los tecnicismos indispensables para decir que se tiene causas objetivamente investigadas, aunque se estaría responsabilizando a aquellos que sí tuvieron participación, y se estaría inculpando a personas que no tienen nada que ver en los delitos que se procesan.
El excontralor Pablo Celi y el expresidente Lenín Moreno en la lista de procesados
Entre los personajes que ocuparon cargos públicos y fueron investigados por Salazar por actos de corrupción también están el excontralor Pablo Celi, condenado a trece años de cárcel por delincuencia organizada en el caso Las Torres, llamado a juicio del caso China CAMC y en etapa preparatoria de juicio en el caso Celu por el desvanecimiento de glosas a cambio de dinero; y el excompañero de fórmula de Rafael Correa, Lenín Moreno, quien tiene en espera una audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinohydro, por cohecho, ante la entrega de coimas por más de $ 76 millones en torno a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, proyecto emblemático del correísmo.
La fiscal Diana Salazar. por su tarea como titular de la instancia que maneja y lidera la investigación y acusación pública en estos seis años. tuvo que enfrentar iniciativas de juicio político que terminaron siendo archivadas en la Asamblea Nacional; planes para sacarla del cargo desde el Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura, presidido por Wilman Terán, hoy sentenciado a nueve años de cárcel en el caso Metástasis; e, incluso, una denuncia sobre un supuesto plagio a la tesis doctoral que presentó en el concurso que fue designada fiscal general, denuncia que no prosperó.
Por su trabajo ha recibido ella y su familia amenazas de muerte de parte de grupos de delincuencia organizada e insinuaciones desde personajes políticos que hablan de que una vez que termine la protección que tiene de la Fiscalía y otros sectores políticos y económicos ella deberá responder por la persecución que emprendió. Pero también por esa misma labor la revista Time la ubicó entre las 100 personas más influyentes del mundo.
La gestión de Diana Salazar marcó un punto de inflexión
A decir de Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, la presencia de Diana Salazar en la FGE ha marcado un punto de inflexión con respecto a lo que venía siendo la Fiscalía en el periodo del correísmo. Él cree que en ese momento la institución se había convertido en un instrumento al servicio de los intereses del Gobierno de la época y no para cumplir con el papel que la Ley le determina.
Pese a la visión que tenga Guzmán de Salazar, él piensa que hay aún casos por dilucidarse, pues, reflexiona, los actos de corrupción no solo habrían sido privativos del régimen de Rafael Correa, sino que también se presentaron en los subsiguientes gobiernos y esos temas deben tener una respuesta de la Fiscalía.
A los pendientes, Estrella le suma como pendientes el que desde el lado institucional no se hayan solucionado problemas en el tema de seguridad de fiscales, de proveerles los insumos básicos para su trabajo y que no haya existido una mejora profunda en cuanto al personal. Con esto último se referiría a que habrían existido designaciones a dedo de algunos perfiles cuestionados, que no gozan de prioridad, que incluso no merecían ascender a unidades de élite, pero que finalmente lo hicieron ante supuestas afinidades con la máxima autoridad.
Sobre la prórroga en el cargo
En una reciente entrevista para el portal La Historia, la fiscal general, Diana Salazar, fue consultada respecto de la prórroga de funciones al no existir aún un reemplazo formalmente nombrado por el CPCCS. Ella sobre ese tema dijo: “Nosotros, me refiero a la Fiscalía General del Estado como institución, no como la persona Diana Salazar, vamos a precautelar que la institucionalidad se mantenga, que los casos no corran ningún riesgo y, sobre todo, que el proceso de transición, sea cual fuere, se maneje de forma ordenada”.
Aunque no lo haya reconocido directamente la titular de la FGE, Ciro Guzmán cree que es lo que corresponde, pues así tendrá la posibilidad de concluir con las investigaciones iniciadas, avanzar con las audiencias en trámite y buscar la sanción de quienes han ajustado sus comportamientos a actos de corrupción. Pese a ello aclara que existe la obligación de que el Consejo de Participación en paralelo avance con el proceso para designar al reemplazo de Salazar, aclarando que las organizaciones de las que hace parte vigilarán de cerca el concurso.
De su lado, Estrella no ve con buenos ojos esta prórroga, pero tiene claro que no hay tampoco otra alternativa.
“El próximo fiscal general del Estado debe ser una persona que permita evidenciar un trabajo completamente técnico e independiente, objetivo. Que sea un buen litigante, que no utilice el cargo para aprender a ser abogado (…). Tiene que ser una persona comprometida y de prioridad notoria, en aras de que continúen los diferentes procesos de lucha anticorrupción que se han judicializado. También considero que debe ser un penalista nato, completamente preparado en materia de litigación, en temas de delitos económicos, de crimen organizado. (…) Me gustaría ver una FGE liderada por alguien que realmente permita hablar de institucionalidad (…), una autoridad independiente, sin agenda”, concluyó la exsecretaria anticorrupción. (I)
Fuente: El Universo
