Durante el dictamen acusatorio en el caso Purga, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, le explicaba la mañana del martes 6 de enero último al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena que el control que poseía el grupo delictivo investigado no solo alcanzaba a manipular las decisiones judiciales, sino que también se extendía al ámbito administrativo en la provincia del Guayas. Para él, este era el inicio del cuarto evento ilegal e irregular que conformaba la causa por delincuencia organizada: el de las acciones administrativas.
“¿A qué se refiere? El poder político, representado por (el exasambleísta) Pablo Muentes, que procuraba proteger a los miembros de la estructura delictual, manteniéndoles inmunes ante sanciones administrativas, garantizando de esta forma el control integral de la Función Judicial en la provincia de Guayas. (…) El grupo delictual buscaba que los sumarios administrativos iniciados en contra de varios miembros no afecten el desempeño de sus funcionarios, contando con la colaboración de la directora provincial de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, su asesor y mano derecha, Saúl M., y de Jacqueline D., coordinadora de Talento Humano, consiguiendo que varios sumarios administrativos a los años 2022 y 2023 sean archivados”, añadió.
Para la Fiscalía, con estos antecedentes se entiende que la visión de la estructura delictiva conformada se proyectaba a mantenerse en el tiempo, buscando el control de la siguiente administración de la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas.
Con el objetivo de conseguir lo buscado, refirió Toainga, era necesario brindar el apoyo en campaña a uno de los candidatos a suceder a Fabiola Gallardo, siendo elegido el entonces juez Hugo Manuel González, quien, debido a la gestión de Pablo Muentes, por medio de Mercedes Villarreal y Saúl M., alcanzó la implementación del timbre electrónico para los jueces de la Corte del Guayas como una oferta de campaña.
Esta contribución habría desembocado en la elección de Hugo González como nuevo presidente de la Corte de Justicia del Guayas.
La mañana del jueves 9 de enero último, con base en 561 elementos de convicción presentados durante dos días y medio dentro de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Purga, el fiscal general subrogante solicitó al juez De la Cadena que llame a juicio al exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo y a otras veintiuna personas acusadas del delito de delincuencia organizada.
Toainga, en el sexto día de diligencia, explicó que mediante el dictamen acusatorio se ha podido determinar que se encuentran configurados los elementos relacionados con el delito de delincuencia organizada, figura penal tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), de acuerdo al primer y segundo incisos.
Desde la Fiscalía se ha dicho que el caso Purga evidencia la contaminación del sistema de justicia en la provincia del Guayas desde las más altas esferas de la política legislativa, la cual —se asegura— puso a órdenes de la corrupción y el narcotráfico toda la administración judicial de una de las provincias más importantes de nuestro país.
Toainga se ratificó en que pide que se llame a juicio a Muentes, a Gallardo, al hoy exjuez penal del Guayas Johann Marfetán y a Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas, en calidad de autores directos, al ser los líderes de la organización investigada. Según la Fiscalía, el exasambleísta habría estado en la dirección de la “organización delictiva”, mientras que Gallardo, Villarreal y Marfetán en el nivel de planificación.
Además, para Reinaldo C., Nelson P., Lino R., Henry T., Ruth S., Saúl M., Guillermo V., Tatiana V., José P., Esteban Ch., Javier R., Freddy J., Andrea P., Susana B., Jacqueline D., Silvia O.; la esposa y el primo de Muentes, Mónica Alvarado y Fausto A., respectivamente; y Hugo González, expresidente de la Corte del Guayas, pidió el fiscal subrogante que sean llamados a juicio como autores directos por colaboración, es decir, son colaboradores. (I)
Diario El Universo
