La candidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa González, cuestionó a su contrincante, el candidato-presidente Daniel Noboa, por la reforma tributaria impulsada en 2024 por este último para, supuestamente, combatir a las bandas criminales.
Pero la recaudación fue millonaria, pero la inversión en seguridad fue menor.
Según cifras no definitivas oficiales, el Gobierno de Daniel Noboa recaudó USD 1.639 millones en 2024 por la reforma tributaria para financiar la seguridad.
De enero a diciembre de 2024, la administración tributaria alcanzó USD 20.131 millones en recaudación de impuesto, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).
De ese total:
- USD 333 millones provienen de la contribución temporal por seguridad
- Y, USD 1.306 millones que serían destinados a la seguridad y a la protección social, según el Gobierno.
Pero, las cifras de la ejecución presupuestaria ponen en tela de duda las acciones del gobierno en transferir recursos al combate de la inseguridad, tal como lo han señalado sus diferentes voceros.
Es decir, de los USD 1.639 millones recaudados para la seguridad en 2024, el gasto adicional para bloque de seguridad solo aumentó USD 238,86 millones el año pasado, según el Presupuesto General del Estado.
Lo que significa, además, que, por cada dólar adicional invertido en seguridad apenas redujo en 12,24% las muertes violentas en el último año, pero las cifras siguen siendo preocupantes.
Los homicidios en 2024 alcanzaron las 6.964 muertes violentas, lo que significa que hubo una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes. En promedio, cada una hora y 15 minutos asesinan a una persona en Ecuador el año pasado.
Una reforma tributaria para el conflicto armado interno
El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador para ‘combatir’ a 22 bandas narcodelictivas, identificadas como terroristas y de objetivo militar.
Esa declaratoria fue la justificación para que el Presidente impulse una reforma tributaria para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica en marzo de 2024. Allí, entre otras cosas, se dispuso una «contribución temporal de seguridad», que consistió en un aporte temporal único del 3,25% de las utilidades gravadas del ejercicio fiscal 2022, a las sociedades que obtuvieron ingresos en ese período.
Y, también se incrementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 15%. Noboa justificó que ese aumento era para financiar la supuesta «guerra interna» contra el crimen organizado.
Presupuesto para seguridad
A inicios de 2024, el Gobierno presupuesto una asignación de USD 3.133,4 millones para el Gabinete de seguridad. Pero la cifra subió a USD 3.809 millones a finales de año.
Sin embargo, en 2024 solo se ejecutó el 91,8% de dicho presupuesto, el equivalente a USD 3.496 millones.
Ese monto representa un incremento del 7% respecto al presupuesto devengado de 2023. Es decir, el presupuesto para las entidades del eje de seguridad aumentó apenas USD 239 millones en el contexto del conflicto armado interno.
Las instituciones involucradas en el conflicto armado interno son:
- Los ministerios de Defensa, de Gobierno y del Interior.
- Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)
- Policía Nacional
- SNAI
- Sistema ECU 911
- Criminalística
- Secretaría de Gestión de Riesgos
- Los institutos Geográfico Militar y Oceanográfico de la Armada
- Y la Dirección Nacional de la Policía Judicial.
Contribuciones para seguridad vs. presupuesto a seguridad
Aunque la Corte Constitucional (CC) ha puesto en tela de duda -en varias ocasiones- la existencia de un conflicto armado interno, el Gobierno de Noboa sigue usando esta figura como la justificación para los gastos en seguridad.
El presupuesto devengado al gabinete de seguridad aumentó USD 239 millones, al pasar de USD 3.257 millones en 2023 a USD 3.496 millones en 2024. Mientras tanto, los ingresos tributarios por seguridad ascendieron a USD 1.639 millones
Es decir, hay una diferencia de USD 1.400 millones entre lo que ingresó por la contribución de seguridad y los recursos comprometidos adicionales al gabinete de seguridad en 2024.
De ahí que fuentes del sector de seguridad señalan que habría un cierto descontento de la tropa militar y policial con las cúpulas debido a la falta de presupuesto que permita combatir con equipo e insumos modernos al crimen organizado.
Y, uno de los casos más notorios fue el escándalo por los «chalecos de cartón». Es por eso que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el contrato que suscribió el Ministerio de Defensa con la empresa End Defense Solutions LLC (Heds), para adquirir chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas.
De cuerdo con evidencias mostradas por Radio Pichincha, se detectó que los chalecos no tendrían las seguridades necesarias para la fuerza pública.
Radio Pichincha