Comisión de Justicia priorizó reformas judiciales, legislativas, materia penal y a la Ley de la Contraloría

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, durante los trece meses de gestión, destaca la aprobación de los informes para segundo debate de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Las reformas al Código de la Función Judicial son al principio de publicidad, reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, competencia de las Salas de las Cortes Provinciales, competencia de los jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y archivo nacional notarial.

Esta normativa fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión del 21 de mayo de 2024 y remitida al Ejecutivo, quien la objetó totalmente.

Entre tanto, la reforma a la LOFL unificó 23 proyectos con el objetivo de actualizar los procedimientos parlamentarios en materia legislativa, fiscalización y control político, en el ánimo de contribuir al fortalecimiento de la eficacia y eficiencia de la gestión parlamentaria.

La propuesta, además establecía reglas más claras sobre el proceso legislativo, responsabilidad de los asambleístas, así como mecanismos de fiscalización y transparencia. También buscaba subsanar inconsistencias o contradicciones en el texto vigente, especialmente en cuanto a plazos. Fue aprobada el 13 de diciembre de 2024 y posteriormente objetada por el Presidente de la República.

Reforma al COIP

En enero de 2024, la mesa legislativa aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que agrupó 43 iniciativas presentadas por las diversas bancadas y que apoyaban la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.

La comisión analizó varios temas, en los que participaron más de 30 representantes de organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil y académicos, que aportaron en el análisis y construcción del proyecto.

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