Mientras los sectores de oposición afirman que la Asamblea Nacional ya se pronunció al negar y archivar el proyecto urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, el oficialismo sostiene que aún la batalla no está perdida y analiza las figuras jurídicas que permitan enviar el documento a publicarlo en el Registro Oficial.
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango (ADN), hizo suyas las expresiones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien afirmó que no se podía archivar un proyecto urgente en primer debate y que se analizan varias acciones desde el Ejecutivo para defender una ley que fortalece el combate al crimen organizado y “cerrar el grifo al narcotráfico, corrupción y acabar con la impunidad económica; no basta con penas privativas de libertad altas”.
Su coideario Adrián Castro comentó que en ninguna parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que se puede archivar en primer debate un proyecto urgente; lo único que se permite es negar. Por lo tanto, al haberse atribuido algo que no está contemplado en la Constitución y la ley, han dado paso para que el Ejecutivo pueda analizar las figuras jurídicas para dar paso al ministerio de la ley.
“La batalla no se termina ahí. Lo que les molesta es que se haya incluido un impuesto pelucón, porque aplica únicamente para la compraventa de vehículos usados de más de cincuenta mil dólares”, subrayó Castro.
Lamentó que la Asamblea se niegue a discutir una ley que evitaba ciertas actividades que se prestan para el lavado, como las de los patios de vehículos usados y los clubes deportivos, no todos, porque a un grupo de asambleístas no le gustó porque venía con un impuesto a la compra de vehículos usados de alta gama.
En la sesión legislativa n.º 985, del miércoles 27 de noviembre, las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), Construye, independientes y Pachakutik reunieron 84 votos para negar y archivar la propuesta del Gobierno.
El texto de la moción aprobada dispone: “Aprobar la resolución para negar y archivar el proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, presentado mediante oficio n.º T.408-SGJ-24-0424, de 8 de noviembre de 2024, por el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, a la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
El asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye y proponente de la moción aprobada, explicó que la Asamblea tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre un proyecto de ley aceptando, negando o proponiendo cualquier cambio; lo que pasó el miércoles pasado es que la Asamblea ya se pronunció, y lo que objeta el Gobierno que no es legal negar y archivar un proyecto urgente, en el primer debate.
Peñafiel insistió en que el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa otorga atribuciones a la Asamblea Nacional para resolver el archivo en primer debate; por lo tanto, “el Gobierno se encuentra equivocado en aducir que es ilegal el pronunciamiento de la Asamblea”.
Si el Gobierno insiste en enviar al Registro Oficial la ley urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, sin lugar a dudas, se estaría ante una ley que no contiene todos los elementos y sería desconocer no solo la atribución de la Asamblea sino la Constitución, en donde consta que la Asamblea tiene la facultad explícita y específica de pronunciarse sobre los proyectos de ley urgentes. “Eso sería una desacato a la Constitución y a la ley”, advirtió.
Carmen Tiupul, del movimiento Pachakutik, precisó que la Asamblea archivó la ley urgente porque no se puede seguir metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos por más título que se coloque, como el hecho de que es una ley que va a luchar contra el lavado de activos.
La legisladora precisó que no puede enviarse al Registro Oficial una ley que fue negada y archivada en la Asamblea Nacional. “Y ahí sí nosotros estaremos vigilantes de que se siga el debido proceso, pues el presidente la República tiene todas sus atribuciones de enviar las leyes que considere, pero nosotros también de negarlas y archivarlas”, subrayó.
El asambleísta Rafael Dávila (Avanza-SUMA) indicó que si no se respeta el pronunciamiento de la Asamblea, que negó y archivó la ley urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, estaríamos hablando de un golpe de Estado y una imposición a la fuerza del primer mandatario, que pasaría a ser un dictador.
Insistió en que 84 legisladores votaron por el archivo del proyecto porque es inconveniente para el país y además inconstitucional porque no tiene unidad de materia, lo cual prohíbe la Constitución.
Fuente: El Universo
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