Para el próximo 6 de marzo quedó pendiente la instalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el llamado caso Plaga, luego que uno de los 17 procesados, incidentó el decurso de este proceso.
Para este 28 de febrero de 2025, el conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Édison Cantos, preveía instalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para resolver la situación legal de 17 personas que aún restan por ser procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada.
En este caso Plaga, como lo nombró la Fiscalía General del Estado, fueron investigadas 31 personas, involucradas en una “organización delictiva” que tenía como objetivo facilitar el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad que enfrentaban sentencias por delitos penales, como abuso sexual y robo con muerte o en casos, relacionados con organizaciones criminales.
El conjuez se preparaba a instalar la audiencia la mañana de este viernes, pero uno de los procesados, Gary Fabricio P. C., exsecretario de la Unidad Judicial del cantón Paján (Manabí) alegó que carecía de defensa técnica, ya que su abogado había presentado un certificado médico excusándose de asistir.
Cantos expresó su molestia por este incidente, que no había sido el primero protagonizado por Gary Fabricio, por lo que lo sancionó manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva, contemplada en el numeral 6 del artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esta se refiere a la caducidad de la prisión preventiva, en cuyo caso determina: “Si por cualquier medio, la persona procesada evade, retarda, evita o impide su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad, esto es, por causas no imputables a la administración de justicia, la orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá de pleno derecho el decurso del plazo de la prisión preventiva”.
Con ello difirió para el próximo jueves, 6 de marzo a las 10:00, a la instalación de la audiencia.
Previamente, Cantos aceptó el procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía General y el sospechoso Byron Michael O. G, exjuez de Flavio Alfaro en Manabí, quien aceptó su responsabilidad como “autor directo” en el delito de delincuencia organizada.
Lo sentenció a 36 meses de prisión, el pago de una multa de doce salarios básicos, $ 5.520; y, una reparación material de $ 11.040. Además, deberá ofrecer disculpas públicas en un medio de comunicación escrito nacional y colocar una placa en la Unidad Judicial de Flavio Alfaro, que haga referencia a que no se debe “vender la justicia” al crimen organizado.
Byron Michael O. G., de acuerdo con la investigación de Fiscalía, había colaborado con esta organización delictiva y había otorgado la libertad mediante una medida cautelar inter comunis en un habeas corpus a dos sospechosos sancionados por delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y porte y tenencia de armas, que cumplían medida de prisión en lugares diferentes.
Por su fallo cobró $ 35.000, detalló el fiscal subrogante, Wilson Toainga, durante la audiencia de este viernes.
La defensa técnica solicitó al juez que Byron Michael sea trasladado a un centro de reclusión de Ibarra (Imbabura) porque estaba padeciendo “estrés”. Pero Cantos no dio paso a la solicitud.
Esta investigación arrancó el 3 de abril de 2024, tras una serie de allanamientos que hizo la Fiscalía en Guayas, Chimborazo, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Tungurahua y Azuay en las que se recabó indicios de presuntos actos de corrupción en los que habían estado involucrados jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio, entre otros, para conceder acciones constitucionales de forma irregular a presos.
Fuente: El Universo
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