La resolución de la acción de protección para evitar la suspensión y una posible destitución del cargo, que planteó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad deberá esperar su resultado, para el próximo 23 de diciembre a las 11:00. Esto en medio de la confusión con la que se quedó la jueza a cargo del caso porque no obtuvo la respuesta del Gobierno: en dónde dice que se puede sancionar por 150 días de suspensión y cuál es la falta grave que configura esa sanción.
La jueza de la Unidad Judicial de Quito, Nubia Vera Cedeño cerró la sustanciación de la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad, en contra del Ministerio de Trabajo, su ministra Ivonne Núñez y una funcionaria Ruth Espinoza Avilés, por el sumario administrativo que terminó con la suspensión del cargo por 150 días porque en su función de embajadora por la paz en Israel no se trasladó a Ankara (Turquía), antes del 1 de septiembre y lo hizo ocho días después.
No obstante, Espinoza Avilés no ha asistido en las últimas dos audiencias, pese a ser la demandada ya que fue quien tramitó y firmó la resolución con la que se sancionó a Abad con la suspensión en el ejercicio del cargo por 150 días. A la diligencia, que se realizó en la unidad judicial de la Familia de Quito, asistió la Vicepresidenta y su equipo de defensa y un grupo de policías de la seguridad presidencial.
Al final de este acto aseguró que esta sanción es un acto persecutorio y que fue orquestado desde el inicio para “violar la sucesión presidencial”. En ese sentido, pidió a la jueza que acepte su recurso y evite que se sigan afectando sus derechos.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez intervino de forma virtual y se expuso a una interpelación. La jueza Vera dio paso a la última fase en el trámite de este recurso y dio la palabra a la accionante.
Sus abogados, Dominique Dávila y Damián Armijos, expusieron sus argumentos de defensa por más de una hora y pidieron que se acepte la acción. Se alegó que la suspensión por 150 días no está contemplada en ninguna norma que rige a los funcionarios del Estado.
Que se vulneraron los derechos de Abad
Armijos aseguró que en el Ministerio de Trabajo “se inventaron” el acuerdo ministerial que reguló el sumario administrativo, al igual que la sanción adoptada. Siguió la ministra Núñez, quien tuvo que ahondar en explicaciones porque en la ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento no está precisado.
La magistrada insistió por varias ocasiones a la ministra para que le explique por qué se sancionó a la Vicepresidenta con la suspensión aplicando un artículo relacionado con la destitución de una autoridad.
Núñez indicó que se probó que Abad incurrió en una falta grave porque no justificó porque no llegó a Turquía antes del 1 de septiembre y lo hizo el 9 de septiembre.
A la segunda mandataria se le sancionó, explicó Núñez, con base en el artículo 15 de la Losep, en el que se señala que un funcionario tras ser destituido estará fuera por dos años y no podrá reintegrarse a la misma institución. Y la sanción se adoptó con base en el artículo 86 del reglamento a la ley al haberse configurado una falta grave y, a su vez, el artículo 48 de esta normativa detalla que la falta grave es el ausentarse por tres o más días de su puesto de trabajo.
Según la ministra, el artículo 15 de la Losep recoge un tiempo de dos años (24 meses) que suspende a una autoridad. Entonces, como no se la puede destituir se le aplicó la sanción de suspensión por 150 días. Reconoció que la ley no aplica una suspensión de 150 días, pero se contempla 24 meses y más de 700 días. Por lo que, los 150 días corresponden a un 20, 55 % y esta fórmula se ejecutó porque Abad no puede ser destituida.
La jueza Vera insistía en a ella no le queda claro cómo se emitió este sumario y la sanción.
Núñez pidió que no se acepte esta acción y que se envíe el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se investigue a Abad por perjurio, porque en octubre pasado presentó una acción de protección en contra del sumario administrativo, las mismas personas e instituciones.
Sin embargo, Abad presentó esta segunda acción de protección y declaró bajo juramento que no había impulsado un recurso similar, pese a que ya presentó y en contra de las mismas personas también pidió que se envíe el caso al Consejo de la Judicatura (CJ) para que se investigue a los abogados de Abad por abuso del derecho. (I)
Fuente: El Universo