Los presuntos chats atribuidos a Fernando Villavicencio, excandidato a la Presidencia de la República, quien fue asesinado en agosto de 2023, avivaron la pugna que hay entre el correísmo y la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Desde septiembre, las actividades de la bancada de RC en el Legislativo y las tareas de Salazar transcurrían por cuerdas separadas. Sin embargo, el conflicto se reactivó el 16 de diciembre, cuando la legisladora del correísmo, Sofía Espín, ofició a su coidearia Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, para que se abra una investigación a la filtración de los supuestos chats de Villavicencio. La justificación de la asambleísta para plantear ese pedido es que habrían diálogos con actores políticos, periodistas y funcionarios, entre ellos la fiscal Diana Salazar.
Aguirre atendió la solicitud de Espín y pidió la comparecencia de asambleístas y exfuncionarios. Entre los convocados están Diana Salazar y el fiscal subrogante, Wilson Toainga. Las asistencias a la Mesa Legislativa iniciaron el 18 de diciembre.
La no comparecencia de Salazar y Toainga fue evidente. Ante esto, Aguirre, en tono molesto cuestionó, que Toainga se haya negado a asistir a la Comisión para explicar al país, lo que calificó como “inacción” de la Fiscalía en diferentes casos relacionados con la información que consta, según dijo, en el teléfono de Villavicencio.
Luego, apuntó sus dardos contra Salazar. Pidió a Toainga informar sobre el paradero de la Fiscal, para saber si estaba o no en el país, ejerciendo sus funciones.
“Ciertos asambleístas han hecho sus cálculos, saben que en diciembre cumplí mis 40 semanas de embarazo y conocen las consecuencias del nacimiento”, respondió Salazar a su detractora.
Para la Fiscal, con el pedido por conocer su datos y ubicación, la asambleísta “finalmente ha dejado ver su verdadero interés: conocer mi ubicación”. Salazar supone que esa información es “interesante para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia”.
Consideró también que parecería que desde ciertos movimientos políticos tuvieran como objetivo hacerles el trabajo más fácil, como ha venido ocurriendo en todo este tiempo, porque resulta que “es más importante conocer mi ubicación que la de los procesados del caso Metástasis, que continúan prófugos”, afirmó.
Salazar defendió su gestión y resaltó que el fiscal subrogante está sustentando los procesos “Independencia judicial”, “Reconstrucción de Manabí”, “Purga”, etc, sin inconveniente. La Fiscal cree que (desde el ámbito político) se intenta distraer la atención de las investigaciones que desarrolla.
“Da la impresión de que no se cansan de buscar la forma de entorpecer procesos judiciales, sobre todo en los que sus allegados se han visto inmiscuidos directa o indirectamente (y son varios)”, apuntó Salazar.
Sin mencionar la investigación a los supuestos chats de Villavicencio, Salazar, afirmó que la validez de los documentos (digitales) “solo los certifican ellos (los políticos en la Asamblea) los celebran y aúpan la impunidad”. (SC)
Giussepe Cabrera cree que hay una venganza personal contra la Fiscal
El docente universitario en teoría política, Giussepe Cabrera, cree que es claro que en el círculo del correísmo hay una venganza personal contra la Fiscal, para dañar su imagen ante la opinión pública. “No le soportan, sienten que ella ha sido el instrumento para sentenciar (a sus líderes) y no le van a soltar”, indicó.
Cabrera vaticina que cuando la fiscal Diana Salazar concluya su función de seis años, en abril de 2025, y deje el cargo, “será indudable que le seguirán persiguiendo; y muy probablemente la Fiscal no se quedará en el país”, afirmó.
Diario La Hora