A días de que sea la primera vuelta electoral, reaparece la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la escena política.
Salazar retornó -momentáneamente- el 23 de enero de 2025 con la excusa de dar a conocer su Informe de Labores 2024, en la Asamblea Nacional, pero por debajo evaluó el accionar de sus fiscales.
Dio directrices, en especial, a su subrogante Wilson Toainga, quien estuvo en el caso Metástasis y ahora le tocó asumir Purga y Plaga, igual por delincuencia organizada.
La fiscal, personaje clave
La fiscal volvió a la palestra pública tras dar a luz a su hija Julia Victoria y, con su presencia, se movieron las fichas.
El mismo día que estuvo en la Asamblea, en Colombia se detuvo a Nain Massuh, conocido como ‘El Turco’, en el caso León de Troya, en el que se investigó a miembros de la Policía Nacional y sus relaciones con el narcotráfico.
Un día después (24 de enero de 2025), la Fiscalía allanó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs), en el marco del caso Ligados que investiga una presunta usurpación y simulación de funciones públicas, así como el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
El caso se activó ante una denuncia en la que se cuestiona a un grupo de consejeros (ahora exautoridades), que conformaron una mayoría en el Cpccs, de incumplir una sentencia constitucional emitida en diciembre de 2024, al designar a Raúl González como superintendente de Bancos.
Y, el 30 de enero de 2025, la Fiscalía allanó el Municipio de Riobamba (provincia de Chimborazo) y otros inmuebles.
Las diligencias se efectuaron como parte de una investigación por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho y otros delitos.
Siete personas (cuatro concejales, funcionarios públicos y abogados) fueron detenidos con fines investigativos.
De León de Troya a Encuentro
León de Troya fue anexado por la misma Fiscalía al caso Encuentro porque se consideró que algunos de los involucrados estaban en el segundo proceso, aunque se unieron distintos delitos.
León de Troya era por oferta de realizar tráfico de influencias y Encuentro por delincuencia organizada en el que participaron funcionarios públicos y particulares, quienes pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política, para interferir en instituciones públicas como: la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
En ese caso fue sentenciado a 10 años de prisión Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, uno de los líderes de la organización.
La sentencia llegó el 20 de noviembre de 2024, cuando la opinión pública pedía que se continúe con el debido proceso.
Cinco días después (25 de noviembre de 2024) salió la sentencia en el caso Metástasis, para esa fecha, la fiscal Diana Salazar monitoreaba la labor de la Fiscalía desde Argentina, en donde dio a luz.
Por otra parte, está en pausa la sentencia a otros procesados, entre ellos Massuh, quien tiene una orden de prisión preventiva.
Massuh fue mencionado en los chats que la Fiscalía divulgó en el caso Metástasis. ‘El Turco’ mantenía contacto con el narcotraficante Leandro Norero y Xavier Jordán.
También fue nombrado en una investigación del caso León de Troya, hoy Encuentro. A él, se lo acusa de ser quien habría manejado varias unidades de negocios del sector eléctrico para obtener recursos indebidos.
Además, la Fiscalía tiene en su poder grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de Massuh, en Samborondón, en las que habría conversaciones sobre entrega de dinero.
Caso Ligados
Otro de los casos, en los que la Fiscalía está atenta es Ligados. Tras el allanamiento al Cpccs, el exconsejero Augusto Verduga está en la mira de la Fiscalía.
El día del operativo hubo un forcejeo con la fiscal de Fuero de Corte Nacional, Mayra Soria, quien le quitó el celular que tenía en las manos y hasta dispuso el decomiso de otros dispositivos electrónicos.
Así fue como la funcionaria de confianza de la fiscal general tomó a cargo ese caso, y allanó bajo la orden judicial de la jueza Daniella Camacho.
El operativo
Según Verduga, la orden de allanamiento llegó después del operativo y sería ilegal. Al parecer, la hora en que aparece firmada electrónicamente la orden, tenía un encabezado escrito en máquina de escribir.
Por eso le resultó raro que la jueza Camacho firme justo cuando se supone estaba en audiencia.
Es por ello que no descartó seguir acciones legales contra la fiscal Soria y la jueza Camacho.
Cuatro días después del allanamiento (28 de enero de 2025), el Consejo de Participación anunció que el entonces consejero Verduga se acogió a un período de vacaciones que termina el 12 de febrero de 2025. Sin embargo, este no sería el único inconveniente que tendría el consejero.
¿Otro cargo?
La Fiscalía lo quiere vincular con el asesinato de su asesor Jimmy Ruiz. El hecho ocurrió el 5 de noviembre de 2024 en el sector de La Aurora, en Daule, cuando manejaba un vehículo rojo.
Para Verduga es claro que con lo que resolvió la nueva mayoría del Cpccs, los opositores no se iban a quedar quietos.
Comentó que le resulta incómodo al poder de turno y es clara la asociación entre la Presidencia de la República, la Fiscalía General, la Policía Nacional, y posiblemente, entre funcionarios del mismo Consejo de Participación.
Concurso de autoridades con retraso
El 22 de agosto de 2024, Verduga anticipó que existía al interior del Cpccs, la intención de retrasar el concurso de selección y designación del nuevo fiscal, una vez que Diana Salazar concluya funciones en abril de 2025.
Al momento, el panorama es incierto, ya que el concurso no ha avanzado como se esperaba para contar a esa fecha con una nueva autoridad, pues está en el segundo punto referente a la integración de la Comisión Ciudadana de Selección.
Eso generaría que Salazar se prorrogue en funciones en un año electoral.
Para el abogado Washington Andrade, las actuaciones de la Fiscalía representan un abuso de poder en el caso Ligados, a través de la fiscal Soria y hasta es una violación al debido proceso y a los derechos humanos del exconsejero Verduga.
¿La incidencia de la fiscal?
Desde octubre de 2024, la fiscal dejó que Toainga asuma toda la responsabilidad en el trámite de los casos denominados de “connotación” o “emblemáticos», entre ellos de Metástasis para ausentarse del país por permiso de maternidad.
Su ausencia se notó más cuando el 7 de noviembre de 2024, el medio digital La Posta reveló a la opinión pública los chats del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, entre ellos los relacionados con la funcionaria y su incidencia en los ámbitos político y electoral.
Cabe recordar que Salazar desde que anunció su embarazo (16 de mayo de 2024) empezó a tomar distancia de la opinión pública, hasta logró frenar su juicio político en la Asamblea.
Su última aparición desde su despacho en la Fiscalía fue el 15 de octubre de 2024, cuando recibió la visita de Jekaterina Dorodnova, embajadora de la Unión Europea en Ecuador.
El 26 de octubre de 2024, Salazar estuvo presente en la audiencia de vinculación de cuatro personas, entre ellas del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por el presunto delito de tráfico de influencias, en el marco del caso Pantalla.
De ahí reapareció vía telemática en la audiencia de revisión de medidas cautelares del caso Purga el 26 de noviembre de 2024.
Se supo nuevamente de la fiscal, cuando anunció en diciembre de 2024 -a través de sus redes sociales- que ya dio a luz.
En campaña electoral, ¿la Fiscalía ataca a la oposición?
Desde entonces, el 23 de enero de 2025, reapareció. Ese día, la Fiscalía anunció la investigación del caso ‘Ligados’.
Para el abogado Christopher Gallegos lo que sucede en el país es delicado porque no se sabe si se ha politizado la justicia o se ha judicializado la política.
Expuso que parece que la Fiscalía se convirtió en una herramienta de persecución no del delito, sino de determinados grupos, justo en época electoral.
“Es un ente de poder que no cumple con su rol porque se inclina al poder. A veces se comporta como un partido político y otras como un medio de comunicación”, manifestó.
Señaló que, en las últimas dos elecciones, la Fiscalía ha jugado un rol crucial para inclinar el tablero electoral, sobre todo, con lo expuesto en el caso Villavicencio.
“Si no eres mi aliado o mi amigo te lanzo a la Fiscalía y ese no es el rol de la Fiscalía porque debe perseguir delitos, no personas u organizaciones”, precisó.
Radio Pichincha
