Según datos anuales de la organización Fundamedios, hasta el 16 de diciembre de 2024 se han registrado 192 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y trabajadores del sector, lo que sugiere que el año podría cerrar con cifras preocupantes similares a las de años anteriores. Aunque las agresiones han disminuido en comparación con 2023, los números siguen reflejando un contexto de alta tensión en el país. Este fenómeno está relacionado con el creciente impacto de la violencia vinculada al crimen organizado y las políticas restrictivas hacia la libertad de expresión.
Las agresiones más comunes en 2024 incluyen ataques verbales (33), amenazas (29), y restricciones al acceso a la información (14). También se han documentado casos de uso abusivo del poder estatal (7), extorsión (5), detenciones arbitrarias (3), y un asesinato, reflejando un entorno de hostilidad creciente hacia los periodistas.
Un dato alarmante es que, de las agresiones registradas, el 44% provienen de actores estatales, seguido por el 24.4% de agresores no estatales y el 14.6% relacionados con el crimen organizado. Además, la violencia ejercida por actores estatales y el crimen organizado ha incrementado el número de periodistas exiliados, con al menos ocho casos en 2024. La presión sobre los comunicadores es tal que, en muchos casos, se ven obligados a abandonar el país para salvaguardar su seguridad.
Un ejemplo reciente de la violencia hacia los periodistas es el caso de una comunicadora de la costa, que en diciembre de 2023 sufrió un atentado contra su vehículo, aparentemente por parte de funcionarios públicos tras investigar irregularidades en contratos municipales. La periodista, quien había recibido amenazas previas, finalmente tuvo que exiliarse por la amenaza a su vida.
Otros casos incluyen el periodista José Luis Calderón, quien tras un ataque terrorista a su canal de televisión, decidió exiliarse debido al impacto psicológico del hecho, y Jonathan Quezada, condenado a prisión por afectar la honra de un juez, quien también se vio forzado a abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.
Estos incidentes reflejan la creciente presión sobre los periodistas en Ecuador, quienes se enfrentan a una combinación de hostigamiento, censura estatal y violencia del crimen organizado, lo que pone en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país. (EC )
Diario La Hora