Para la segunda vuelta del domingo 13 de abril de 2025, los electores no podrán usar celulares ni otro dispositivo electrónico al momento de sufragar.
La restricción aplica cuando el ciudadano reciba la papeleta y esté votando. Es decir, en ese instante no podrá sacar su celular para fotografiar la papeleta de binomio presidencial.
El 31 de marzo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explicó que no existe prohibición para el uso del celular al interior de los recintos electorales.
Asimismo, aclaró que el incumplimiento de esta medida no representa cometer un delito; sino, dijo, puede recaer en una posible infracción electoral.
Quien sea detectado tomando una fotografía a su papeleta recibirá una boleta de notificación, que luego pasará al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para el procedimiento respectivo.
Las autoridades aclararon que ni policías ni militares, ni los integrantes de las juntas receptoras del voto o coordinadores de los recintos electorales pueden decomisar los dispositivos o detener a quienes no acaten esta disposición.
La prohibición de dispositivos también regirá para los integrantes de las juntas receptoras del voto, desde las 17:00, cuando se levanten las urnas y se cierren los recintos electorales.
Para este caso, el único que podrá portar un celular u otro dispositivo es el vocal escrutador, quien es el encargado de contabilizar los votos.
“El escrutinio no es oculto, incluso se puede transmitir en vivo”, aclaró la titular del CNE.
Delegados de organizaciones políticas, medios de comunicación y misiones de observación electoral están exentos de la restricción que aprobó el CNE el 13 de marzo, con los votos de Diana Atamaint, Enrique Pita y José Cabrera.
Sanciones
Incumplir con la resolución de no usar celulares recae en una infracción electoral muy grave, tipificada en el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia.
Esta norma sanciona con una multa económica que va de 21 a 70 salarios básicos unificados. Es decir, de USD 9.870 a USD 32.900. Además, el incumplimiento se penaliza con la pérdida de los derechos políticos.
Radio Pichincha
