La Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado dispuso el diferimiento de la audiencia de formulación de cargos por 48 horas para que los recursos de aclaración y revocatoria presentados por los procesados sean trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE), según se dispuso este 13 de marzo de 2025.
Los documentos que deben trasladarse a la FGE corresponden a anexos que entregaron los implicados. El 10 de marzo de 2025, el procesaro César Emilio B. I. entregó anexos, Juan Dionisio A. S. y Carolina del Rocío T. C. hicieron lo mismo el 11 de marzo. Los anexos que presentaron son recursos de revocatoria. Por su parte, Lady Juliana C. T., el 13 de marzo presentó un recurso de aclaración.
Según lo dispuesto por el juez Jairo Alejandro García, se dejó sin efecto la convocatoria a audiencia de vinculación que estaba definida para el 14 de marzo de 2025 a las 07:45 para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación de Aquiles Alvarez, Juan Carlos A. T., Juan Dionisio A. S., Gloria María S. S., Rosa Marbella O. G., Edgar Moises F. T., María Elisa C. E., Fausto Vinicio V. G., Olga Cecilia O. L. y Raúl Arnoldo Z. O.
Según la teoría de la FGE en el llamado caso Triple A existe une relación entre las empresas investigadas con distribuidoras de combustible entre las que comercializaron, presuntamente de forma irregular, candiadades elevadas de combustible. Varias de las estaciones que accedierona estos combustibles se ubican en sonas de frontera minera, por lo que se presume que el combustible subsidiado se desvió a otros segmentos que no son los dstinatarios del subsidio, provocando, de esa manera un perjuicio al Estado.
La teoría que maneja la Fiscalía señala que en el caso Triple A existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
Formalmente, el caso Triple A existe desde el 23 de julio pasado, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia de Guayas. Después de 21 días, el ente acusador quiso formular cargos a los primeros procesados, pero no fue hasta el 14 de diciembre de 2024 que lo logró, pues tuvo que sortear tres diferimientos por cambios de las defensas de los sospechosos, entre otras razones, y una audiencia declarada fallida.
Entre los implicados hay personas naturales y jurídicas, para las personas naturales se dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica de dos días a la semana, mientras que para las empresas se estableció la prohibición de enajenar bienes y acciones. (I)
