Ni el Ejecutivo ni el Legislativo ceden en sus posiciones frente al trámite del proyecto económico urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Mientras la Asamblea Nacional afirma que ya hubo un pronunciamiento, el Gobierno aguarda pacientemente que llegue el 9 de diciembre para remitir el documento a publicación en el Registro Oficial.
Hay dos posiciones políticas marcadas respecto a este proyecto urgente que modulaba, a través de una tabla, el cobro del impuesto por la compra y venta de vehículos usados, actividad comercial que para el Ejecutivo
constituye una forma de lavar activos.
La Asamblea Nacional, el 27 de noviembre, reunió 84 votos entre RC, PSC, Construye, PK e Independientes y negó y archivó, en primer debate, el proyecto económico urgente por romper el principio de unidad de materia y porque, a criterio de varios legisladores de la oposición, tiene un ‘tufo a persecución’ y era puramente recaudatorio.
La decisión legislativa fue publicada en el Registro Oficial por solicitud de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y notificada al presidente de la República, Daniel Noboa, quien devolvió el documento al Legislativo y aguarda el plazo que tenía la Asamblea para el trámite de su propuesta.
La legisladora Valentina Centeno dijo que la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) defiende la necesidad de desarrollar normativa que golpea al financiamiento de las estructuras criminales, es decir, al músculo financiero de las personas que generan el terror en las calles.
Dijo que hay auditorías internacionales que establecen que la regulación de los clubes de deporte profesional es muy necesaria, que estas organizaciones deportivas deben operar como empresas y ser transparentes con sus cuentas. Pero “lamentablemente, la Asamblea Nacional no ha dado paso, y no solamente eso, se ha saltado el procedimiento y en un primer debate han archivado este proyecto de ley que era muy importante para nosotros como gobierno”.
Centeno dijo que ADN insistirá en su tesis de que lo sucedido con esta ley urgente es inconstitucional, porque no se establece en la normativa un archivo en primer debate; por lo tanto, “como la Asamblea no aprobó ni negó y se saltó el procedimiento, esta ley pueden entrar en vigencia por el ministerio de la ley”.
Su coideario de bancada Adrián Castro también dijo que la oposición de manera ilegal e inconstitucional archivó en primer debate el proyecto urgente del Ejecutivo.
El primer vicepresidente de la legislatura, Otto Vera (PSC), afirmó que la Asamblea Nacional está clara en que la ley “antipillos”, denominada así por el presidente de la República, por ser recaudadora, fue negada y archivada en el pleno, eso ya está publicado en el Registro Oficial y no hay una forma legal de que pueda ser tratada de ninguna forma.
“Vamos a ver si es posible publicar en el Registro Oficial una ley que fue negada y archivada por la Asamblea, donde ni siquiera procede la devolución de la notificación que se realizó como Asamblea al Ejecutivo”; por lo tanto, no podemos activar lo hecho por el presidente respecto a devolver una carta que contiene la decisión legislativa frente al proyecto de ley.
Su coidearia Alexandra Castillo (antes Construye, hoy PSC) también dijo que la legislatura se basó en la Constitución y la ley orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, “hemos actuado en base legal, y le pido al presidente de la República que por esta ocasión revise la Constitución y tiene que asesorarse, y el secretario de Presidencia debe hacer un análisis a profundidad y buscar apoyo si desconoce la normativa”.
Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, proponente de la moción para negar y archivar el proyecto urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, explicó que en el proceso de formación de la ley se crea una ley cuando se aprueba por parte de la Asamblea Nacional, y en ese momento, el presidente de la República entra a actuar como colegislador, pero cuando se niega la ley, el primer mandatario no tiene nada que hacer sobre el tema.
En el caso de la ley urgente, que pretendía crear impuestos a cuenta de que era para combatir el lavado de activos, la legislatura ya emitió su pronunciamiento y eso está publicado en el Registro Oficial.
Si el presidente Noboa desconoce la facultad legislativa de la Asamblea “estamos ante la declaratoria de un señor que se cree dictador y que está por encima del bien y el mal, por encima de las facultades que establece la Constitución en torno a la Función Legislativa y todo lo que establece en el artículo 140 de la Constitución”, anotó.
Peñafiel reiteró que frente a esta ley urgente la Asamblea ya hizo lo que le corresponde, excepto que la presidencia de la Asamblea busque una interpretación constitucional, pero eso será aparte de lo que ya resolvió el pleno.
Del sector de independientes, el legislador Rafael Dávila comentó que los asambleístas “estamos conscientes de que esta propuesta de ley es inconveniente, deberíamos evitar la pelea, evitar la pugna y eso es sencillo: si el Gobierno cuestiona que no hubo un segundo debate, entonces hagamos el segundo debate y estamos a tiempo”.
Dijo que esta salida depende de que se muestre voluntad política y sobre todo, de ser prácticos donde el órgano directivo de la Asamblea tenga una dosis de pragmatismo. Porque “si queremos sostenernos en la intransigencia de decir que el proyecto ya fue negado, pero el Gobierno también tiene sus armas para impedir que esa ley quede archivada, y seguramente va a ordenar que se publique en el Registro Oficial, después se puede hacer una demanda ante la Corte Constitucional y ese organismo se tomará mucho tiempo”. (I)
Diario El Universo
