Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra 21 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en respuesta a la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la negación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, en las que la mayoría de los votantes apoyó al líder opositor Edmundo González Urrutia.
“En sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de Venezuela, Maduro ignoró la voluntad de la abrumadora mayoría de votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, declararon altos funcionarios de la administración de Joe Biden este miércoles.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), explicó que estas acciones buscan responsabilizar a los individuos que han permitido y ejecutado actos antidemocráticos y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Las sanciones bloquean cualquier propiedad o interés en bienes de los sancionados en Estados Unidos, prohíben transacciones con entidades estadounidenses y están diseñadas para intensificar la presión sobre el gobierno de Maduro.
La comunidad internacional ha señalado que las elecciones del 28 de julio, en las cuales Nicolás Maduro se declaró ganador con el apoyo del chavista Consejo Nacional Electoal, fueron fraudulentas. Según los registros electorales y declaraciones de observadores independientes, el resultado legítimo favorece ampliamente al presidente electo Edmundo González Urrutia. Pese a esto, Maduro ha rechazado reconocer la voluntad popular y ha intensificado las tácticas de represión.
Desde las elecciones, las fuerzas de seguridad han realizado arrestos arbitrarios contra simpatizantes de la oposición y han reprimido violentamente protestas pacíficas. Además, el régimen emitió una orden de arresto contra González Urrutia, obligándolo a exiliarse, mientras que líderes opositores como María Corina Machado han enfrentado amenazas de enjuiciamiento considerados como políticamente motivados.
“El pueblo venezolano ha mostrado un compromiso inquebrantable con la democracia, enfrentando detenciones injustas, censura y represión violenta”, expresó un alto funcionario de la Casa Blanca. “Estados Unidos no tolerará la continua subversión de normas democráticas por parte de Maduro y sus aliados”.
Las sanciones anunciadas forman parte de un conjunto de medidas más amplias bajo la Orden Ejecutiva 13692, diseñada para responsabilizar a funcionarios involucrados en actos que socavan la democracia. Hasta la fecha, la OFAC ha impuesto sanciones a más de 180 individuos y 100 entidades venezolanas, incluidos militares, miembros del gabinete y representantes de los cuerpos de seguridad.
“Estas sanciones no solo buscan responsabilizar a Nicolás Maduro, sino también a quienes ejecutan tácticas represivas para mantener su régimen”, señaló el Departamento del Tesoro. Entre los sancionados se encuentran figuras cercanas a Diosdado Cabello, considerado uno de los operadores más influyentes del régimen, así como responsables de actos de represión en zonas específicas bajo control del gobierno.
En paralelo, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado para funcionarios involucrados en la represión y el fraude electoral. Estas medidas se suman a restricciones similares aplicadas en septiembre, cuando se incautó un avión utilizado por el régimen de Maduro como parte de las sanciones.
Respaldo internacional y presión diplomática
El anuncio de estas sanciones ocurre en un contexto de creciente presión internacional contra Maduro. Más de 50 países, incluidos miembros de la Unión Europea, han reconocido públicamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo. En septiembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución condenando las acciones de Maduro, mientras que los ministros de Relaciones Exteriores del G7 emitieron un comunicado expresando preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela.
“Los gobiernos democráticos en la región y en todo el mundo presionan a Maduro como un frente unido por la transparencia y una restauración de la democracia en Venezuela”, declararon los funcionarios este miércoles.
En América Latina, países como Colombia y Brasil han desempeñado un papel central en liderar los esfuerzos para presionar al régimen de Maduro. Estas naciones, con gobiernos afines al chavismo, han reiterado su rechazo al fraude electoral y han pedido el cese de la represión, sin que ello derive en el reconocimiento de los verdaderos resultados por parte del dictador venezolano.
“No descartamos ajustar nuestra política de sanciones para avanzar en nuestros objetivos de política exterior”, declaró un funcionario de alto nivel. Aunque la administración Biden ha señalado que sus decisiones buscan incentivar acciones democráticas, críticos argumentan que medidas más contundentes podrían ser necesarias para generar un cambio significativo.
Con miras al 10 de enero, fecha en la que González Urrutia planea regresar a Venezuela para asumir el cargo, el gobierno estadounidense no ha recibido una solicitud oficial para brindar apoyo logístico a González Urrutia, funcionarios han señalado que cualquier petición será evaluada cuidadosamente.
“Estados Unidos no participará en operaciones logísticas sin una solicitud oficial del presidente electo Edmundo González”, explicaron los funcionarios.
A continuación, se detalla la lista de funcionarios venezolanos señalados por Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 13692, que sanciona a quienes contribuyen a la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela:
Funcionarios militares
- Rubén Darío Santiago Servigna:
Cargo: General de brigada del Buró Nacional de Policía (BNP) desde 2023.
Responsabilidad: Operativo electoral de seguridad ciudadana y represión de manifestantes. - Alexis José Rodríguez Cabello:
Cargo: Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Vínculo: Primo de Diosdado Cabello Rondón, sancionado desde 2018 por la OFAC.
Responsabilidad: Detenciones de periodistas y represión vinculada al proceso electoral. - Javier José Marcana Tabata:
Cargo: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia de Honor Presidencial. - Orlando Ramón Romero Bolívar:
Cargo: Comandante de la Milicia Bolivariana desde 2024.
Responsabilidad: Participación en actos represivos junto a las Fuerzas Armadas.
Funcionarios civiles
- Aníbal Eduardo Coronado Millán:
Cargo: Ministro de la Oficina del Presidente y Monitor de Desempeño Gubernamental desde abril de 2024.
Vínculo: Responsable de coordinar acciones relacionadas con fraude electoral y represión. - William Alfredo Castillo Bolle:
Cargo: Viceministro de Políticas Antibloqueo desde 2022 en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. - Ricardo José Menéndez Prieto:
Cargo: Vicepresidente de Planificación desde 2014.
Anteriormente: Ministro de Educación Superior, Industria y Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia. - Freddy Alfred Nazaret Ñáñez Contreras:
Cargo: Ministro de Comunicación y Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo.
Vínculo: Figura clave en el control mediático del régimen. - Daniella Desiree Cabello Contreras:
Cargo: Presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones desde septiembre de 2024.
Vínculo: Hija de Diosdado Cabello Rondón, sancionado desde 2018.
Responsabilidad: Liderar proyectos de diversificación económica y exportaciones. - Julio José García Zerpa:
Cargo: Ministro de Servicios Penitenciarios desde 2024.
Responsabilidad: Supervisión de cárceles señaladas por condiciones inhumanas, represión y hacinamiento crítico. - América Valentina Pérez Dávila:
Cargo: Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
Vínculo: Apoyo a la proclamación fraudulenta de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Fuente: Infobae
