Gobierno de Daniel Noboa pide audiencia a jueces de la Corte Constitucional para ‘clarificar’ sobre el decreto 500

La Presidencia de la República pidió a los jueces de la Corte Constitucional (CC) que se convoque una audiencia pública para explicar la decisión de Daniel Noboa de encargar el Gobierno a la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, para acogerse a una ausencia temporal por fuerza mayor para hacer campaña electoral.

En la Corte Constitucional se tramita una acción acción pública de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo 500 que suscribió el presidente – candidato Daniel Noboa Azín, el 7 de enero de 2025, con el que encargó el mando a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert Mora, a quien a su vez nombró “vicepresidenta Constitucional de la República” en lugar de Verónica Abad, vicepresidenta de la República, por efecto del artículo 150 de la Constitución.
El encargo se hizo por tres días: desde las 17:00 del jueves 09 de enero de 2025 hasta las 16h59 del domingo 12 de enero de 2025, acogiéndose a una ausencia temporal por fuerza mayor para hacer campaña electoral, ya que es candidato a la reelección para el mismo cargo en los comicios nacionales de febrero próximo.
La demanda la interpuso un abogado identificado como Gabriel Pereira Gómez y se tramita en el despacho de la jueza ponente, Karla Andrade Quevedo.
El pleno de la CC resolvió que esta causa será tratada con prioridad debido a la coyuntura nacional.
En ese sentido, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino González pidió que se los convoque a una audiencia pública “para que la Presidencia pueda exponer y clarificar los argumentos de hecho y de derecho que contestan la demanda”.
El proceso surgió porque Noboa decidió que no se acogería a la licencia sin remuneración contemplada en un inciso del artículo 93 del Código de la Democracia, que rige para los dignatarios que buscan la reelección inmediata.
Según el Gobierno, ese artículo no es aplicable a Noboa por la existencia de un dictamen interpretativo de la CC de 2010 en el que se establece que, aquellos que fueron electos en un proceso extraordinario, en este caso, por la disolución de la Asamblea Nacional, no se les computará esta participación como una reelección.
Daniel Noboa argumenta que no está participando por la reelección, sino que está terminando el periodo para el que fue electo Guillermo Lasso, por lo que la disposición de la ley electoral no le es aplicable.
La Procuraduría General del Estado también envió un escrito a la CC en el que solicita desestimar la causa, porque Daniel Noboa derogó el decreto 500 “dejando así de surtir efectos en el presente y a futuro”, señala el director de Patrocinio, Jorge Albornoz.
El jueves pasado, Daniel Noboa suscribió un nuevo decreto ejecutivo, el 505 con el que volvió a encargar el Gobierno a Gellibert desde esa tarde hasta las 22:00 del domingo 19 de enero.
También alegó ausencia temporal por fuerza mayor, para participar en mítines y recorridos proselitistas y, el domingo último, en el debate electoral que tenía el carácter de obligatorio.
De forma paralela, el domingo 5 de enero, primer día de la campaña política se produjo una concentración de simpatizantes del mandatario en la Plaza Grande y él apareció en el balcón del Palacio de Gobierno junto a sus ministros y otros candidatos a asambleístas de su movimiento ADN y dirigió un discurso en el que apuntó: “Ustedes y este Gobierno vamos a lograr que en cinco semanas resurja al fin el país. Debemos estar atentos a lo que está pasando. Es una lucha histórica contra la desigualdad, la delincuencia, la indolencia. En cinco semanas venceremos. Necesitamos su apoyo. Necesitamos una Asamblea que apoye, que no ponga trabas a nuestros proyectos, que se ponga la camiseta del Ecuador y trabaje por su progreso”.
En el Consejo Nacional Electoral (CNE) se recopiló información para analizar si este acontecimiento incurre en posibles infracciones electorales y enviar el expediente al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para su trámite.
De acuerdo con información extraoficial, el informe jurídico está listo en la presidencia del CNE para que sea remitido al TCE, si lo considera la autoridad. (I)

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