Quito mantuvo varios edificios gubernamentales rodeados de vallas metálicas durante 2024, una medida que afecta no solo el ornato de la capital, sino también la relación entre los ciudadanos y el espacio público, según especialistas y académicos.
Entre las edificaciones que permanecen valladas están el Palacio de Carondelet, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia, además de otras instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Vicepresidencia de la República.
El Palacio de Carondelet, situado en la emblemática plaza Grande, sigue cercado, limitando el acceso a este espacio icónico del centro histórico.
Por su parte, la Fiscalía General, ubicada en la avenida Patria, ha cerrado el acceso a calles enteras del perímetro en el sector de La Mariscal, afectando la circulación vehicular y peatonal.
En la Asamblea Nacional, situada entre las calles Piedrahita y Gran Colombia, los cierres con vallas son frecuentes.
Este lugar incluso ha bloqueado una ciclovía, como lo menciona Daniela Chacón, coordinadora de la plataforma Quito Cómo Vamos: “Hay una ruptura de la continuidad, la caminabilidad y de la experiencia urbana”.
Otro caso es el de la Corte Nacional de Justicia, en las calles Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, donde los refuerzos de seguridad han sido permanentes debido a juicios de alta relevancia como los casos Metástasis, Purga, Pantalla, entre otros.
Para Fernando Carrión, coordinador de la alianza Urbstic de universidades, las vallas responden a dos estrategias distintas: proteger a las instituciones públicas frente a amenazas y blindar edificios privados frente a la violencia.
Según él, esta dinámica impacta negativamente la relación entre los espacios público y privado.
“Golpea mucho al turismo, al comercio, pero principalmente al vínculo entre los ciudadanos y los edificios que deberían ser accesibles para todos”, expresó Carrión, quien declaró además que las políticas de seguridad arquitectónica son insuficientes sin un enfoque integral.
Daniela Chacón coincide en que esta práctica afecta la percepción ciudadana. “El mensaje que recibimos es que los ciudadanos somos peligrosos y que las autoridades tienen miedo de nosotros. Esto daña la cultura democrática de la ciudad”, afirmó.
La instalación de las vallas no solo genera una barrera física, sino también simbólica, que separa a la ciudadanía de sus instituciones. En palabras de Chacón: “Vemos estos espacios como ajenos, lejanos, como si no fueran parte de nuestra experiencia diaria”.
En términos de movilidad, los cierres afectan a peatones, ciclistas y vehículos. Sectores como La Mariscal o la Gran Colombia ven alterada su dinámica diaria, lo que repercute en el comercio local y el tiempo de los conductores.
Además, el impacto en el turismo es significativo, ya que estas medidas deslucen el centro histórico, uno de los mayores atractivos de la ciudad.
La posibilidad de trasladar edificios gubernamentales fuera del centro histórico ha sido planteada en varias ocasiones.
Sin embargo, tanto Carrión como Chacón están en contra de esta idea. Según Carrión, “los centros históricos representan a la sociedad. Retirar las instituciones sería un golpe muy fuerte a esta representación”.
Por su parte, Chacón agregó que vaciar el centro histórico de instituciones podría convertirlo en un espacio exclusivamente turístico, perdiendo su esencia como núcleo urbano.
En lugar de ello, sugirió establecer criterios más claros sobre cuándo y por qué es necesario instalar vallas, limitando su uso a eventos específicos y no de manera permanente.
Ambos expertos coinciden en que las vallas son un reflejo de una política de seguridad reactiva y no preventiva. Para Carrión, “sin una política de seguridad integral, estas medidas no solucionarán el problema de fondo”.
Mientras tanto, Chacón explicó que el Municipio tiene pocas competencias en materia de seguridad, aunque señaló como positivo que el propio cabildo haya retirado las vallas de su edificio.
Sin embargo, advirtió que las decisiones sobre el uso del espacio público deben ser objeto de debate en el Concejo Metropolitano para garantizar que las medidas de seguridad no interfieran en el acceso y disfrute de la ciudad.
Más allá de la seguridad, las vallas generan un mensaje preocupante sobre la relación entre las autoridades y los ciudadanos.
“Nos hace sentir como una amenaza constante, cuando la experiencia demuestra que no existe tal peligro”, según Chacón.
La representante de Quito Cómo Vamos añadió que este distanciamiento entre las instituciones y los ciudadanos afecta también la percepción de la democracia en Quito.
“Estas medidas, implementadas por diferentes autoridades durante varios años, están calando como algo permanente, lo que tiene un impacto negativo en nuestra cultura democrática”, concluyó.
Con el inicio de 2025, la permanencia de las vallas en edificios públicos de Quito se vislumbra como un problema persistente. Aunque la seguridad es un tema prioritario, su solución no sería exclusivamente arquitectónica.
La discusión está abierta y requiere la participación activa de todas las partes involucradas, desde las autoridades hasta los ciudadanos, para construir una ciudad más segura y, al mismo tiempo, más inclusiva. (I)
Fuente: El Universo