Pleno aprobó segundo informe sobre fiscalización del acogimiento institucional a niñas, niños y adolescentes

De manera unánime, con 120 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de Acogimiento Institucional a Nivel Nacional y dispuso a la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes continúe con el proceso de fiscalización. Así mismo, se notificará con el documento a los ministerios de Inclusión Económica y Social, y de Economía; así como a la Secretaría Nacional de Planificación a fin de que, en el marco de sus competencias, fortalezcan las acciones para el respeto y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional.

Margarita Arotingo, ponente del informe de la comisión, subrayó que el organismo recibió la comparecencia de las autoridades del sector, visitó el centro de acogimiento del Buen Vivir, de la ciudad Macas, en la provincia de Morona Santiago, donde se constató la existencia de hechos lamentables, como intentos de suicidio.

Se verificó que existen 86 unidades de acogimiento a nivel nacional, las condiciones de infraestructura de las mismas, así como los avances y las dificultades que presentan. Por ejemplo, conocieron del convenio con el Ministerio del Deporte para atender las necesidades de recreación de los niñas, niños y adolescentes institucionalizados, como también la existencia de talleres para desarrollar sus habilidades artísticas.

En el debate, donde intervinieron cinco asambleístas, se refirieron a las condiciones alarmantes en que se encuentran algunos de los centros de acogida institucional, no solo en términos de infraestructura, sino en la falta de profesionales para atender adecuadamente a las niñas, niños y adolescentes, como también la prolongación innecesaria de la institucionalización de menores, que redunda, en algunos casos, en la pérdida de la oportunidad de ser adoptados.

Igualmente, explicaron que se constató la problemática relacionada con la demora en la adopción de menores que son hermanos o que tienen algún tipo de enfermedad, por parte de parejas o personas extranjeras, pues muchas veces estos menores no son requeridos por ciudadanos connacionales. Reiteraron la necesidad de que el Estado establezca políticas públicas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

EG

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