Alcanzar el control de los sistemas financiero y judicial en Ecuador habría sido el objetivo principal de la estructura que investiga la Fiscalía por supuestamente operar desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) junto con funcionarios de instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, relacionadas con el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC). El caso ha sido bautizado como Liga2.
Este sería el quinto proceso penal con fuero de Corte Nacional de Justicia (CNJ) y atado a actos de corrupción que sacude al país en menos de quince meses. Esta causa tendría una forma similar de operar en relación a los casos Metástasis, Purga, Plaga y Pantalla, es decir, intentar, en este caso desde el poder político, cooptar la mayor cantidad de espacios posibles en instancias de decisiones, en el caso Liga2 relacionadas al sistema financiero y de justicia, para a partir de ahí tener la capacidad de controlar la institucionalidad del país.
“El presente caso (Liga2) retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador se convirtió en la sede de un partido político en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan”, aseguraba el fiscal general subrogante Wilson Toainga, durante la formulación de cargos del caso Liga2 contra los hoy exconsejeros de Participación Ciudadana relacionados al correísmo Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, y la actual integrante del CPCCS Nicole Bonifaz.
Según la Fiscalía, en el allanamiento realizado el 24 de enero pasado a las instalaciones del CPCCS, en Quito, se incautaron los celulares del hoy exconsejero Verduga. La información allí encontrada habría revelado la planificación y “estrategias delictivas” puestas en marcha para hacerse del control de la institucionalidad del Estado.
El fiscal general subrogante anotaba que mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana, “quienes lejos de cumplir su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de varios tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas”.
En el caso Liga2 se investiga el delito de asociación ilícita y tiene sus particularidades, pero de alguna forma mantiene la esencia de los cuatro casos que en cascada fueron abriéndose a partir del 14 de diciembre de 2023 que fueron detenidos por el delito de delincuencia organizada entonces funcionarios públicos como el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán; el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el general (sp) Pablo Ramírez; entre otros jueces, fiscales, abogados, policías, funcionarios judiciales y penitenciarios.
Metástasis, Purga, … y Liga2, una realidad que se conocía
Para el constitucionalista Xavier Palacios, en los casos Metástasis, Purga y ahora Liga2 se ha descubierto y se está descubriendo algo que se sabía, pero que no nos atrevíamos a investigar. Recuerda que en Metástasis, Purga y otros, el objetivo era la toma de la justicia por ciertos grupos, y ahora en el tema Liga2 son integrantes del Consejo de Partición Ciudadana.
“¿Cuál ha sido el fin primordial que ha cumplido el CPCCS? Es la toma de las autoridades, la toma de control, a eso se ha dedicado el Consejo de Participación Ciudadana. Y con una gravedad, que quienes estaban en su momento en el gobierno lo hacían de manera frontal, es decir, con los funcionarios que estaban en ese entonces, y cuando no son gobierno tienen que recurrir a pseudónimos, a chats, para tratar de tomarse sobre todo la justicia (…) y organismos puntuales técnicos como la Superintendencia de Bancos”, sostuvo Palacios.
Para el constitucionalista es curioso que, según los chats expuestos por la Fiscalía, los entonces consejeros hoy procesados estén abogando por un movimiento político cuando tienen prohibición legal expresa y constitucional de pertenecer a un partido político. Palacios no cree que las conversaciones periciadas se traten de diálogos casuales o normales en el marco de las atribuciones que tenían. “Estas eran conversaciones destinadas a tomarse las autoridades. De hecho, hay frases que sí generan escalofrío, como hay que tomar lo que sea o lo que haya en este momento. Eso lo que da cuenta es una suerte de repartición de las autoridades de control”.
El penalista y catedrático universitario Pablo Encalada sostiene que el caso Liga2 demuestra que nuestros políticos siempre han tratado de captar el poder de las instituciones del Estado y principalmente las instituciones del sector justicia. Para él, eso no es nada nuevo, porque, afirma, nuestros políticos están más concentrados en mantenerse en el poder, en recuperar el poder y no en servir, que es el problema de nuestras instituciones.
Pese a que en el caso Liga2 tiene esta percepción, Encalada en el tema jurídico-penal tiene reparos. Desde su perspectiva, por el momento, dice no encontrar suficientes elementos para presumir la existencia de un delito. “Me parece que políticamente es grave, los pillaron en comportamientos totalmente antiéticos, antidemocráticos, querer cooptar el poder es evidente. Creo que hay responsabilidad política, pero honestamente no veo, por el momento, responsabilidad penal”, aclaró.
Encalada piensa que para evitar todas estas situaciones de corrupción e injerencias de los poderes económicos, políticos y hasta del crimen organizado hay que fortalecer la institucionalidad. Refiere que en el caso del poder judicial hay que fortalecer la independencia de la Función Judicial, a través de una reforma constitucional que elimine el CJ y el poder judicial vuelva a los jueces, una nueva selección de jueces de la CNJ en donde se garantice que existan buenos cuadros, entre otras reformas.
En cambio, sobre la existencia del CPCCS, los entrevistados coinciden en que esa instancia creada en la Constitución del 2008 debe desaparecer porque únicamente se ha encargado de captar autoridades y obstruir la labor.
El penalista Encalada califica al Consejo de Participación como un invento por el cual convencieron a los ecuatorianos de que la participación ciudadana podría ser institucionalizada, cuando la participación ciudadana tiene que ser hecha desde los ciudadanos mismos; en cambio el constitucionalista Palacios asegura que es momento que las autoridades deben repensar el modelo, incluido lo que tiene que ver con el CPCCS. Una constituyente ve como camino para superar esta problemática, aunque no sabe si será el mejor camino que pueda tomarse
Los cuatro casos previos a Liga2
Metástasis investigó una “empresa criminal” que fue liderada por el narcotraficante Leandro Norero para obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios e información privilegiada en torno a causas penales que mantenía Norero, su familia y cercanos a agrupaciones criminales. En este caso, por delincuencia organizada, doce procesados que se acogieron al procedimiento abreviado recibieron penas reducidas de entre 15 y 44 meses de cárcel; mientras que otros 20 llevados a juicio, entre ellos, Terán y Ramírez, fueron condenados a penas de tres años de cárcel hasta diez años de prisión.
En cambio, Purga fue un caso de infiltración en la justicia desde el poder político que se centró en la provincia del Guayas. Desde allí habría operado una estructura al mando del exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo y el exjuez penal del Guayas Johann Marfetán, la cual estaba diseñada para planificar y ejecutar actividades delictivas con el objetivo de favorecer a sus miembros y a terceros a través de decisiones judiciales obteniendo así beneficios económicos de manera ilegal.
Muentes Gallardo y Marfetán, como líderes de la estructura, fueron sentenciados a trece años y cuatro meses de cárcel; mientras que los restantes siete colaboradores recibieron penas de privación de la libertad que fueron desde el año y cuatro meses y los nueve años y cuatro meses.
Plaga fue un caso que se gestó en varias provincias del país a partir de un grupo organizado compuesto por jueces, abogados, policías, funcionarias del SNAI, los cuales se juntaron con la finalidad de obtener beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de ciudadanos privados de la libertad, para lo cual la cúpula criminal a cargo pudo mover los hilos de esta estructura y se valió de la colaboración de personas ubicadas tanto en la función pública como en el ámbito privado.
El caso Plaga arrancó investigando a 31 personas, pero luego de quince sentencias reducidas por procedimiento abreviado y dos dictámenes abstentivos emitidos por la Fiscalía, solo quedan catorce procesados a la espera de saber si son o no llamados a juicio.
Finalmente, el caso Pantalla investigó a exfuncionarios de la Judicatura y a una jueza penal por ejercer influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en el CJ con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a ciertos postulantes, en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la Corte Nacional, iniciado en junio de 2023. Luego de un dictamen abstentivo y tres sentencias por procedimiento abreviado, en esta causa solo quedan siendo procesados el expresidente del CJ Wilman Terán, alias Diablo, y la jueza Anabell T.C. (I)
Fuente: El Universo