El interés del cantón Sucre por ser la sede de una cárcel de máxima seguridad, que iba a construirse en Archidona (Napo), trajo a la escena otros proyectos como la escuela de seguridad penitenciaria, que fue cerrada y la promesa de una prisión modelo para mujeres que nunca se concretó.
Solo está operativo el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Bahía de Caráquez. Las cuatro cárceles que se ubican en Manabí, una de las provincias más conflictivas de Ecuador, y bajo estado de excepción, están diferenciadas porque tienen el sello de la organización narcodelictiva Los Choneros.
De hecho, la fuerza pública ha reconocido que todos los procesos delictivos dentro de las prisiones de Manabí y la mayoría de los que se cometen en las calles son coordinados por esta agrupación.
Más allá de la construcción de un penal, la población, expertos y funcionarios se cuestionan la evidente ausencia de la rehabilitación social dentro de estos centros, ya que no hay cifras que avalen cuántos presos han logrado reinsertarse en la sociedad.
“Salen más preparados para el robo, porque no existe en sí una rehabilitación social, son de libre albedrío, se manejan por códigos internos y no existe la mano del Estado”, opina el perito en Criminología, Luis Lara.
En esto coincide Lenin Barreto, asambleísta por Manabí Distrito 1 y oriundo de Sucre, quien asegura que el Gobierno “necesita centros de rehabilitación, no lugares donde los delincuentes saquen maestrías y hasta doctorados. El objetivo es que el ciudadano se rehabilite y se inserte a la sociedad”.
PRIMICIAS hace un mapeo sobre la localización de Sucre y la situación compleja que ha llevado a este cantón a ubicarse como uno de los más conflictivos de la provincia.
La solicitud ‘inesperada’
Fue el pasado 16 de diciembre de 2024 cuando el alcalde Carlos Mendoza envió una solicitud de implementación de un proyecto de infraestructura (cárcel) al ministro de Gobierno, José De La Gasca.
En el documento se muestra el interés de la municipalidad manabita de acoger la construcción del proyecto penitenciario de “gran escala” presupuestado en USD 52 millones.
Sucedió luego de que el gobierno de Daniel Noboa anunció que la obra de una cárcel de máxima seguridad, inicialmente planificada en Archidona (Napo), será ejecutada en un nuevo punto de Salinas, provincia de Santa Elena.
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