El racismo lo marcó a los 12 años y, tres décadas después, aún lo afecta. Segundo Leonidas Iza Salazar recuerda que se alejó de su tierra, la comunidad San Ignacio de la parroquia Toacaso de Latacunga (Cotopaxi), para trabajar como ayudante de jardinería en Salcedo (Cotopaxi) y Ambato (Tungurahua), sin imaginarse que recibiría rechazo y un trato discriminatorio por su origen indígena. “No entiendo hasta ahora a la gente cómo pueden ser odiosos con la diferencia del otro”, cuestiona Iza, quien laboraba en esa época (1995) para cubrir sus estudios secundarios a distancia.
Hijo del dirigente indígena José Iza Viracocha –que impulsó la reforma agraria con la que las tierras empezaron a pasar a manos de los indígenas–, Iza se involucró en actividades religiosas y grupos sociales desde la adolescencia. Durante trece años, desde los 13, fue catequista y secretario de Jóvenes del Movimiento Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En 2004 asistió a la cita mundial de jóvenes y estuvo “al frente del papa Benedicto XVI”, fue parte de la ofrenda, dice Iza, quien a los 14 y 17 participó en las protestas que provocaron el derrocamiento de los expresidentes Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000).
Pero la figura de Iza alcanzó protagonismo 19 años después. En octubre de 2019, mientras presidía el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC), participó en el paro que enfrentó el régimen de Lenín Moreno y en medio del cual hubo siete fallecidos, 1.507 heridos y 1.330 detenidos. Él y otros dirigentes fueron investigados por terrorismo, instigación, secuestro y daño a bienes, pero ninguno prosperó. Y en febrero de 2022, cuando ya era presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía.
Pese a este ‘perdón’, cuatro meses más tarde (junio de 2022) Iza volvió a encabezar marchas contra las medidas económicas del gobierno de Guillermo Lasso, que se tornaron violentas. Otras siete personas murieron y más de 500 resultaron heridas durante las dos semanas de protestas.
Con esa postura radical, Iza busca llegar a Carondelet en binomio con Katiuska Molina y con el auspicio de Pachakutik (PK), brazo político de la Conaie. “Asumí con responsabilidad esta decisión para enfrentar este proceso electoral y sé que lo vamos a hacer bien”, dice este ingeniero en Medioambiente que hasta 2015 –antes de presidir el MICC– “ayudaba a todos los sectores económicos que necesitan autorizaciones ambientales… hacía diseños, estudios”.
También, asegura que sigue trabajando en la recuperación de las cuencas hídricas de su localidad, cuyo estudio lo elaboró en su tesis de pregrado. “Mi tesis realmente sirvió para un propósito real”, señala este dirigente que desde 2021 se dedica al “100 % al movimiento indígena” con visitas a los territorios, reuniones diplomáticas locales e internacionales, y con su “lucha por garantizar los derechos en la Asamblea, en el Gobierno nacional y en las diferentes dependencias”.
Los fines de semana, en cambio, se dedica a su negocio Sarawillka Producciones: “Ponemos sonido, iluminación, pantallas… alquilamos estos equipos para eventos culturales, fiestas de bautizo o de matrimonio”. Este emprendimiento lo inició en 2008, cuando también incursionó en el cultivo de plantas.
Cada año, hasta el 2014, producía unas 500.000 unidades en el terreno de sus padres, que luego heredó junto con sus hermanos. Con este negocio fue contratista público dos veces al vender sus plantas a la Prefectura de Cotopaxi y otra entidad de Tungurahua, en 2012.
“Gané dentro de los proveedores que estaban concursando”, indica Iza, quien también tuvo un breve paso por la función pública. Por ocho meses, entre 2007 y 2008, fue asambleísta alterno de Gilberto Guamangate (PK). “No tuve más que tres participaciones”, confiesa este dirigente que en 2009 también fue asesor legislativo por “un mes, dos meses”.
En su contra figuran ocho causas judiciales. Por tráfico de tierras (2019), en el que alegó su “autoridad” indígena para desalojar a supuestos dueños de un terreno y nombrar a otros, lo declararon inocente.
Por la paralización de un servicio público durante las protestas en 2022, en las que fue detenido y liberado el mismo día, se declaró la nulidad del proceso; y, también, se archivaron dos causas: por odio, que le siguió una exdirigente de la Conaie; y por daños provocados al patrimonio de la ciudad durante las marchas de 2020.
A esto se suma la denuncia por intimidación que le sigue la asambleísta Gissella Molina, quien ganó una curul con PK y luego se apartó del movimiento. Ella responsabilizó a Iza y a otras personas de presunto intento de asesinato tras sufrir un accidente de tránsito días después de las manifestaciones de junio de 2022. “He presentado videos, audios, llamadas telefónicas, reuniones secretas para armar el ataque”, dice y cuestiona que el caso no avanza: “La Fiscalía lo único que ha hecho es decir que están investigando y que no han acudido a rendir la versión”.
Iza, en cambio, niega estas acusaciones: “He pedido a mis abogados que la señora Gissella, así como me hizo daño, tiene que responder a la ley. Solo está intentando hacer daño, pero Dios es grande”.
Molina también critica el supuesto ‘machismo’ de Iza. “Las mujeres del movimiento están obligadas a callar, a obedecer, a cumplir las normas y reglas que él las impone”, asegura.
“Soy uno de los que luchan por los derechos de las mujeres, jamás habría de mi parte (machismo). Lo que sí van a encontrar de mi parte, sea hombre, mujer, el que sea, es que cuando hay una decisión del movimiento yo la hago respetar”, responde Iza, quien en los últimos años ha pagado $ 0 de impuesto a la renta, con excepción del 2018 y 2021 que entre ambos sumó $ 146.
“No sobresalgo del límite que corresponde para gravar este impuesto”, indica Iza, cuyo patrimonio está integrado por una casa, media hectárea de terreno, un auto de 1982 y equipos de sonido de su negocio (cerca de $ 50.000).
Desde 2021, tras presidir la Conaie, se radicó en Quito, en una casa antigua en la parroquia rural Pifo que sus suegros le regalaron a su esposa. Desde ahí sale a sus recorridos de campaña con su tradicional poncho rojo y sombrero negro en busca de los votos que lo lleven a la Presidencia. “Sueño con una sociedad que tolere a mestizos, blancos, montuvios, cholos, indígenas, afros”, dice y plantea declarar el país libre de minería a gran escala e intercambiar deuda externa por naturaleza: “Nosotros mantenemos la vida, los Andes, los páramos, la selva… a cambio ‘ustedes tienen que extinguir la deuda’. Es un aporte al mantenimiento de la sociedad, de la humanidad…”.
