Hasta mayo próximo, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dé a conocer los resultados oficiales de las elecciones para la Asamblea Nacional, deberán esperar las autoridades de justicia para continuar con el procesamiento penal dentro de los casos Metástasis y Triple A , causas en las que al menos seis personas se candidatizaron para buscar una curul en el Legislativo que estará en funciones hasta el 2029.
El Código de la Democracia, en su artículo 108, señala claramente que los candidatos a una dignidad de votación popular no pueden ser procesados penalmente, ni encarcelados desde el momento de la calificación de sus postulaciones hasta la proclamación de los resultados que deben ser hechos por el órgano regulador, es decir, el CNE.
A mediados de diciembre pasado, dentro del denominado caso Triple A la Fiscalía no pudo formular cargos contra Juan Daniel G., César B. I., Vanessa Angélica F. G., Fernando P. B. y José Ignacio F. se les inició un proceso penal a Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. ante una posible participación en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
Para todos ellos, el juez anticorrupción que conoció la causa dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos días a la semana (lunes y viernes) para las cinco personas naturales investigadas.
Además, la Fiscalía sumó a la instrucción fiscal, la cual durará 90 días, a las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. y Indudiesel S. A.. Como medidas cautelares para estas se definió la prohibición de enajenar bienes y acciones.
En la audiencia de formulación de cargos, desde la Fiscalía se explicó que durante la investigación previa se hallaron suficientes elementos de convicción para formular cargos contra las cinco personas naturales y las cinco jurídicas sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoTripleA: Juez dispone prohibición de salida del país y presentaciones periódicas –lunes y viernes– para las personas naturales procesadas Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. pic.twitter.com/7h8PCiCX9z
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 17, 2024
De la denuncia presentada el 12 de julio de 2024, por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se habría extraído que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas. Con base en ese antecedente, se estableció la existencia de la relación de las empresas procesadas con otras distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron grandes cantidades de combustible, sobre todo diésel. En dichas transacciones, se hallaron presuntas irregularidades.
Procesamientos pendiente “por el momento” en el caso Triple A
En esa diligencia de diciembre pasado, el fiscal a cargo del caso Triple A reconoció que existía información para incluir a más personas en el procesamiento, pero, “por el momento”, dijo, ese hecho no podía darse porque estos sospechosos se encontraban como candidatos a una dignidad de elección popular en los comicios generales de febrero de 2025.
La Junta Electoral del Guayas confirmó que Juan Daniel G. estaba inscrito por el movimiento Renovación Total (RETO), lista 33, a la dignidad de asambleísta para la circunscripción 3, como cuarto candidato suplente; José Ignacio F. mantenía una candidatura por el movimiento Centro Democrático (CD), lista 1, para ser asambleísta por la circunscripción 1, como sexto suplente; César B. I. fue inscrito por CD como candidato por la circunscripción 3, como quinto suplente; Fernando P. B. también por CD fue inscrito como candidato a asambleísta por la circunscripción 4, como quinto suplente; y Angélica Vanessa F. G. fue calificada como décima quinta candidata a asambleísta nacional suplente, auspiciada por el movimiento CD.
El jurista Franklin Arévalo asegura que para estas personas, una vez que el CNE proclame los resultados electorales y se confirme que no han ganado ninguna curul para el periodo 2025-2029, automáticamente pierden su inmunidad y debe continuar contra ellos el procesamiento penal. El penalista cree que de darse este hecho quedaría en evidencia que estas personas, lejos de tener alguna aspiración política, su objetivo era evadir el procesamiento penal por los hechos que son investigados.
En el caso Triple A el 16 de marzo próximo se completarán los 90 días iniciales de instrucción fiscal. De darse alguna o algunas vinculaciones, el proceso se alargará por 30 días más, es decir, se cerraría la primera quincena de abril.
De acuerdo con el calendario electoral, la proclamación de resultados numéricos de los comicios está prevista para el 9 de abril próximo; en tanto, la adjudicación de escaños se completará el 9 de mayo. Sin embargo, el cumplimiento de estas fechas dependerá de los recursos administrativos y legales que interpongan los candidatos o las organizaciones políticas.
El penalista Miguel Revelo sostiene que, más allá de que pueda cerrarse el periodo de instrucción fiscal en el caso Triple A, es obligación de la Fiscalía, con base en los indicios que posea, procesar a todo aquel que ha cometido un delito. Por lo tanto, dice, si se tienen los elementos de convicción suficientes para imputar un delito, sea el mismo de Triple A u otro, contra estas personas que pierden la inmunidad al no haber ganado un puesto en el Legislativo, la obligación es procesarlos para saber si tiene algún nivel de responsabilidad, incluso si son inocentes.
Llamado a juicio en suspenso en caso Metástasis
A finales de octubre pasado se conoció que el abogado en libre ejercicio Armando F. I., uno de los 30 llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, se había inscrito como candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4. El procesado, con base en lo dispuesto en el Código de la Democracia, pidió que se le suspenda la etapa de juicio hasta que se proclamen los resultados de las elecciones generales del 2025.
El Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conformado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loayza, aceptó el pedido. Finalmente fueron juzgadas 21 personas,de las cuales, 20 fueron encontradas culpables luego de casi un mes de audiencia, entre ellas, el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán o el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), general (sp) Pablo Ramírez.
Armando F. I. quedó siendo parte de una lista de nueve personas a las que se les suspendió la etapa de juzgamiento. A ocho de ellas, entre las que estuvo el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga o el abogado que representó al narcotraficante Leandro Norero, Christian R., se les suspendió el juicio por estar prófugas, mientras al abogado se le suspendía por su participación en las elecciones.
#ATENCIÓN | #CasoMetástasis: 30 procesados son llamados a juicio. #FiscalíaEc los procesa por su presunta participación en el delito de #DelincuenciaOrganizada.
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 8, 2024
El presidente del PID, Arturo Moreno, en su momento aseguró que desconocía de la candidatura del procesado en Metástasis, pero aclaró que investigará cómo se “coló” en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional, quien era identificado como testaferro del narcotraficante asesinado en octubre de 2022 Leandro Norero.
“Es una rendija por donde se coló una persona no grata que no es de nuestra organización política y… seguramente se debió haber metido. Porque entre las preguntas que se hacen (a los precandidatos) antes de darles la inscripción… Les preguntamos si tienen problemas con la ley, esas falencias existen. Me es incómodo, molesto, pero trataremos de corregir”, manifestó Moreno.
Según la teoría de la Fiscalía, Armando F. I., en su calidad de abogado en libre ejercicio habría servido no solo como testaferro de los bienes del narcotraficante con el alias del Patrón, sino también lo asesoró legalmente en el campo tributario y empresarial con el objetivo de cristalizar fraudes procesales en la justificación de los bienes incautados por el delito de lavado de activos.
Para Arévalo este caso es mucho más sencillo y directo. El momento en que se entreguen los resultados oficiales será potestad de la Fiscalía el requerir esa información al CNE y solicitar inmediatamente una fecha para que se instale la audiencia de juzgamiento. Como ya existe una condena en el caso Metástasis, serán los mismos jueces de la CNJ quienes se encarguen de juzgar a Armando F.I.
Lo ocurrido en el caso de Armando F. I. en el caso Metástasis es un “problema” que el penalista Miguel Revelo no lo ubica en las leyes o el sistema jurídico, sino que cree que está en las personas que quieren evadir sus responsabilidades y en abogados que dan consejos y promesas que en la mayoría de casos no se cumplen.
“El Código de la Función Judicial obliga a los defensores técnicos, a los abogados, a colaborar con la justicia y el derecho. Lastimosamente hay profesionales del derecho que no colaboran y buscan estas triquiñuelas, que lo único que hacen es dar una pausa, pero no terminan con el tema legal existente. (…) Entonces tenemos el problema de que hay abogados que mal utilizan la defensa técnica, confunden a sus clientes y les ofrecen cosas que a la larga no pueden ser”, sostuvo Revelo.
Fuente: El Universo
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