Un personaje clave en la cuestionada adquisición de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas, por USD 34 millones, fue el administrador del contrato: Juan Francisco Martínez Stagg.
Martínez es una persona de confianza del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien lo nombró como subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa, el 16 de julio de 2024. Se trata de un alto cargo, de libre remoción.
Martínez no registra ninguna experiencia anterior en el sector público y tampoco posee títulos en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
En lo privado, es propietario de la compañía Ecua-Datalab S.A.S, empresa que cuenta con un capital de apenas USD 100 y que se dedica al asesoramiento en planificación, organización, eficiencia y control, e información administrativa.
En el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta a su nombre un Registro Único de Contribuyentes (RUC) por servicios de asesoramiento en relaciones públicas y comunicaciones, con un local ubicado en Samborondón, provincia del Guayas.
A pesar de no contar con experiencia o preparación en el tema de seguridad, fue designado como administrador de un contrato por USD 34 millones para la compra de 30.513 chalecos y 31.416 cascos de protección balística para las Fuerzas Armadas.
El contrato fue adjudicado a High End Defense Solutions, empresa calificada como proveedor incumplido en un proceso con la Policía Nacional para la adquisición de municiones.
El blindaje de los cascos y chalecos fue cuestionado por supuestamente incumplir el blindaje de protección balística requerido.
Martínez impidió que oficiales constaten pruebas balísticas
Según un informe de dos altos oficiales designados por el comandante general del Ejército para verificar las pruebas balísticas, el administrador del contrato Juan Martínez, impidió que los uniformados cumplan su trabajo.
En el informe se detalla que Martínez llamó telefónicamente al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien ordenó que los dos oficiales se retiren del lugar.
Además, el representante de la empresa adjudicada High End Defense Solutions solicitó a Martínez que los delegados del Ejército no estén presentes en las pruebas y que no se utilicen municiones con velocidades diferentes a las utilizadas en pruebas anteriores, realizadas el 6 de enero.
El documento agrega que el edecán del ministro de Defensa, el teniente coronel Carlos Alberto Gallardo, apoyó la posición de la empresa proveedora en el sentido de que no se puede utilizar munición diferente a la empleada en las pruebas pasadas.
De acuerdo con el informe de los dos oficiales, la velocidad de la munición utilizada en la prueba del 6 de enero es de 319 m/s, la que no corresponde al nivel IIIA, según la norma NIJ (Estándar de blindaje utilizado por las fuerzas militares y policiales del mundo).
Radio Pichincha