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Las fronteras norte y sur, las principales rutas para el tráfico de armas en Ecuador: ¿cómo frenar esta problemática?

Tulcán

De acuerdo con expertos en temas de guerra, el tráfico de armas, municiones y demás ha crecido considerablemente en estos años en Ecuador como producto del conflicto armado interno y la proliferación de la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, el tráfico de migrantes y delitos conexos.

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, los grupos de delincuencia organizada quieren reforzar su capacidad operativa y de disuasión.

Él advierte que, con base en estos envíos, los carteles internacionales quieren tener preponderancia y tomar un control más fuerte a través de las bandas nacionales aliadas, que realizan una suerte de tercerización delictiva.

El objetivo es tener un mayor control y capacidad para asegurar territorios donde están los sitios de acopio y plataformas internacionales de distribución de alcaloides. Según él, existirían cinco modalidades para el ingreso de armas.

La primera es por la frontera norte donde hay un gran desbordamiento de tráfico de armas.

“Antes las armas salían desde Ecuador hacia Colombia por las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Ahora vienen desde Colombia hacia las organizaciones delictivas ecuatorianas, algo que está distorsionando los sistemas de seguridad en la zona norte”, remarca Pazmiño.

Las fuerzas del orden han intensificado los operativos de control en el puente internacional de Rumichaca para combatir el tráfico de armas, explosivos y pertrechos militares. Foto: Ricardo Cabezas

Otra es la tradicional, por la frontera sur, por donde ingresan pertrechos desde Chile y Perú, que siempre han abastecido al mercado negro ecuatoriano y colombiano. Sin embargo, tras el crecimiento, reclutamiento y perfeccionamiento de las bandas delictivas locales, la mayoría ahora se queda en Ecuador, sostiene Vinicio Vivanco, excomandante de la Brigada Andes.

También se utilizan narcoavionetas que arriban a pistas clandestinas, especialmente en la zona costera ecuatoriana.

Una cuarta modalidad es a través de correos o mensajería internacional, por donde son introducidas con base en envíos de piezas independientes que luego son ensambladas en el territorio nacional, realizando un trabajo de hormiga quienes están dedicados a este tipo de tráfico.

Y una quinta se realiza por medio de las denominadas recuperaciones, es decir, los robos a rastrillos militares o policiales, en los que son sustraídos fusiles o pistolas, elementos que han sido recuperados de manos de la delincuencia por las fuerzas del orden.

Sebastián Andrade, jefe de Control de Armas y Explosivos en Carchi e Imbabura, indica que las aprehensiones de material de guerra en los últimos meses tienen un tránsito distinto.

Han retenido armas que se intentaban ingresar al país desde Colombia para abastecer a los grupos delincuenciales ecuatorianos u otras que pretendían salir del país con destino hacia las disidencias y los grupos irregulares colombianos.

El militar menciona que estas organizaciones dedicadas al tráfico de armas están vinculadas en un gran porcentaje a la seguridad que brindan estas bandas al narcotráfico y delitos conexos.

Añade que ingresan desde Perú y por las islas Galápagos. Confirma que en 2024 fueron aprehendidos más de 200 fusiles en altamar.

Inteligencia militar ha detectado que en el norte del país los traficantes estarían relacionados con grupos de contrabandistas de mercancías que operan entre Carchi y Nariño, que ocultan los pertrechos en medio del matute.

Mientras que cargas de explosivos han sido localizadas en el interior de cargamentos de papa u hortalizas o en compartimientos de vehículos particulares livianos.

La segunda semana de diciembre de este año, agentes policiales, tras un allanamiento a la vivienda del militar Édgar Javier C. R., en el sur de Tulcán, miembro activo del Batallón Mayor Galo Molina, encontraron 797 municiones, calibre 5,56.

Se desconoce si los proyectiles pertenecen al rastrillo del fuerte militar fronterizo. El uniformado y una mujer de 24 años están detenidos para las investigaciones.

Paralelamente, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera en el puente de Rumichaca detuvo 9.981 cartuchos de fogueo, calibre 22, que eran movilizados desde Colombia en una camioneta.

La segunda semana de diciembre, un ciudadano fue sorprendido con 9.981 proyectiles de fogueo, calibre 22, que pretendía ingresar al país desde Colombia, ocultos bajo una de las moquetas del vehículo en el que se movilizaba. Foto: Ricardo Cabezas

La permeabilidad de los 586 km de la frontera ecuatoriano-colombiana permite que, por trochas, puentes y caminos no autorizados de las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, estos elementos de guerra ingresen hacia los grupos delictivos que operan principalmente en Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

Los valores de las armas que vienen desde Perú y Colombia se triplican una vez que ingresan al país. En la Brigada Andes, asentada en Tulcán, explican que el 80 % de los explosivos decomisados son de procedencia peruana.

Los explosivos, cápsulas y cordón detonante ya no solo van hacia los grupos terroristas colombianos, sino hacia la minería ilegal que opera en las provincias de Carchi e Imbabura.

En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han realizado varios decomisos.

Tacos de dinamita, mecha y cordón detonante son movilizados, incluso en maletas, que convierten a los vehículos que transportan estos peligrosos equipajes en coches bomba, no midiendo quienes se dedican a esta actividad al margen de la ley ningún tipo de riesgo, dice Álex Sandoval, jefe de la Policía Judicial de Carchi.

Sebastián Andrade señala que desde enero de 2024, cuando fue declarada la emergencia por la guerra interna en contra de los grupos terroristas, se ha detectado que esas organizaciones son abastecidas con armas largas, tipo fusil, que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El armamento de fogueo o armas traumáticas, que son comercializadas formalmente en Colombia, también tendrían una gran demanda en el país. Varias personas que han sido sorprendidas movilizando este tipo de rifles y pistolas han sido sancionadas con pena privativa de libertad en Imbabura y Carchi, afirma Andrade.

En el primer semestre de este año han sido inmovilizadas por la Dirección de Control de Armas y Explosivos en las dos provincias (Carchi e Imbabura) 52 armas de fuego letales, nueve menos letales, 290 municiones de tipo letal, 70 menos mortal y 8.998 accesorios.

Carteles dedicados a esta actividad ilícita

Los carteles identificados con el envío de armamento serían Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y el Clan del Golfo.

El armamento también llega desde Colombia a través de grupos de delincuencia organizada y narcoterroristas, como el Oliver Sinisterra, Guerrillas del Pacífico, Marquetalia, entre otros.

El armamento por la frontera norte ingresa por más de 70 pasos fronterizos no autorizados que unen a Colombia y Ecuador, explica Cristian Unda, comandante del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, de Tulcán.

El fácil acceso a la adquisición de armas traumáticas en Colombia ha proliferado el ingreso de este tipo de armamento de fogueo por más de 70 pasos no autorizados que existen entre Ipiales y Tulcán. Foto: Ricardo Cabezas

En la zona norte las organizaciones delincuenciales y traficantes de armas estarían ligadas a los grupos narcoguerrilleros colombianos como el Oliver Sinisterra, Carolina Herrera, Unión del Pacífico, Comandos de la Frontera, Ejército de Liberación Nacional, Segunda Marquetalia de las ex-FARC, Clan del Golfo, entre otros.

A cambio de favores, droga o protección entregan armas a los connacionales, quienes tendrían estrechos vínculos con esta organizaciones. Por la frontera ecuatoriana-peruana estaría sucediendo algo parecido, entran las armas camufladas en vehículos que cuentan con compartimientos especiales.

Por las trochas de ambas fronteras pasan además municiones, drogas, explosivos, dinero falso, medicina, contrabando. Estos grupos estarían vinculados también al tráfico de migrantes y personas, coinciden policías y militares.

El crecimiento del tráfico de armas busca crear terror en la población y les permite enfrentar los conflictos y disputas de territorios que existen entre las organizaciones criminales locales.

“El que está mejor armado tiene una mayor capacidad de respuesta en caso de un enfrentamiento”, comenta Mario Pazmiño.

Estas estructuras delictivas utilizan generalmente pistolas y revólveres con los que realizan ajusticiamientos, tipo sicariato.

“Se mueven en dos equipos, cuando quieren ajusticiar a una persona, es decir, hay uno titular con armas cortas y otro de apoyo con fusiles, los últimos son los encargados de repeler cualquier ataque, cubrir al primer anillo y garantizar la retirada”, añade el exmilitar y experto en temas de seguridad.

Cómo frenar el tráfico de armas

Los entendidos dicen que para enfrentar el tráfico de armas es importante tomar ciertas acciones gubernamentales, como reforzar la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas y todo el dispositivo militar existente en la frontera norte.

Además, implementar un sistema de radares en estas regiones e incrementar el número de personal militar para realizar un rastrillaje y escudriñamiento terrestre y fluvial, con el propósito de cubrir permanentemente todos los pasos fronterizos.

En la frontera sur es urgente crear una Fuerza de Tarea Conjunta para tener una mayor cobertura y frenar el paso de armamento y demás pertrechos militares.

En Perú existirían aproximadamente 23 organizaciones dedicadas al contrabando que tienen nexos con los grupos delincuenciales ecuatorianos y que serían las encargadas de pasar el armamento.

Es necesario además que en ambas fronteras se incrementen las acciones de inteligencia para penetrar esos círculos obscuros del mercado negro de las armas y así desarticular esas bandas en las que alquilan armas o tienen armamento guardado para la venta, sostiene Mario Pazmiño.

Recomienda también contar y mejorar los controles aéreos con una fuerza de reacción (FRI) que tenga la capacidad de derribar avionetas, en caso de que no respondan al pedido de aterrizaje inmediato solicitado por las autoridades de control de Ecuador.

Para estas avionetas que se pasean por territorio ecuatoriano y hacen caso omiso al pedido de aterrizajes inmediatos, debería —dicen— promulgarse una ley de interdicción y de derribo, que regularía y frenaría la presencia de avionetas extrañas.

Y mejorar los sistemas de seguridad en los rastrillos al colocar dispositivos de protección interna y externa que evitarían los robos sistemáticos a estas bodegas de armamento de la fuerza pública. (I)

Diario El Universo

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