El ambiente comienza a caldearse en la parroquia fronteriza El Chical, ubicada a 100 km de Tulcán, donde la minería ilegal empieza a multiplicarse, con secuelas que generan miedo y temor en un sector de habitantes de esta alejada población, frente a Colombia.
Los constantes operativos desarrollados en el 2024 por efectivos militares y la destrucción de más de un centenar de bocaminas prendieron las alarmas en las autoridades de El Chical y el Carchi, que han mantenido silencio sobre este delicado tema.
Pobladores de Maldonado, localizada a 20 km de El Chical, han advertido su preocupación, exigiendo la presencia efectiva de militares y policías en la zona para erradicar este fenómeno, que no quieren que llegue a esa jurisdicción.
Marcelo García, presidente del Gobierno Parroquial de Maldonado, ha manifestado que es urgente la participación del Estado en las dos poblaciones, que demandan créditos y programas sociales estatales que permitan sacarlos adelante, en territorios donde más de un 90 % de la gente se dedica a la agricultura.
Ha trascendido que el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estarían tomando el control de la minería ilegal, especialmente en El Chical.
Más de una decena de operaciones militares efectuadas en el 2024 han destruido un centenar de bocaminas y han demolido campamentos, equipos, herramientas y químicos usados para esta actividad no autorizada.
En El Chical nadie quiere hablar sobre esta situación. Hay recelo y quienes entran a esta parroquia son investigados y obligados a abandonar inmediatamente la población.
Ahí es prohibido tomar fotos o realizar videos. En esta población viven 3.437 habitantes. Se ha denunciado que dos o tres familias que se oponían a estas actividades han sido obligadas a abandonar su lugar natal en menos de 24 horas, y varios negocios ahora son administrados por gente foránea.
Los lugares de diversión clandestina se han incrementado y varias familias han comenzado a migrar hacia Tulcán, Ibarra y Quito, producto del miedo que se apodera de la gente.
Agricultores y transportistas de El Chical y Maldonado estarían siendo obligados a pagar ‘vacunas’ para trabajar sin inconvenientes, según han reiterado pobladores que piden reserva de sus nombres para evitar posibles represalias.
Vinicio Vivanco, excomandante de la Brigada Andes, reconoció en su momento que la situación es preocupante, pero que los dos fuertes militares (Maldonado y Chical) e Inteligencia Militar realizan un trabajo que ha posibilitado la destrucción de varios complejos mineros al margen de la ley.
Pobladores vinculados a la minería
No obstante, la falta de trabajo y oportunidades hace que un significativo porcentaje de la población se haya vinculado al trabajo minero, a tal punto que defienden esta actividad. Este miércoles, 8 de enero, un convoy con militares de combate que se dirigían hacia la zona minera de La Chorrera fue provocado por un grupo de personas.
Según Cristian Unda, comandante del Batallón Mayor Galo Molina, los uniformados fueron atacados con palos y piedras cuando iban a ingresar a este lugar, produciéndose un enfrentamiento que ventajosamente no dejó heridos, únicamente gente golpeada y registrándose además detenidos.
Videos que circulan en redes sociales muestran cómo pobladores lanzan objetos contra los militares. Se ve a algunos civiles con gorras y buffs que utilizan los ciclistas, intentando proteger su identidad. El ataque obligó a los militares a realizar disparos al aire para dispersar a la gente y evitar un enfrentamiento.
Es la primera vez que se produce este tipo de confrontaciones, que advierten que la minería tiene cierto respaldo en ese sector, que requiere la urgente presencia del Estado y de la fuerza pública para evitar que pueda convertirse en un segundo Buenos Aires (Imbabura), sostienen activistas ambientales.
Tras superar el impasse, más tarde soldados y oficiales arribaron a La Chorrera, donde hubo una intervención que destruyó dos procesadoras, fue decomisado material usado para la minería irregular, se inmovilizaron un arma de fuego, tres motores de luz, un generador eléctrico, herramientas, una motosierra, una soldadura, químicos y 150 sacos con material aurífero.
Jorge Tello, comandante de la Brigada Andes, comentó que Inteligencia Militar localizó este espacio minero al margen de a ley, ubicado en un terreno de difícil acceso, y añadió que con varias instituciones del Estado vienen realizando coordinaciones para dar una dura lucha a esta actividad arbitraria.
Alexis Enríquez, intendente de Policía en Carchi, dijo que están desarticulando bandas organizadas dedicadas a estas acciones ilegales, que no solo ponen en riesgo la seguridad, sino que también atentan contra el medioambiente. Los equipos aprehendidos fueron destruidos con explosivos. (I)
Fuente: El Universo
