El caso Metástasis ha sido la llave que abrió en 2024 la puerta para que Ecuador conozca los alcances de la infiltración del sistema de justicia por parte de estructuras delictivas vinculadas al crimen organizado, las cuales buscaban beneficios penitenciarios, fallos a la medida o la obtención de recursos económicos, mediante la promesa de sobornos -dinero, bienes muebles e inmuebles, poder- y en algunos casos hasta amenazas de muerte.
El 15 de diciembre de 2023 arrancó la instrucción fiscal de Metástasis, proceso penal en el que se investigó a 52 personas, pero a diciembre de 2024, solo 32 recibieron una sentencia de culpabilidad (doce mediante procedimiento abreviado y 20 en audiencia de juicio) como responsables del delito de delincuencia organizada. Otros ocho procesados se mantienen prófugos, a uno se le suspendió el juicio por haber sido calificado como candidato a la Asamblea Nacional, otro fue declarado inocente, siete fueron sobreseídos y tres recibieron un dictamen abstentivo.
Mercedes Caicedo, jueza ponente del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aseguró en su resolución oral que por unanimidad condenaban a 20 de las 21 personas juzgadas como autoras directas de delincuencia organizada, pues se comprobó que fueron parte de una “empresa criminal” que mantuvo líderes y colaboradores para concretar los objetivos de manejo de la justicia e impunidad de quienes actuaban para favorecer al narcotraficante Leandro Norero, su familia y cercanos.
Como líder de la estructura fue condenado a diez años de cárcel el abogado Alexander N. A., alias Novi o Novita; mientras que entre los colaboradores que recibieron una pena agravada de nueve años y cuatro meses están el exjuez de la CNJ y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, alias Diablo, y Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Información recabada en Metástasis hizo que el esquema de corrupción aplicado en la CNJ y cortes provinciales de justicia de Manabí, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas sea evidenciado en la Corte del Guayas. La Fiscalía abrió la investigación del caso Purga e iba tras la pista de líderes y colaboradores de una organización que incidía en el ámbito jurisdiccional y administrativo de la justicia en Guayas y cooptaban jueces, fiscales… para obtener fallos que convenían al grupo.
El 4 de marzo pasado, un operativo en las provincias de Guayas y Pichincha generó la detención del exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, jueces penales del Guayas como Johann M., Guillermo V., Alberto L., el funcionario del CJ Saúl M., entre otros, a quienes la Fiscalía investigaba por estar involucrados con una estructura delictiva conformada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico.
La fiscal general, Diana Salazar, en Purga afirmó que se partió del “poder político legislativo para pervertir el poder judicial” y así buscar favorecer a criminales como Adolfo Macías Villamar, líder de la banda Los Choneros conocido con el alias Fito. Según la acusación, Muentes dirigía el “grupo delictivo”, mientras que Gallardo y Johann M., también sentenciado en Metástasis, estaban en la planificación para la comisión de delitos graves, cuya finalidad perseguida era el beneficio económico y el manejo de la justicia en Guayas.
A cinco meses de que se cerró la etapa de instrucción fiscal, 23 de los 25 sospechosos investigados recibieron un dictamen acusatorio de Fiscalía en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por delincuencia organizada en la Corte Nacional. Recusaciones y pedidos de diferimiento causaron que esta diligencia se postergara varias veces.
Datos entregados en testimonios anticipados, así como información que era parte del expediente de Metástasis y Purga dieron luces de que en varias provincias del país se había desplegado un esquema de corrupción para hacer que piezas clave del sistema de justicia (jueces, fiscales, secretarios, policías…) cedan a presiones, chantajes y sobornos para intervenir en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a reclusos.
El 3 de abril pasado, la Fiscalía puso en marcha el caso Plaga. Realizó allanamientos en siete provincias y logró detener a las primeras catorce de 31 personas que actualmente son procesadas por delincuencia organizada. En agosto pasado se terminaron los cuatro meses de instrucción fiscal y siendo diciembre, las partes procesales de Plaga esperan que se concrete una fecha para la audiencia preparatoria de juicio.
Para la Fiscalía, en Plaga la red delictiva indagada captó a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores. A cambio, estos colaboradores permitían desde el ámbito de sus funciones, como jueces especialmente, que internos, muchos de ellos con perfiles de alta peligrosidad, obtengan libertad bajo argucias y abuso del derecho.
Tres jueces destituidos por el CJ, un exfuncionario penitenciario, tres abogados y un exdirector de la Escuela de la Función Judicial en la presidencia de Terán en la Judicatura han rendido su testimonio anticipado en Plaga. Ahí todos han reconocido haber realizado acciones irregulares para liberar a internos de las cárceles a cambio de dinero, por amenazas o pensando que los salvarían en procesos administrativos que mantenían en curso.
Aunque no tiene que ver directamente con la corrupción en el sistema de justicia investigados en Metástasis, Purga o Plaga, el caso Pantalla, también iniciado en 2024, revelaría otro capítulo de la metida de mano en la justicia, orquestado por un grupo que pretendía tener el control del CJ, para desde ahí manipular el concurso para jueces de la CNJ del 2023.
Pantalla inició siendo una investigación por el delito de tráfico de influencias contra dos exasesores del entonces titular de la Judicatura, Wilman Terán, y, tras una vinculación y reformulación de cargos, en esta causa se analiza el delito de asociación ilícita por el que son procesadas seis personas: Terán, la exjueza Anabell T. y cuatro exfuncionarios judiciales.
Para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en Pantalla existió una “confluencia de voluntades de asociarse para emprender el camino hacia el control total de la CNJ, influyendo en el concurso destinado a designar sus ocupantes y procurar como ganadores a postulantes cuyos méritos no eran los idóneos para ocupar la más alta magistratura del país”. (I)