La posibilidad de que Ecuador esté ya construyendo bases militares para contar con la presencia de países como Estados Unidos, sin que se apruebe la reforma parcial a la Constitución que lo permita, puso en alerta a la Asamblea Nacional.
Desde el gobierno, dos voces autorizadas se han referido al tema: el presidente Daniel Noboa y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Este último señaló que «Ecuador está abierto a todos los puntos logísticos de avanzada que sean necesarios».
Hay «acuerdos que vienen en marcha» dentro de los que «hay diferentes infraestructuras», añadió al ser consultado de una investigación de la cadena estadounidense CNN en el sentido de que se estaría avanzando con una base en Manta.
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Por su parte, el candidato presidente, Daniel Noboa, señaló el 1 de abril que «el Gobierno ecuatoriano está abierto a bases internacionales».
La asambleísta por Pachakutik, Mariana Yumbay, considera que estas declaraciones deberían ser motivo de un proceso de fiscalización en la Asamblea, pero también de una actuación de la Corte Constitucional (CC).
La legisladora calificó como «irresponsable» pensar ya en la construcción de bases militares, cuando el tema todavía está en debate de la comisión ocasional y que incluso la reforma podría ser distinta a la propuesta del oficialismo.
«Aspiremos no sea así, pero si lo es habrá que fiscalizar esos actos. No se pueden ir contra la Constitución de la República»
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik
El correísmo llevó este anuncio al campo electoral. Según Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, señaló que hablar en este momento de las bases militares extranjeras es un acto de «desesperación» por la cifras de intención del voto en segunda vuelta que será el 13 de abril.
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De igual forma, calificó como irresponsable que se mencione la posibilidad de levantar estructuras militares con el fin de dar cabida a tropas extranjeras, cuando existe una propuesta de reforma a la Constitución que recién está en construcción.
Lentitud en el tratamiento
La asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Nataly Morillo, prefirió no ahondar en las declaraciones de Noboa y Loffredo y dijo que todas estas acciones son competencia de la cartera de Defensa.
Sin embargo, señaló que ha sido la propia Asamblea la que se ha encargado de obstaculizar el tratamiento de la reforma constitucional que permite establecer bases militares en el país, para enfrentar la inseguridad.
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Morillo recordó que el proyecto ingresó al legislativo en octubre de 2024 y el informe para primer debate debió llegar al pleno en diciembre. Recién pudo ser tratado el 27 de febrero y se dispuso que regrese a la comisión.
La comisión ocasional, liderada por Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, debía reunirse el lunes 31 de marzo para continuar con la elaboración del informe de segundo debate, pero según Morillo, que es parte de esa mesa, la cita fue suspendida y no hay fecha para retomarla.
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