Este martes, la Comisión de Garantías Constitucionales llevó a cabo una sesión dedicada a fiscalizar el proceso de creación del Museo de la Memoria, con la participación de víctimas de violaciones a los derechos humanos, representantes de la Policía Nacional y diversos actores sociales.
María Fernanda Restrepo, reconocida como víctima según el Informe de la Comisión de la Verdad, destacó la necesidad del Museo para garantizar la memoria histórica y la reparación integral de las víctimas. En su intervención, señaló que este espacio será crucial para evitar la repetición de hechos oscuros en el futuro.
Por su parte, Guadalupe Muñoz Naranjo, también identificada como víctima por el mismo informe, compartió su experiencia de represión y tortura durante los años 80, destacando que las violaciones de derechos humanos no distinguen género ni condición social.
Andrés Aguirre Jaramillo, abogado de la Mesa Nacional de Víctimas, subrayó la falta de voluntad política para garantizar justicia y reparación a las víctimas, aunque recalcó la relevancia de un espacio como el Museo de la Memoria para preservar la verdad histórica.
Desde la Policía Nacional, el comandante de la Zona 9, Jaime Ruales, informó sobre el trabajo realizado en Quito. Además, señaló que la ubicación actual propuesta para el museo fue en su momento un punto estratégico para la institución.
Jhajaira Urresta, víctima de violaciones de derechos humanos, enfatizó que el Museo de la Memoria no solo será un espacio de reparación, sino también de reivindicación para las víctimas y sus familias. Destacó que el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y Patrimonio, y la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, la presidenta de la Comisión, Paola Cabezas reiteró que el Museo constituye un paso hacia la reparación integral y que es fundamental recoger las sugerencias de las víctimas y de la ciudadanía para definir el lugar más adecuado para su implementación.
SH
