Para el primer trimestre del 2025 se espera que empiece a funcionar la Oficina Defensorial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado (Ofideco).
Se trata de un área de la Defensoría Pública cuyo objetivo es garantizar la especialización de los servicios de asistencia legal, asesoría y patrocinio por parte de defensores públicos en causas que sean de competencia de las Unidades Especializadas en los Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que existen tanto en la Fiscalía General como en la Corte Nacional de Justicia.
“Existía un vacío porque esas unidades existen ya hace dos años en la Fiscalía y en la Corte (…). ¿Por qué había ese vacío? Le pongo un ejemplo. La Defensoría Pública en casos como Metástasis puso cuatro defensores públicos por si alguno de los acusados no lo tenía. Los jueces tenían el temor de que provoque la caducidad de la prisión preventiva. Con la presencia de estos defensores se garantizó que no haya diligencias fallidas”, indica el defensor Público Ricardo Morales.
La implementación de esta oficina se llevará adelante con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, la cual financiará el proyecto cuyo costo es de $ 100.000. Este valor incluye las capacitaciones, equipamiento tecnológico, seguridades y otros ítems logísticos.
La firma del convenio de cooperación entre la Defensoría y la misión diplomática fue el pasado 11 de diciembre.
La sede de la oficina estará en Quito; y de momento se está buscando un sitio para instalarla, para ello están en diálogos con Inmobiliar
Morales explica que, en principio, se capacitará a 50 defensores en temas de lucha anticorrupción y crimen organizado, pero se designarán entre 15 y 20. Aunque ese número podría incrementarse, según las necesidades del sector de la justicia. Se designarán en el primer trimestre del año.
Actualmente, la Defensoría Pública tiene 720 profesionales. Morales señala que, según el estándar internacional, se necesitan 5 defensores por cada 100.000 habitantes, pero se tienen 3,6. En ese sentido, han insistido al Consejo de la Judicatura (CJ) para que se inicien los respectivos concursos y procesos de evaluación y categorización de los defensores públicos, expresa. (I)
Fuente: El Universo