En una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fueron destituidos de sus cargos al ratificarse que incurrieron en una infracción electoral muy grave.
La noche de este 31 de enero de 2025 se reunió el pleno de jueces electorales para tramitar un recurso de apelación planteado por Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías (suplente), vocales del CPCCS, en contra de una sentencia de primera instancia que los sancionó por incumplir el Código de la Democracia.
Con cuatro votos a favor y uno en contra (salvado) se negaron los recursos de apelación y se ratificó la sanción de destitución de sus cargos, una multa de 70 salarios ($ 31.500) y la suspensión de derechos políticos por cuatro años.

Con su salida, el Consejo experimentará un cambio en su correlación de fuerzas con la principalización de nuevas autoridades que se unirán a Andrés Fantoni Baldeón, Johanna Verdezoto del Salto y Jazmín Enríquez, considerados cercanos al gobierno de Daniel Noboa Azín, y a Nicole Bonifaz López, quien está en la minoría.
Con la salida de Augusto Verduga sube Gonzalo Albán Molestina, de 35 años, ingeniero en Gestión Empresarial Internacional y magíster en Políticas y Gestión Pública.

Albán se principalizó el miércoles anterior, ya que Verduga solicitó vacaciones hasta febrero próximo. El nuevo consejero fue servidor de la Corporación Financiera Nacional, director provincial de Desarrollo Productivo y también coordinador de Cooperación Internacional entre 2019 y 2020, en la Prefectura del Guayas.
Entre 2018 y 2020 presidió el Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil; ha sido parte del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Ecotec en Guayaquil y docente en varios centros de educación superior.
En lugar de Eduardo Franco hay dos candidatos electos que se disputan la vocalía principal: David Rosero Minda y Óscar Ayerve Rosas.

David Rosero, de 42 años, ha sido por dos ocasiones vocal del Consejo de Participación Ciudadana, entre el 2011 y 2015 y 2019 y 2023. En este último periodo fue parte de una mayoría que integraban Sofía Almeida, sobrina del político Luis Almeida que militó en el socialcristianismo; y, con Javier Dávalos, de las filas del movimiento correísta.
El 23 de enero de 2023 fue destituido del cargo por la Corte Constitucional (CC), junto con los demás seis exvocales, por incumplir con una sentencia en la que se ordenaba designar al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y no lo hicieron.
La destitución implica, de acuerdo con la Ley de Servicio Público, que un funcionario estará fuera por dos años del servicio al Estado.
Justamente, este 23 de enero último se cumplió el plazo de dos años, pero hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no le levanta el impedimento para ejercer cargo público.
Adicionalmente, el artículo 15 de la Ley establece que el servidor destituido “no podrá reingresar al sector público en un periodo de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido”.
Rosero se lanzó a la reelección en las elecciones de febrero de 2023 y tuvo el voto popular, por lo que exige al CPCCS y al Ministerio del Trabajo que le retiren el impedimento.
En ese contexto está el candidato Óscar Ayerve Rosas, quien es ingeniero industrial y empresario, propietario de imprentas.

Fue afiliado al partido Izquierda Democrática (ID) por el que fue electo concejal de Quito y ha sido parte de colectivos como la Junta Nacional de Acreedores, luego del cierre de Filanbanco; también fue secretario de la Presidencia en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el 2003.
De las mujeres, con la salida de Yadira Saltos, le corresponde principalizarse a Piedad Cuarán Rosero, de 45 años, funcionaria del área de participación del mismo Consejo al que se incorporó durante el gobierno de Rafael Correa, en la presidencia de la exconsejera Marcela Miranda.

Con la exclusión de Párraga, la siguiente vocalía correspondería a Mónika Mosquera Romero, quien fue actriz en el programa Pasado y confeso que transmitía la cadena Ecuavisa; excandidata a diputada por el movimiento Pachakutik en 2006.
En el 2017 se postuló para asambleísta por la alianza entre el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Quito en Acción; y, en 2019 participó en las elecciones para concejala de Quito por el movimiento Concertación.

Se ha desempeñado como directora de la Corporación Andina de Derechos Humanos (Cadhu) y lidera su fundación Mónika Mosquera.
En el caso de que Rosero no sea convocado por el impedimento legal, la Asamblea Nacional deberá convocar a Óscar Ayerve y a Mónika Mosquera a la posesión de sus cargos, de acuerdo con los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Fuente: El Universo
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