Imagine un país en donde el político de turno, o un grupo de presión, puede manipular fallos judiciales, tomar decisiones para perjudicar a rivales electorales, o vulnerar contratos firmados con inversionistas privados.
Ese país, a ojos de cada vez más inversionistas internacionales, es Ecuador, con su justicia politizada e infiltrada con el narco, con instituciones, como ya analizó LA HORA, que son débiles y operando a favor de grupos de presión y de interés mientras se frena la competencia y se precariza un mercado laboral cada vez más informal.
El resultado es que Ecuador ha mostrado un triste historial de ahuyentar a la inversión nacional y extranjera. Actualmente, la Inversión Extranjera Directa (IED) representa el 0,3% del PIB, de las más bajas de América Latina y el Caribe. El promedio regional es de 2,9% del PIB y el récord corresponde a Chile con 6,5% del PIB.
En promedio, al país han llegado entre $800 y $1.000 millones de capitales extranjeros al año, pero ahora se ha caído a niveles hasta 8 veces menores.
¿Por qué somos un país no desarrollado? El problema no es que no podamos acceder a tecnología de punta, que en el mundo actual puede ser fácilmente adquirida.
Tampoco tiene que ver con la inexistencia de técnicos capacitados en la aplicación de esas tecnologías, porque de no haberlos en el país podrían ser contratados en el mercado internacional y traídos para que apliquen sus conocimientos.
Lo principal que nos falta para ser tan prósperos como cualquier país desarrollado es capital, según un último análisis del Grupo Spurrier. El ahorro es la condición necesaria para impulsar la inversión, pero en un país de menor desarrollo como Ecuador el ahorro nacional siempre será insuficiente y deberemos complementar esta política creando condiciones atractivas para que vengan recursos externos (ahorro de otros países).
“Para Ecuador, el desafío radica en construir instituciones sólidas que garanticen seguridad jurídica y eliminar la desconfianza generada por decisiones regulatorias inesperadas. Sin capital, no es posible adquirir tecnología, aumentar la productividad ni generar empleo de calidad. Esta visión, respaldada por los más recientes galardonados con el Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, subrayan la importancia de instituciones robustas para el desarrollo sostenible”, explicaron Walter Spurrier y Alberto Acosta Burneo.
Sin embargo, como le explicó Sebastián Hurtado, presidente y fundador de Prófitas, “La percepción internacional del Ecuador es la de un país en donde los líderes políticos están dispuestos a hacer casi cualquier cosa”.
El Estado de Derecho está en caída libre en Ecuador
Ecuador ha experimentado un deterioro significativo en su posición en el Índice Global de Estado de Derecho, elaborado por el World Justice Project. El país cayó 11 puestos, del 86º en 2020 al 97º en 2024 (entre un total de 142 países), ubicándose entre las naciones con peor desempeño en América Latina.
A nivel regional, Ecuador se encuentra entre los diez países con peor desempeño, superando únicamente a Nicaragua, Haití, Venezuela, entre otras naciones. Uruguay, Costa Rica y Chile lideran la región, destacándose por sus sistemas legales fuertes y estables.
De Ecuador, preocupa el fuerte deterioro en justicia civil que cayó -31 puestos al 108º a nivel global entre 2020 y 2024 y en cumplimiento regulatorio, caída de -25 puntos a 97 º.
El país, de acuerdo con Ricardo Pérez, economista y consultor en temas de Inversión Extranjera Directa, preocupa internacionalmente porque no se respetan las leyes ni la constitución y la política “manipula de decisiones en temas judiciales, de telecomunicaciones, relaciona internacionales, inversiones, procesos electorales, entre otros”.
Desde la entrada a la Embajada de México en Quito para apresar al exvicepresidente Jorge Glas hasta la inhabilitación ilegal e inconstitucional de la actual vicepresidenta Verónica Abad, todo este tipo de acciones refuerza la imagen de una economía “sin respeto al Estado de derecho” y donde se confirma la teoría de que las instituciones débiles y politizadas dan como resultado una economía pobre, informal y sin suficiente inversión tanto nacional como extranjera.
De acuerdo con Acosta Burneo y Spurrier, en los últimos días esa imagen se reforzó con la extinción del título habilitante del cable submarino de Telconet.
“Un Estado de Derecho robusto es fundamental para atraer inversión y garantizar un entorno predecible. La percepción de arbitrariedad y la falta de transparencia ponen en entredicho la capacidad de Ecuador para ofrecer condiciones confiables para el capital extranjero”, apuntó el análisis del Grupo Spurrier.
La discrecionalidad y la manipulación política le han costado caro al Ecuador
Las decisiones arbitrarias no solo proyectan una imagen negativa del país, sino que también han generado millonarias compensaciones por arbitrajes internacionales. La discrecionalidad en la administración pública alimenta la incertidumbre, llevando a los capitales a buscar territorios donde se respete el imperio de la ley y el debido proceso.
En el pasado la controversia levantada contra la petrolera Occidental en 2006 marcó un punto de quiebre que detuvo la inversión petrolera privada en Ecuador. Las consecuencias todavía las estamos pagando casi dos décadas después. Desde 2014, la producción petrolera de Ecuador ha caído en 100.000 barriles por día, situándose en apenas 469.000 barriles diarios en septiembre de 2024.
En 2007, la producción privada representaba el 51% del total, ha disminuido a apenas un 21% en la actualidad.
En 2022, el gobierno ecuatoriano rechazó una propuesta de inversión de $300 millones presentada por la empresa que había operado los bloques 16 y 67 durante 20 años. Esta empresa solicitaba una extensión contractual y ofrecía aumentar la producción de 15.000 a 20.000 barriles diarios. En lugar de aceptar esta oferta, los campos fueron revertidos a Petroecuador. Los resultados son evidentes: la producción cayó un 30,4% en 2023.
Un panorama similar se avecina con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que en noviembre de 2024 pasará también a manos del Estado. Esto ocurre luego de que el gobierno rechazara una propuesta de la empresa operadora, que incluía una inversión de $130 millones para construir una variante lejos de la erosión regresiva del río Coca, garantizando así la integridad de la infraestructura.
Sin embargo, en manos de Petroecuador, el OCP enfrenta un futuro incierto, con altas probabilidades de replicar el deterioro observado en los bloques 16 y 67.
En este contexto, la controversia en torno al cable submarino es vista como otro ejemplo de los riesgos que enfrenta Ecuador que puede tener un costo significativo si detiene las inversiones en un país con elevados desafíos tecnológicos. Según el Ranking de Preparación para la Red 2024 (Network Rediness Index), Ecuador se ubica en el puesto 100 º de 133 países por ancho de banda de internet internacional. Es evidente que para superar estos desafíos tecnológicos se requieren importantes inversiones internacionales.
La extinción del título habilitante para los servicios de cable submarino del grupo Telconet pone en riesgo una inversión estratégica en curso: la construcción del cable submarino Carnival Submarine Network, con una longitud de 4.500 km. Este
proyecto, en desarrollo en alianza entre Telconet y la multinacional Alcatel, representa una inversión de aproximadamente $250 millones y se prevé que esté concluido en 2025.
Alcatel tiene raíces francesas, actualmente sus operaciones y propiedad están mayoritariamente vinculadas a inversores y empresas chinas, específicamente TCL Communication y China Huaxin Post and Telecom Technologies.
Si el gobierno ecuatoriano no permite completar esta infraestructura, los accionistas podrían considerar desviar su aterrizaje a otro país. Esto no solo implicaría pérdidas económicas para los inversionistas, sino un impacto aún mayor para Ecuador.
El país perdería la oportunidad de convertirse en el único en América del Sur con un anillo de fibra óptica conectado a los Estados Unidos, un avance que habilitaría beneficios estratégicos como ser un HUB de comunicaciones y potenciar sectores clave como el procesamiento de datos, bases de datos (DB), inteligencia artificial (AI) y otros servicios tecnológicos avanzados. Esta decisión podría comprometer el futuro digital y competitivo del país. (JS)
Diario la Hora
