Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, convocó al Pleno a sesionar el próximo 4 de diciembre, a las 09:00.
Este informe sobre el proceso de fiscalización se aprobó el 26 de julio en la Comisión de Transparencia.
¿Qué concluyó la Comisión sobre el acuerdo?
El objeto analizado por la Comisión fue que el Gobierno ecuatoriano concretó con el FMI un acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), con un acceso equivalente a 4.000 millones de dólares. Ya hubo un desembolso de 1.000 millones y este mes de diciembre se espera un segundo desembolso de 500 millones.
En el informe se detallan 18 conclusiones. Por ejemplo, se señala que el crédito SAF es de libre disponibilidad, por lo que el Gobierno podría decidir el destino del crédito recibido. “Sin embargo, no hay evidencia que el crédito otorgado por el FMI tenga como destino palear el déficit de gasto social o para inversión social. Lo que se espera es que el Estado ecuatoriano pague deuda externa con el mismo crédito”, según el documento de la Comisión.
En la primera recomendación, de ocho, el informe sugiere declarar que el acuerdo de crédito SAF, en su contenido y cláusulas, carecen de validez y eficacia.
Se plantea solicitar al Gobierno que se abstenga de pagar o requerir los desembolsos derivados de este acuerdo. Que se inicie el juicio político contra el ministro de Economía, Juan Carlos Vega.
También se propone solicitar que el Pleno de la Asamblea requiera o exhorte al directorio del FMI que elimine, condone o perdone las sobretasas o recargas que cobra a Ecuador, “al ser el quinto país más endeudado con este organismo”. (KSQ).
Diario La Hora