Ecuador amanecía el 14 de diciembre de 2023 conociendo que en más de 75 allanamientos en un operativo simultáneo denominado Metástasis se detuvo a 31 personas, entre jueces provinciales, fiscales, policías, peritos, servidores penitenciarios —todos en funciones—, abogados e incluso al propio presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y a quien hacía poco había sido el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el general (s. p.) Pablo Ramírez.
La operación Metástasis había comenzado la noche anterior, es decir, el miércoles 13 de diciembre de 2023, en las provincias de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Más de 900 funcionarios de Fiscalía, de unidades especiales de la Policía, entre otras entidades, ejecutaron órdenes judiciales como parte de una investigación ante una delincuencia organizada en el contexto de hechos relacionados con actos de corrupción en el sistema de justicia y que mantenía nexos con el narcotráfico.
La explotación pericial de varios celulares pertenecientes a Leandro Norero, quien antes de su muerte, el 3 octubre de 2022, era investigado por delitos como narcotráfico y lavado de activos, le permitió a la Fiscalía ir dibujando una trama de corrupción que conformó una “empresa criminal”, la cual para alcanzar sus metas ilícitas tuvo que contaminar a operadores del sistema de justicia y funcionarios que estaban a cargo de investigaciones penales contra Norero o sus cercanos.
La fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos que terminó el 15 de diciembre de 2023, afirmaba que Norero, “como un buen criminal”, registró todas las negociaciones que hacía a través de sus teléfonos celulares. Una particularidad de ese hecho —indicó— es que el narcotraficante les exigía a los miembros de su cúpula que eliminaran los mensajes de la aplicación, pero él mantenía guardada toda esa evidencia.
La ‘empresa criminal’ manejada por el narcotraficante Leandro Norero
Los celulares que tenía alias el Patrón, como conocían a Norero en el mundo delictivo, le sirvieron para desde la cárcel de Cotopaxi montar un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar impunidad. “El privado ve la libertad manteniendo comunicación con toda su trama de delincuencia”, sostuvo Salazar.
La cúpula de esta organización delictiva manejada por Norero tenía que, entre otras funciones, buscar a jueces provinciales y nacionales que podían dar paso a los recursos penales (apelaciones, cambios de delito…) y acciones constitucionales (habeas corpus, acciones de protección…) que necesitaba algún miembro del grupo delictivo o la familia de Norero.
A los jueces que eran contactados y estaban dispuestos a cumplir las órdenes del Patrón, a recibir dineros o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos, los llamaban “los suicidas”. Este calificativo se daba porque tenían la amenaza de la persecución penal de la Fiscalía o la posibilidad de ser destituidos de sus cargos por el CJ.
En esa línea de investigación, en el expediente fiscal fue apareciendo nueva información y otros datos se fortalecían. Eso llevó a que se dieran dos vinculaciones. La primera ocurrió el 4 de enero pasado, en la que se sumó a los 31 investigados iniciales y 8 nombres más, entre ellos un empresario cercano a Norero, Xavier J.; el abogado de alias el Patrón, Christian R.; y el empresario Daniel Salcedo.
La segunda se dio el 15 de marzo pasado y ahí se vinculó a trece sospechosos más, entre los cuales estaba el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y la exintegrante de la Comisión de Pacificación de Cárceles, la colombiana Claudia G.
El desenlace de un año de procesamiento
Un año después de iniciado el proceso judicial que reveló al país la infiltración del sistema de justicia por estructuras organizadas vinculadas al crimen organizado con el fin de obtener impunidad, beneficios penitenciarios, fallos favorables y recursos económicos, de las 52 personas investigadas, solo 32 han recibido una sentencia de culpabilidad por los actos cometidos, 8 mantienen en suspenso su juzgamiento al estar prófugos, a uno se le suspendió el juicio por haber sido calificado como candidato a la Asamblea Nacional, otro fue declarado inocente en la etapa de juzgamiento, 7 fueron sobreseídos por el juez de la CNJ Manuel Cabrera y 3 recibieron un dictamen abstentivo de parte de la Fiscalía.
El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, define la sentencia en el caso Metástasis como la demostración de que en el país ha existido y ha sido sancionada una estructura delincuencial que logró tener jueces y funcionarios públicos de alquiler para que encubran sus actos y para propiciar toda clase de acciones graves en contra del propio Estado. “Al país le queda la preocupación de que los delincuentes de cuello blanco, básicamente los vinculados con la narcodelincuencia, han metido manos y han logrado con sus tentáculos ventajas para favorecer su acción y su actividad”, describe.
De los 32 declarados culpables que recibieron una pena de cárcel, 12 se acogieron al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz para obtener penas reducidas que van desde los 15 meses hasta los 40 meses de prisión. En este grupo están expolicías, abogados, exjueces, quien fue mano derecha de Norero —Hélive Angulo—, el empresario Daniel Salcedo y la excomunicadora de la Corte del Guayas Mayra Salazar, a quien pertenecía el celular que, luego de su explotación pericial, dejó datos para abrir el caso Purga o fortalecer la tesis del caso Independencia Judicial.
A los doce procesados se les impuso el pago de una multa de $ 5.200 y una reparación integral de $ 11.040, y para varios se ordenó la devolución al Estado de los dineros que dentro del proceso se demostró que recibieron de Norero o de alguien cercano a él. Por ejemplo, Salazar debe devolver al Estado ecuatoriano $ 6.300; los exjueces Harry Lindao, Emerson Curipallo y Richard Gaibor, $ 50.000, $ 200.000 y $ 5.000, respectivamente; y el hoy expolicía Christian Chicaiza, $ 5.000.
Tribunal sentencia a 20 como culpables y declara a uno inocente
En cambio, de los 21 investigados que llegaron a la audiencia de juzgamiento, 20 fueron declarados culpables del delito de delincuencia organizada y solo a uno se le ratificó su estado de inocencia: el agente fiscal del Guayas Jhon Camposano.
Mercedes Caicedo, jueza ponente del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aseguró en su resolución oral, el 25 de noviembre pasado, que por unanimidad condenaron a 20 personas como autoras directas de una delincuencia organizada, pues se comprobó que fueron parte de una “empresa criminal” que mantuvo líderes y colaboradores para concretar los objetivos de manejo de la justicia e impunidad de quienes actuaban para favorecer al narcotraficante Leandro Norero o su familia.
Como líder de la estructura fue condenado a diez años de cárcel el abogado Xavier Alexander N. A., alias Novi o Novita; mientras que entre los doce colaboradores que recibieron una pena agravada de nueve años y cuatro meses, por haber sido servidores públicos en el momento de cometerse el ilícito analizado, están el exjuez de la CNJ y expresidente de la Judicatura Wilman Terán, alias Diablo, y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, cree que, más allá del golpe grave que recibe la estructura de justicia al evidenciar con esta sentencia que el sistema judicial está corrupto, que abogados, fiscales, policías y jueces son corruptibles o que se pueden ganar procesos aunque no se tenga razón, lo que se debe buscar es reunirse todos quienes hacen el sector justicia y acordar cambios que apunten en un solo sentido: el erradicar la corrupción.
Existió otro grupo de procesados a quienes se los definió como colaboradores, los cuales al no ser funcionarios públicos no se les tomó en cuenta agravante alguna y solo se les aplicó la pena máxima para la delincuencia organizada, es decir, siete años de prisión. Además, pese a ser ubicados como colaboradores, dos abogados en libre ejercicio y la excomisionada de Pacificación, Claudia G., fueron condenados a tres años y cuatro meses de cárcel. A estos últimos se les hizo efectiva la atenuante de haberse mantenido siempre respondiendo ante el proceso.
La jueza ponente del Tribunal de Juzgamiento dispuso a la Fiscalía que inicie las investigaciones pertinentes sobre la participación en posibles actos delictivos de jueces, fiscales, periodistas y abogados en libre ejercicio que han sido nombrados en los 29 días de juicio en Metástasis y que no aparecen dentro de la lista de procesados.
Además del desfile de testigos, peritos y documentos presentados en el juzgamiento de Metástasis, los jueces integrantes de la sala habrían podido observar la existencia de delitos que van más allá de la delincuencia organizada investigada. Entre esas figuras penales que deberían analizarse están el tráfico de armas, de drogas, lavado de activos, testaferrismo, sicariato, preparación de asesinatos, enriquecimiento privado no justificado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias e intimidación.
Al ser una sentencia de primera instancia, ya los afectados piensan en apelarla, pues insisten en que son inocentes y no se ha valorado correctamente su prueba. Por otra parte, para al menos tres de los llamados a juicio que mantienen la calidad de prófugos: el exasambleísta Ronny Aleaga y los empresarios Xavier J. y Marcel L., la Fiscalía solicitó formalmente a la Corte Nacional que inicie su proceso de extradición para poder continuar con la fase de juzgamiento. (I)