Como un «golpe de Estado judicial», calificó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de dejar en firme la suspensión de sus derechos políticos durante los próximos dos años.
Abad recalcó que su destitución «solo cabe en forma posterior a un juicio político y que es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional».
Además, se refirió al de Fernando Muñoz, Juez del TCE. Dijo que fue coherente con la norma constitucional.
«El voto salvado de Juez Fernando Muñoz, coherente con la norma constitucional, les advierte a los muy vivos, que los efectos materiales de la sentencia jamás deben servir como una forma de remoción indirecta, dejándoles claro que las causales de destitución están expresamente determinadas en la Constitución y que entre ellas «ninguna es por causa de una suspensión de derechos políticos», escribió Abad.
Los abogados de la Vicepresidenta anunciaron que ya analizan una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para luego acudir a instancias internacionales.
La noche del viernes 28 de marzo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó en firme la suspensión por dos años de los derechos políticos de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
La resolución de los jueces del organismo implica «la inmediata inhabilitación de ejercer un cargo público durante los próximos dos años».
El TCE resolvió el pedido de aclaración, solicitado por el abogado de Abad, con tres votos a favor y dos en contra.
Radio Pichincha