La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpables del delito de delincuencia organizada, dentro del llamado caso Purga, al exlegislador socialcristiano, Pablo Muentes; a la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, María Fabiola Gallardo; y al exjuez de Guayas, Johann Marfetán, y los sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión y una multa de 40 salarios unificados básicos (SBU) equivalente $18 800, además de 20 años de pérdida de derechos de participación.
En tanto que los exservidores judiciales Reynaldo Cevallos, Guillermo Valadezo, Alberto Lino, Nelson Ponce, Henry Taylor, Juan Riofrío y Ruth Solano, participaron en calidad de colaboradores, y recibieron una pena de 9 años y cuatro meses de prisión, una multa 20 SBU, o sea $ 9400 y 15 años de pérdida de derechos de participación.
La audiencia de juzgamiento se reinstaló la mañana de este lunes, 3 de marzo del 2025. El Tribunal está integrado por los jueces Daniella Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre.
La jueza ponente del caso, Daniella Camacho, leyó los nombres de cada uno de los procesados y explicó cómo participaron en la red criminal que favorecía a terceros con fallos judiciales a cambio de dinero o prebendas.
Según Camacho, Muentes estuvo al mando de la operación, Gallado fue quien la dirigía y Marfetán se encargó de la planificación. Los otros implicados participaron como colaboradores.
Según explicó Camacho, el delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Se concreta cuando un grupo de dos o más persona que acuerdan de forma permanente, financian, dirigen o planifican actividades de una organización delictiva para cometer delitos sancionados con más de cinco años de privación de libertad y que tienen el objetivo de beneficiarse económicamente.
En este artículo también se establece la sanción de siete a diez años para quienes dirigen las operación y de cinco a siete años para los que colaboran.
Además, la jueza aclaró que esta norma se tomará en su forma del 2023 que es la que estaba vigente cuando se cometió el delito.
Durante la audiencia se ratificó la inocencia de los exfuncionarios judiciales Andrea Patiño y Saúl Mero; y al primo de Muentes, Fausto Alarcón.
Y se detallaron todos los pormenores del caso así como las pruebas que serán tomadas en cuentas para la decisión final de la CNJ.
La Fiscalía solicitó que se diera la pena máxima a todos los implicados ya que cuando se cometieron los delitos, eran funcionarios públicos.
Tomado de El Universo