La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea espera tener listo el 6 de febrero de 2025 el informe para primer debate del proyecto, para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, enviado por el Gobierno en calidad de económico urgente.
Según el cronograma de la mesa legislativa, el documento debería ser puesto en conocimiento del Pleno el 11 de febrero, es decir, cuando los asambleístas que hoy están con licencia por campaña electoral, regresen a ocupar sus curules.
Ellos debatirán sobre un documento que esta siendo elaborado por los alternos que, actualmente, son la mayoría en la Comisión de Participación Ciudadana, dominada por la oposición al Gobierno.
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La vicepresidenta de la mesa, Esperanza Moreta, del Partido Social Cristiano (PSC), no cree que eso deba influir a la hora de conocer el informe preliminar, porque los alternos tiene mucho que aportar para fortalecer el proyecto.
Y luego del primer debate, ya con los legisladores titulares, habrá muchas más propuestas que deberán ser recogidas y analizadas, si que eso signifique echar por tierra el trabajo que están haciendo los principalizados, señaló la legisladora.
La propuesta ha recibido cuestionamientos, especialmente de la Revolución Ciudadana. Gissela Garzón, que es parte de la comisión, dijo que tal como se presentó el proyecto «no se traduce en nada profundo para las necesidades de las mujeres del país» y le atribuye, más bien, un tinte electoral.
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«Nos corresponde mejorarla (…) porque como sucede con todas las leyes urgentes enviadas desde el Gobierno que llegan de una manera, beneficiando a un sector en particular o, como en este caso, omitiendo leyes que ya existen», señaló la asambleísta del correísmo.
Incluso, se está discutiendo la posibilidad de incluir en este proyecto normativa específica para ayudar a las mujeres migrantes, que son parte del grupo de personas deportadas desde los Estados Unidos por la administración de Donald Trump.
Moreta dijo que todo es posible, porque el proyecto está en proceso de construcción y que por eso se ha invitado a funcionarios del Gobierno, pero también a actores económicos de la sociedad civil.
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