La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y el Ministerio de Energía y Minas ya están viendo “un mecanismo adecuado que permita cumplir la sentencia y recuperar” el dinero que recibieron los trabajadores de la empresa pública a quienes no les correspondía beneficiarse de un contrato colectivo, porque, según la titular de la cartera de Estado, Inés Manzano, tampoco buscan dejar sin sueldo a esos servidores.

El pasado 14 de febrero, la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección que la CNEL interpuso para impugnar sentencias de primera y segunda instancia que reconocían derechos colectivos a servidores públicos.

Los fallos de instancias previas dieron paso a que 1.795 empleados regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) pasen el Código del Trabajo y, de esta manera, se les permitió ser parte del contrato colectivo. Dichas sentencias obligaron a que la CNEL tenga que pagar más de $ 78 millones a los trabajadores, quienes ahora tendrán que devolver el dinero que han recibido hasta el momento y para ello tendrán un plazo de 36 meses.

Este jueves, 20 de febrero, en Democracia TV, la ministra Manzano comentó que ayer se reunió con el gerente de CNEL e incluso tenían previsto un directorio; sin embargo, fue cancelado porque quieren mejorar las medidas de cómo se va a aplicar la sentencia, que tiene dos fases, una que ya se ejecuta a partir de este fin de mes, que es dejar de pagar todos estos beneficios que se pagaba a los trabajadores.

Según la funcionaria, están viendo que va a ser muy difícil que se pueda cobrar en 36 meses, “porque en algunos de los casos realmente no recibirían sueldo durante 36 meses”. “Tampoco queremos provocar eso; entonces, por eso es que estamos viendo un mecanismo adecuado que permita cumplir la sentencia y recuperar ese dinero”, explicó.

Señaló que sabe que esto “es un remezón, pero los trabajadores deben saber que, cuando están bajo la Ley de Servicio Público, no pueden cambiarse al Código del Trabajo, y esto es lo que ha dicho la Corte Constitucional”.

De acuerdo con la ministra, esta sentencia se trata del segundo caso en el que el fallo es a favor de una empresa pública; dijo que el primero fue con Petroecuador. “Tuvimos una sentencia en diciembre del 2024 de la misma Corte Constitucional donde manda a devolver $ 15 millones; pero, adicionalmente a eso, había que separar a algunas personas, que se había pedido por otros jueces el reintegro”, dijo.

La ministra comentó que la sentencia de Petroecuador “es importantísima, va de la mano con esta, es decir que se complementa”. Esto porque la CC indica que ya “ningún trabajador puede ir a un juez que le dé la gana, porque lo ve más fácil y corrupto”. “No lo digo yo, sino que lo dicen las dos sentencias”.

Y que ahora se establece que se va al juez en donde están ubicados y trabajando la mayoría de empleados, es decir, los de Guayaquil en Guayaquil. Dijo que antes los de Tulcán se iban a Esmeraldas, los de Zamora Chinchipe a Esmeraldas.

Manzano indicó que, en el caso de CNEL, se trataba de un “contrato colectivo que fue del 2018 al 2020 y que se seguía pagando”, porque nunca hubo un nuevo contrato después de que venció en el 2020.

 Lo digo de esta manera porque es indignante, cuando hay mucha gente que no tiene trabajo y que está buscando por lo menos el salario mínimo en un trabajo y hacen de todo por salir adelante”, afirmó.

Además, dijo que en Petroecuador ya “no va a haber jornadas extraordinarias ni horas extras, sino que esas jornadas se las vamos a dar a nuevas personas, porque eso es lo que tenemos que hacer: provocar trabajo bueno y de calidad”.

“Lo que nosotros estamos haciendo por los recursos públicos es inédito. Inédito esto que hemos logrado en la Corte Constitucional en diciembre. Y ahora en febrero es inédito y es lo que se tenía que hacer…”, afirmó la funcionaria. (I)