En las últimas semanas, el presidente-candidato Daniel Noboa presentó una serie de propuestas relacionadas con la seguridad, la política electoral y la crisis derivada de las lluvias, que han generado controversia debido a posibles obstáculos legales y constitucionales.
Las más recientes son:
- Eliminación de multas por no votar en provincias en emergencia por las lluvias.
- Indultos a policías y militares que combaten la inseguridad.
- Prohibición del uso de celulares durante las votaciones, la cual se concretó en el CNE.
- Presencia de tropas extranjeras para la seguridad nacional.
Para juristas consultados por Radio Pichincha, estas propuestas son inaplicables y, en realidad, podrían ser solo anuncios electorales destinados a ganar votos para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 13 de abril de 2025.
1. Eliminación de multas por no votar en provincias afectadas por las lluvias
Esta propuesta genera gran atención, pues, según el gobierno, busca responder a la imposibilidad de los ciudadanos en zonas afectadas por las lluvias de cumplir con su obligación electoral.
Sin embargo, expertos como la doctora Alejandra Vivanco, exsubcontralora, advierten que esta propuesta contradice la obligatoriedad del voto establecida en la Constitución y el Código de la Democracia, lo que hace que su aplicación sea «imposible».
El Código de la Democracia establece lo siguiente en su artículo 292:
“Las personas que, teniendo la obligación de votar, no hubieren sufragado en un proceso electoral serán multadas con el equivalente al diez por ciento de una remuneración mensual unificada.”
Melania Carrión, experta en derecho parlamentario, electoral y ciencias políticas, explica que, al ser el voto obligatorio, su no cumplimiento está sujeto a sanciones establecidas en el Código de la Democracia. A su vez, señala que al tratarse de una ley orgánica, no puede ser modificada por una resolución.
2. Prohibición del uso de celulares durante las votaciones
El 13 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador cedió a este pedido del presidente-candidato Daniel Noboa y resolvió prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la votación de la segunda vuelta presidencial del 13 de abril.
La presidenta del CNE, Diana Atamaínt, advirtió que los ciudadanos que usen celulares en la segunda vuelta electoral enfrentarán multas que podrían oscilar entre 9 870 hasta 32 900 dólares, más la pérdida de los derechos políticos, porque se convierte en una infracción electoral.
El Máster en Democracia y Gobierno, Esteban Ron, asegura que esta resolución es inconstitucional, ilegal y contraria a la lógica.
«Demuestra la inestabilidad constante de las dependencias coyunturales políticas.
Fuera de la alerta, hay varios mecanismos constitucionales y electorales que se podrían activar que no solo declararán vulneración de derechos, medidas de reparación e inclusive sanciones a los consejeros», indicó.
El constitucionalista André Benavides expresó que lo dispuesto por el CNE, es real y expresamente inconstitucional.
«No existe base normativa que permita que el CNE, vía resolución, en medio de un proceso electoral, regule el proceso y también el ejercicio de derechos constitucionales», precisó.
El expresidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, recordó que solo es posible modificar la ley electoral un año antes de las elecciones. Actualmente, no existe una norma que respalde una medida de este tipo, señaló.
Simon también cuestionó la capacidad del CNE para controlar esta medida, recordando que ha sido incapaz de supervisar la difusión de propaganda electoral no autorizada.
3. Presencia de tropas extranjeras para la seguridad nacional
En medio de la creciente inseguridad y violencia, Noboa propone la llegada de «fuerzas especiales extranjeras» para ayudar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Sin embargo, la constitucionalista Ximena Ron señala que esta propuesta enfrenta una barrera legal importante.
Según el artículo 5 de la Constitución, “el Ecuador es un estado de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni instalaciones extranjeras con propósitos militares”.
4. Indultos a policías y militares que combaten la inseguridad
Noboa también ofreció indultar a policías y militares que combatan la delincuencia, instándoles a actuar «con determinación y sin temor a represalias».
Sin embargo, Ximena Ron explica que esta medida es inviable, ya que el indulto solo se aplica cuando ya se ha cometido un delito, según el artículo 147 de la Constitución.
Esta propuesta también ha sido criticada por ser potencialmente peligrosa, ya que podría fomentar la impunidad en situaciones de abuso de autoridad.
Alianza con Erick Prince, exfundador de BlackWater
Una de las propuestas más polémicas ha sido la posible colaboración con Erick Prince, exfundador de la empresa de seguridad privada BlackWater.
El abogado Diego Beltrán Bastidas advirtió que esta medida es «inconstitucional y peligrosamente riesgosa», ya que recurrir a mercenarios privados sería una violación a la soberanía nacional y podría desconocer las competencias de las fuerzas armadas y la policía.
En conclusión, las propuestas de Noboa siguen siendo un tema de intenso debate, con sectores políticos y jurídicos en desacuerdo sobre su viabilidad legal.
Al final, podrían no ser más que simples anuncios electorales.
Radio Pichincha