Comisión aprobó el informe de fiscalización a la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas específicas

Con 6 votos favorables, la comisión de Educación aprobó el informe de fiscalización a la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con autismo, discapacidad y necesidades educativas específicas.

El informe detalla que, “las niñas, niños y adolescentes de este grupo poblacional siguen enfrentando barreras significativas en el sistema educativo, por lo que es prioritario desarrollar infraestructura, recursos educativos, tecnologías de apoyo y herramientas que permitan atender a esta diversidad de estudiantes”.

Además, hace énfasis en que la entidad rectora de la educación en el Ecuador debe priorizar la capacitación y formación continua y especializada a los docentes en estrategias inclusivas que promuevan el aprendizaje y participación de esta población, entre otras recomendaciones.

Una vez aprobado, el informe será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional para que se socialice a las y los legisladores y posteriormente ser debatido en sesión plenaria.

En otro orden, la comisión recibió a Carlos Jaramillo, representante del colectivo de ciudadanos afectados a causa de las altas tasas de interés en créditos educativos, quien brindó observaciones al proyecto reformatorio al Código Ingenios, que busca regular facilidades de pago.

Jaramillo, señaló que la reforma estudiada debe considerar la creación de un régimen especial para tratar los procesos coactivos de créditos educativos, ya que la cartera vencida asciende a aproximadamente 70 millones de dólares, de los cuales 50 millones corresponden a capital y 20 millones a intereses.

El jurista planteó la condonación del 100 % de deuda por concepto de mora e interés para personas con problemas de salud discapacitante, además de la prohibición de iniciar procesos coactivos a cónyuges, hijos o padres de familia, en su calidad de garantes de la persona con discapacidad. Por último, propuso también la posibilidad de establecer nuevos convenios y tablas de amortización de hasta 240 meses plazo, con cuotas que no excedan el 30 % de un salario básico unificado.

De su lado, Guido Peñafiel, subsecretario de fortalecimiento de Talento Humano de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) indicó que, “si bien normas previamente aprobadas, como la Ley de Alivio Financiero, generan ciertas remisiones sobre créditos educativos a 250 beneficiarios directos, aún existen 10 mil operaciones de cobro vigentes que podrían caer en procesos coactivos”.

Al respecto, sugirió que se incluya a los deudores que se encuentran bajo el régimen del derogado Código Civil, en el régimen del Código Orgánico Administrativo, para que sean beneficiarios de las remisiones existentes y en vigencia a la fecha.

CV

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