Entre el lunes y el jueves se podría conocer quiénes serán finalmente los tres jueces que se incorporarán a la Corte Constitucional (CC), con lo que concluirá el proceso de renovación parcial que llevó a cabo una Comisión Calificadora en los últimos meses.
El concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir a tres jueces de la Corte Constitucional termina esta semana con el trámite de los denominados recursos de revisión a los exámenes orales que tomó la Comisión Calificadora a cinco postulantes.
De estos cinco candidatos solo tres serán escogidos y con las notas, que aún son preliminares, los virtuales jueces constitucionales son:
- Claudia Salgado Levy con 96,50/100
- José Terán Suárez con 96,25
- Jorge Benavides Ordóñez con 95,75
Sus nombres fueron propuestos en ternas enviadas por la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social.
En un principio eran nueve los nominados, pero se descalificó a Angélica Porras por una impugnación ciudadana, y se retiraron voluntariamente Sandra Cordero, Gladys Proaño y Gastón Morante.
Los otros dos candidatos, que están en cuarto y quinto lugar, son Pamela Aguirre y Edwin Aceldo, respectivamente.
Aceldo llegó al final del proceso con un llamado de atención del pleno de la actual Corte Constitucional por su actuación como abogado en el libre ejercicio en el trámite de una acción de protección.
En el 2015 se presentó una acción de protección en contra de la Prefectura de Pichincha por una irregular erogación de recursos públicos, por lo que una jueza ordenó un juicio de repetición en contra de varios servidores, pero no avanzó.
La jueza interpuso una acción de incumplimiento a su sentencia en la CC y, esta a su vez, la aceptó al constatar que la Prefectura de Pichincha no inició la acción de repetición.
En su fallo observó que los abogados externos del gobierno provincial y los servidores involucrados discreparon del juicio de repetición y dejaron que la acción prescribiera, por lo que el Estado no recuperó los montos erogados.
La Corte destituyó a los servidores responsables del incumplimiento y llamó la atención a los abogados Diego Romero Rivera y Edwin Aceldo Gualli, por haber sido también responsables de la prescripción de la acción.
Aceldo presentó un recurso de aclaración al fallo de la Corte, en el que pedía que le dijeran en qué momento de la audiencia en la que se tramitó la acción de protección se menciona su “nombre y apellido”.
La Corte respondió al pedido el 25 de enero y le informó que en el expediente del caso hay escritos presentados con su identificación, por lo que no corresponde su solicitud.
Este abogado, que fue nominado por la Función de Transparencia y Control Social, pidió al organismo que deje sin efecto el llamado de atención y la investigación que se ordenó en su contra en el Consejo de la Judicatura.
No obstante, los jueces le explicaron que el recurso de aclaración y ampliación “no tiene como objeto la anulación de medidas de reparación, ni mucho menos la revisión de lo correcto o incorrecto”.
Él insistió en que como abogado de la Prefectura no podía impulsar un juicio de repetición y los jueces le señalaron que la sentencia no lo cuestiona por no haber iniciado dicho proceso, sino de haber empleado argumentos y recursos inoficiosos que entorpecieron el desarrollo de la ejecución y permitieron la prescripción de la acción de repetición, privándole al Estado de recuperar los recursos.
Esta sentencia de acción de incumplimiento y su auto de aclaración se enviaron a la Comisión Calificadora para que, de considerarlo pertinente, tome una resolución respecto de su candidatura.
Entre el lunes y martes pasados, los cinco concursantes rindieron el examen oral sobre casos prácticos y se publicaron sus calificaciones preliminares, ya que aún falta por conocer si se presentaron pedidos de revisión para lo que la Comisión Calificadora tiene hasta tres días para responderlos.
El presidente de este cuerpo colegiado -que agrupó a seis delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia-, Juan Izquierdo, informó que lo previsto es que el próximo 28 de febrero se formalice la designación de los tres magistrados y su resolución se envíe a la Asamblea Nacional para su posesión.
En tanto, en la Corte Constitucional, el pleno de jueces hará un sorteo público con la presencia de un notario, en el que se escogerá (al azar) a tres magistrados que dejarán la institución de última instancia en justicia del Ecuador.
Tomado de El Universo