El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) reportó que la violencia política, así como el contexto de inseguridad del país, afectaron el normal desarrollo de las elecciones generales de 2025.
Según el documento, se define a la violencia electoral como “cualquier forma de intimidación o violencia física dirigida contra las partes interesadas en el proceso electoral, la interrupción de este o el daño a los materiales electorales que afectan la libre y transparente realización del proceso electoral y/o influyen en sus resultados […] se enmarca en la violencia política, que abarca distintas formas de agresión que afectan el derecho fundamental a la participación política.”
El informe señala casos puntuales en los que la violencia afectó el proceso electoral. La asambleísta Yadira Bayas, del movimiento Amigo, fue víctima de secuestro el 13 de enero de 2025. Andrea González, candidata presidencial del Partido Sociedad Patriótica, recibió una amenaza telefónica el 29 de enero de 2025. Ese mismo día, el candidato a asambeísta nacional por CREO Eitel Zambrano fue intimidado en Manabí junto con su equipo.
La MOE-OEA también recibió información de que Luisa González, candidata presidencial por Revolución Ciudadana en alianza con RETO, recibió amenzas. Un día antes de las votaciones, Gabriel Ugarte, candidato a asambleísta provincial por Democracia Sí, fue víctima de una ataque armado. Ese mismo día, un candidato a asambleísta provincia de Azuay recibió amenazas de muerte.
A pesar de la inseguridad, los actos proselitistas se realizaron con medidas de seguridad.
Al respecto, Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, comentó que durante la campaña de estas elecciones tuvieron que realizar muchos cambios por el riesgo de violencia. Aunque nadie se negó a participar como candidato, sí hubo personas que sintieron temor de ir a ciertas zonas del país por la inseguridad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio seguridad para el binomio presidencial. “En el caso de nuestra organización política, solo yo tenía seguridad, aparte del binomio, por mis acciones como asambleísta”, relató.
Peñafiel indicó que la violencia afectó sustancialmente porque no se pudo llevar el mensaje a todo el país, ya que tuvieron que seleccionar los lugares seguros. Entonces, hubo gente que no conoció a los candidatos o sus propuestas porque no pudieron acercarse a su sector, especialmente en la Costa. Desde la perspectiva de Peñafiel, esto impide el derecho a la participación.
El asambleísta de Construye señaló que también hubo violencia digital que se expresó como linchamiento mediático, en el que las granjas de troles impulsaron y opacaron candidaturas con ataques directos.
Además, Carla Larrea, candidata a la Vicepresidencia por este partido, habría sido víctima de violencia política de género por parte de otros actores políticos. “Le decían ‘modelito’ o que ‘solo sirve para cocinar y no para la política’, desconociendo su perfil, que es un referente de empredimiento y desarrollo”, dijo Peñafiel.
Por su parte, Eustorgio Tandazo, director nacional de Centro Democrático, indicó que los candidatos tuvieron que modificar sus recorridos, evitar algunos territorios y suspender actividades por amenazas o ante la recomendación de las autoridades de seguridad. Algunas personas, en las provincias con altos índices de violencia, declinaron ser candidatos por amenazas o temor a represalias, y otros renunciaron a participar, como José Serrano, que fue precandidato presidencial de este partido.
Las candidatas de Centro Democrático también sufrieron violencia política de género, especialmente en redes sociales: fueron cuestionadas por su apariencia, profesión, condición de mujeres y nivel de experiencia en lo público, mencionó Tandazo.
La violencia no afecta en la misma medida a todas las organizaciones. Stalin Vargas, secretario ejecutivo de Unidad Popular, comenta que, en general, en el caso de su agrupación política no tuvieron problemas para realizar campaña ni dificultades para hallar personas dispuestas a ser candidas por la inseguridad del país. A pesar de ello, la campaña no estuvo excenta de incidentes, ya que Pacha Terán, candidata a la Vicepresidencia por este movimiento, fue intimidada en Quevedo y en Zamora cuando realizaba actos proselitistas.
Vargas coincide en que las redes sociales fueron el escenario en el que varias de las candidatas de este movimiento fueron víctimas de violencia política de género, que las descalificaba por su condición de mujeres y de candidatas. Adicionalmente, el secretario comentó que no fue necesario que contrataran seguridad privada y que el CNE proveyó de resguardo policial a su binomio presidencial.
Desde la perspectiva de Tandazo, todos estos incidentes afectaron la “libre participación de sus militantes y complicaron la organización de actividades proselitistas en zonas de alto riesgo”. La Policía Nacional sí brindó protección a los candidatos del binomio presidencial, pero no fue suficiente, arguyó.
La MOE-OEA señala que, según datos del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2023 hubo un aumento drástico en los homicidios intencionales en el país. La cifra creció de 7,8 a 46,2 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes. Para 2024, esta estadística disminuyó a 38,9 y enero de 2025 fue el mes con más homicidios intencionales (731) desde que se llevan registros en el país.
Además, en el informe se toman datos de la Fiscalía General del Estado que indican que entre 2023 y 2024 las extorsiones aumentaron en un 5,8 %. También se resalta que el Gobierno ha tomado medidas de seguridad, como las declaratorias de estado de excepción, a las cuales las candidaturas tuvieron que adaptarse.
A pesar de todo esto, según la MOE-OEA, no existen estadísticas completas que permitan dimensionar el impacto de la violencia político-electoral en Ecuador.
Fuente: El Universo
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