Para votar en la segunda vuelta del domingo 13 de abril de 2025, los ecuatorianos no podrán usar el celular ni otro dispositivo electrónico en las urnas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó esta prohibición el 13 de marzo. Lo hizo con los votos de Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente) y José Cabrera.
La resolución del organismo electoral motivó a la presentación de acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y ante el mismo CNE.
Una demanda la ingresó el abogado Washington Andrade, coordinador de la Asamblea Permanente por la Defensa del Patrimonio Nacional, ante la CC.
Otra acción la impulsó la alianza Revolución Ciudadana-RETO, en el organismo electoral.
La acción de Andrade fue admitida a trámite y se tramita con prioridad en el organismo de control constitucional. La causa se encuentra en el despacho del juez Richard Ortiz.
Es decir, la Corte Constitucional podría resolver estas demandas antes del balotaje, entre Daniel Noboa (ADN) y Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana.
Si hay argumentos
La abogada constitucionalista, Ximena Ron Erráez, explica que la Corte si tiene argumentos para dejar sin efecto la disposición del CNE.
La Corte debe hacer un análisis de libertad de expresión, porque como ciudadanos tenemos el derecho de expresarnos y eso incluye tomar una foto (a la papeleta) y subirla a redes sociales. Pero eso se debe contrastar con los parámetros de seguridad que establece el CNE”, dice.
La máster en comunicación política observa que si bien, estas demandas son viables, es un asunto que no solo recae en la arena jurídica, sino también en el plano político.
“Este es un tema de trascendencia nacional, pero debe haber voluntad política”, agrega.
Asimismo, Esteban Ron, abogado y máster en Democracia y Gobierno, puntualiza que el voto tiene tres características:
- Secreto
- Directo
- Y, universal.
En este sentido, precisa, “el voto secreto está garantizado sobre la titularidad de un derecho. Es decir, yo veo si lo hago o no público y eso no debería generar ningún tipo de presión”.
El jurista electoral considera que la Corte Constitucional, al menos, debería pronunciarse de forma.
Con las impugnaciones se busca anular la resolución del Consejo Nacional Electoral.
Andrade alega que los efectos de prohibir celulares “provocarían un daño irreversible, que afectaría a toda la población ecuatoriana en su capacidad de sufragar”
Radio Pichincha
