Al menos 40 asambleístas han pedido licencia sin sueldo para hacer proselitismo durante los 33 días del periodo de campaña, rumbo a las elecciones generales del 9 de febrero de 2025.
Hasta este 28 de diciembre del 2024, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, solicitó a los asambleístas que son candidatos que remitan sus solicitudes de licencia sin remuneración para promocionarse a la reelección para los comicios venideros.
El organismo funcionará administrativamente hasta el 31 de diciembre y, desde el 1 de enero regirá un feriado nacional hasta el 5 de enero; a lo que se suma que correrá una vacancia legislativa de quince días.
En tanto, dentro de ocho días arrancará la campaña política que va entre el 5 de enero y el 6 de febrero de 2025 y, el Código de la Democracia en el inciso del artículo 93 establece que las autoridades de elección popular que (…) opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de su licencia desde el inicio de la campaña electoral.
En el caso de que un asambleísta-candidato haya solicitado 33 días de licencia, esta tendría que ser aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
De acuerdo con el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quien ejerza la presidencia de la legislatura podrá conceder licencia a quienes se ausenten hasta por 30 días; mientras que la licencia que supere los 30 días y hasta los 90 días será autorizada por el CAL, que contempla además en casos de enfermedad o incapacidad física o psicológica debidamente comprobadas.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Partido Social Cristiano (PSC), Otto Vera, advirtió que todos aquellos asambleístas que estén calificados como candidatos a una dignidad de elección popular debe acogerse obligatoriamente a la licencia sin sueldo y principalizarse sus suplentes.
La expectativa se da por la posición del gobierno de Daniel Noboa de que no solicitaría licencia para hacer campaña a lo que se sumarían los asambleístas y candidatos que son parte de su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN).
El presidente de la República y los 137 asambleístas que están en funciones provienen de los comicios generales anticipados de agosto y octubre de 2023, producto de la disolución de la Asamblea Nacional o conocida como ‘muerte cruzada’.
Sobre esta figura, en octubre del 2010, el pleno de la Corte Constitucional (CC) aclaró que aquellas autoridades que fueron electas en un sufragio anticipado deben terminar el periodo de la autoridad que cesó por la aplicación de la muerte cruzada.
Por lo que no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección.
Es decir, si un candidato fue electo en un proceso extraordinario, no se le contabilizará como una reelección. Y, en el caso de Daniel Noboa, se entendería que su participación en las presidenciales del 2025 sería su primera candidatura y lo mismo correspondería para los candidatos a la Asamblea.
Con base en este dictamen, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, aseguró que el artículo 93 del Código de la Democracia no sería aplicable a Daniel Noboa ni a los legisladores. “No estamos en ningún escenario de reelección”, agregó.
Sin embargo, el primer mandatario anunciaría su decisión en los próximos días, anticipó.
“El artículo 93 no resultaría aplicable para el presidente de la República, por lo que no estaría obligado, ni él ni los legisladores, quiero aclararlo, porque eso es lo que dice la sentencia del 2010 (respecto) de presentar una licencia por no tratarse de una reelección”, manifestó De la Gasca en una entrevista en el programa radial Primera plana, difundido el 27 de diciembre.
¿El inciso del Código Electoral del artículo 93 es “aplicable para un escenario de la muerte cruzada?”, cuestionó durante el diálogo.
Al ser consultado sobre la aplicación de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con la que se sancionó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por hacer proselitismo junto con la entonces candidata presidencial Luisa González, el ministro De la Gasca opinó que “bajo ningún concepto” es un escenario previsto y volvió a increpar: “¿La sentencia del TCE no fue derivada de la muerte cruzada?”.
Esto en referencia a que Muñoz apoyó a Luisa González en su candidatura presidencial para los comicios anticipados de 2023.
Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dos autoridades hicieron un llamado a los candidatos a cumplir con la norma vigente.
Días atrás, el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que recordó que la disposición del Código de la Democracia es obligatoria para “todos” los candidatos a una dignidad de elección popular.
En tanto, la consejera Elena Nájera pidió a la presidenta Diana Atamaint que el CNE se pronuncie para evitar la desinformación y confusión por parte de actores políticos interesados.
En un oficio enviado a los cinco vocales electorales, Nájera precisó que el dictamen de la CC no está poniendo en discusión que es o no una reelección, sino cuándo se va a contabilizar, por lo que el cómputo de la reelección se haría a partir del 2029.
“¿El presidente de la República, Daniel Noboa, fue elegido una vez? Sí, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023, en tal virtud recibió su credencial del CNE, se posesionó, nombró ministros y ejerce sus funciones como jefe de Estado. ¿Si los ciudadanos lo quieren volver a elegir, esta sería una reelección? Sí, es una reelección”, reflexionó la vocal.
A su criterio, el jefe de Estado está en un proceso de reelección inmediata para el mismo cargo y está obligado a pedir licencia sin sueldo; y, en esa línea, exhortó a Diana Atamaint a que haya un pronunciamiento oficial sobre la obligatoriedad del mandatario de solicitar licencia.
El legislador del PSC Vicente Taiano recalcó que la ley electoral ordena que los candidatos cumplan con este requisito, pues una persona tendrá que estar en recorridos en provincias informando de sus propuestas y “¿en qué momento va a asistir a cumplir con sus funciones de asambleísta?”, se preguntó.
Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, opinó que durante un proceso electoral ningún actor puede tener ventaja por sobre otros. “La ventaja, en principio, es tener un cargo con el que puede hacer campaña y mejorar sus posibilidades para ganar una elección”.
Agregó que el pronunciamiento de la CC del 2010 no pone en discusión “la licencia sin sueldo, ni tampoco al candidato que es autoridad, se refiere al cómputo de si es o no una reelección”, enfatizó.
Por su parte, la bancada de ADN preveía debatir el jueves anterior el procedimiento que adoptarían para esos 33 días, pero, hasta el cierre de esta publicación, no hubo un pronunciamiento.
Fuente: El Universo