La contratación pública de un régimen refleja sus prioridades, pero también las dificultades económicas que hay para cubrir el gasto permanente.
La inversión en contrataciones en el primer año de labores de Daniel Noboa demuestra que la obra pública quedó relegada. Las limitaciones en el presupuesto es una de las causas.
El total contratado por Noboa entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 es de $ 3.447,2 millones, según las cifras del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
- El monto incluye a las entidades de la administración del Estado (como los ministerios), las empresas públicas (EP) de la Función Ejecutiva, seguridad social y la educación superior, todo en conjunto bajo el título de Gobierno central y sus empresas públicas (EP).
La obra pública representó el 9,6 % del monto total contratado con $ 329,5 millones.
“No hay un énfasis muy fuerte en obra pública en el régimen actual, además estas demoran más en hacerse”, afirma Manuel Macías, especialista en contrataciones públicas.
La cárcel del Encuentro y rehabilitación vial de Los Ríos, las dos obras más costosas contratadas por Noboa
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) contrató la obra pública más costosa de este año: la Cárcel del Encuentro que se construye en la provincia de Santa Elena a un costo referencial de $ 52,1 millones.
Para levantar esta obra se usó el régimen especial, más específicamente a través de contrataciones con empresas públicas internacionales.
El 21,7 % del monto contratado por el régimen de Noboa corresponde al régimen especial ($ 749,6 millones), un mecanismo que implica una adjudicación de manera más directa, afirma Macías.
”Los de régimen especial son los que se hacen por emergencia de manera más rápida y están ligadas a invitación y contratación directa, no pasa por un concurso competitivo y a mediano plazo como los del régimen común”, explica.
Los detalles de esta obra fueron clasificados como información reservada del SNAI, por lo que no se puede acceder a las especificaciones del proyecto.
La segunda obra ya contratada más cara de Noboa es la rehabilitación del corredor vial Buena Fe-Jujan, en la provincia de Los Ríos, a un precio referencial de $ 36,3 millones.
El proyecto licitado por el Ministerio de Transporte incluye la construcción de carriles de rebasamiento en el tramo entre Quevedo y San Juan y la ampliación a cuatro carriles del trayecto San Juan-Babahoyo.
El mecanismo empleado fue también la contratación con empresas públicas internacionales dentro del régimen especial.
El proceso indica que se envió correo electrónico a dos compañías, una de ellas fue Puentes y Calzadas Infraestructura (la misma que construye la cárcel de Santa Elena), para que manifiesten su interés de realizar la obra.
Finalmente solo la compañía China Civil Engineering Construction Corporation remitió su interés y fue la escogida, esta es una firma estatal del gigante asiático.
José Morán, experto en contratación pública, indica que llama la atención que haya $ 88,4 millones en estos dos contratos con empresas públicas internacionales, todas de capital chino, asegura.
A estas se sumaría la adjudicación para la construcción de una nueva cárcel en Archidona, en la provincia de Napo, que se está ejecutando con la misma figura y contratista en un proceso publicado el 25 de noviembre pasado.
Se trata de las contrataciones con empresas públicas internacionales dentro del régimen especial por $ 51,9 millones que está en la fase de calificación de participantes, la que también tiene como único oferente invitado a Puentes y Calzadas Infraestructuras del Grupo Puentes, cuyo paquete accionario es controlado por la empresa pública China Road And Bridge Corporation del gigante asiático.
Morán señala que hay procesos de contratación que son competitivos y los que no lo son.
“En la rama de los no competitivos están los que son de contratación directa. La Ley de Contratación Pública para comprar bienes, servicios y obras tiene 25 tipos de procedimientos, en unos todos pueden competir y participar y otros son como reservados o régimen especial”, asegura el especialista.
Hay casos en los que se justifica adquirir el bien porque es un repuesto de una determinada marca.
La contratación de bienes y servicios ha sido prioridad en el régimen de Daniel Noboa
Noboa asumió el poder el 23 de noviembre de 2023 tras la activación de la muerte cruzada por parte del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso (2021-2023), que derivó en las elecciones presidenciales anticipadas.
El sitio web del Sercop da cuenta de las contrataciones realizadas durante lo que va del mandato de Noboa y en qué se ha invertido.
De los $ 3.447,2 millones destinados para contratación pública por el régimen de Noboa, el 65 % se contrató a través del régimen común ($ 2.240 millones).
El 21,7 % del monto corresponde al régimen especial ($ 749,6 millones). Y el 13,3 % restante, que son $ 457,6 millones, se empleó a través de otros procedimientos.
La mayor parte del gasto en contrataciones públicas del Gobierno central y sus EP se fue en la compra de bienes, desde papel para oficinas, equipos como computadoras y todo lo que se requiere para mantener los servicios estatales, lo que es el 41,5 % del total ($ 1.432,1 millones).
Los bienes son cosas corpóreas e incorpóreas de naturaleza mueble o inmueble que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus atribuciones y fines, a través de la utilización o consumo de estos, señala el Sercop.
El segundo rubro registrado en contrataciones fue para servicios, el 39,7 %, lo que implicó el desembolso de $ 1.368,4 millones.
Siguen la obra pública (9,6 %), los seguros (4,2 %), fármacos (3,7 %) y consultorías (1,4 %), según el Sercop.
El tercer contrato más oneroso adjudicado de manera directa por el régimen de Noboa lo manejó el Ministerio de Educación por $ 24,3 millones para la provisión de raciones alimenticias (programa de alimentación escolar) a los estudiantes de las zonas 2 y 9 que corresponden a las provincias de Napo, Orellana, Pichincha y Distrito Metropolitano de Quito.
Fue adjudicado a Lácteos San Antonio en un proceso publicado en agosto pasado a través del catálogo electrónico, que es parte del régimen común.
Agosto pasado es el mes cuando más se destinó para contrataciones por parte del Gobierno central y sus EP con $ 708,4 millones.
Sigue el Ministerio de Educación ($ 206,2 millones), la Corporación Eléctrica del Ecuador Celec EP ($ 142,7 millones), la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP ($ 120,9 millones) y el hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ($ 63,2 millones), según la información actualizada hasta el 30 de noviembre pasado.
Esta es una información que se actualiza casi en tiempo real en el sistema de datos abiertos del sitio web del Sercop.
Más de la mitad de las contrataciones y compras estatales corresponden al Gobierno Central y sus EP
El 53,3 % del monto destinado para contrataciones públicas, entre enero y octubre de este año, corresponde a lo comprado por el Gobierno central y sus EP, según el Sercop.
Este porcentaje equivale a $ 3.014,1 millones, que es el total invertido durante lo que va del año en contrataciones por el régimen de Noboa.
El 42,19 % ($ 2.386,2 millones) corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus EP. Y el 4,51 % restante ($ 255,1 millones), a otras entidades, que abarcan a las sociedades anónimas que reciben recursos públicos y a las financieras públicas. (I)
Diario El Universo
