Delegados de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional aportaron a la Ley de Personas Adultas Mayores

En la sesión N.° 98, la Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, en la cual comparecieron delegados de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, para presentar sus observaciones y propuestas de mejora a la iniciativa normativa.

El asambleísta Arturo Moreno, proponente de la reforma, enfatizó la necesidad de que el Estado, a través del ministerio correspondiente, priorice la asignación de recursos económicos destinados a la implementación de proyectos que favorezcan el bienestar de las personas adultas mayores.

Por su parte, Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, expuso cifras del INEC que revelan que el 9 % de la población ecuatoriana pertenece a este grupo etario, compuesto en un 53.6 % por mujeres y en un 46.4 % por hombres. Resaltó el incremento de esta población y la importancia de que el Estado responda con políticas públicas adecuadas. Entre sus propuestas, destacó incluir el desarrollo tecnológico como un eje fundamental, considerando que el 80 % de las personas adultas mayores desconocen el uso de herramientas tecnológicas. Además, de definir el perfil de los cuidadores, garantizando sus derechos y asegurando su capacitación.

Entre tanto, desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional se informó sobre el envío de una matriz de observaciones que incluye la implementación de campañas de difusión sobre los beneficios disponibles para las personas adultas mayores en los gobiernos autónomos. La creación de un sistema automatizado para facilitar el acceso a plataformas como la devolución automática del IVA y la incorporación de procedimientos específicos para garantizar la devolución de impuestos y establecer sanciones para quienes incumplan con la normativa.

El proyecto busca fortalecer la protección y garantizar el desarrollo integral de las personas adultas mayores a través de reformas inclusivas y ajustadas a sus necesidades actuales.

SH

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