Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) están por concluir el periodo de seis años en sus cargos, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está concentrado en elegir a cuatro suplentes y un principal para los próximos dos meses.
A la actual conformación del Consejo de la Judicatura le quedan 63 días de su periodo constitucional en funciones, aunque el Consejo de Participación Ciudadana no ha solicitado a cinco instituciones del Estado que les envíen sus ternas para elegir a sus reemplazos.
Esto sucede mientras, el jueves último, con tres votos de mayoría del CJ se declaró como insanable el concurso público de méritos, oposición e impugnación para la elección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y lo previsto es hacer un nuevo proceso.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y se compone por cinco delegados y sus suplentes que son electos por ternas enviadas por:
- El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuyo representante presidirá el CJ
- De la Fiscalía General del Estado
- De la Defensoría Pública
- De la Asamblea Nacional; y,
- De la Presidencia de la República
La Constitución establece que las autoridades, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones seis años, que se acaban este 29 de enero de 2025.
En los últimos seis años, el órgano judicial ha sido fuente de cuestionamientos y caracterizado por renuncias, investigaciones de hechos de corrupción y el enjuiciamiento político de sus miembros que desgranaron a su original conformación.
En el 2018, luego de la consulta popular promovida por el expresidente de la República Lenín Moreno, se instaló un Consejo de Participación Ciudadana de transición que evaluó y destituyó al pleno que presidió Gustavo Jalkh, de las filas del exmandatario Rafael Correa.
El transitorio realizó un nuevo proceso de selección y asumieron:
- Por el Ejecutivo, Patricia Esquetini y Jorge Moreno Yanes, que renunciaron.
- Por la Asamblea Nacional se eligió a Fausto Murillo y Elcy Celi.
- Por la Fiscalía, se candidatizó a Ruth Barreno y Yolanda Yupangui
- Por la Defensoría Pública, Juan José Morillo y Jaime De Veintimilla
- De la Corte Nacional de Justicia María del Carmen Maldonado y Álvaro Román
Aunque de esa conformación solo queda Yolanda Yupangui, ahora el Consejo de Participación Ciudadana tiene 63 días para preparar la elección de diez nuevos vocales principales y suplentes y no ha iniciado ningún proceso.
Por ejemplo, actualmente está vigente un reglamento para la designación y el CPCCS no ha resuelto si renovará a las autoridades con esta normativa o emitirá una nueva.
También debe convocar a la conformación de una veeduría ciudadana que observe el proceso y, de mantener este reglamento, este contempla un plazo de tres días para que cada una de las cinco instituciones del Estado nominadoras envíen sus ternas. En total, son quince candidatos.
No obstante, a poco de que este cuerpo colegiado concluya con sus encargos, el Consejo de Participación Ciudadana tiene abiertos procedimientos para elegir a un vocal principal y suplente del CJ que reemplacen a Fausto Murillo y Elcy Celi, de la fuente de la Asamblea Nacional.
Murillo fue destituido por un juicio político en la Asamblea Nacional el 29 de febrero de 2024 y Celi renunció horas después de ese mismo día.
Para llenar esas vacantes, el CPCCS pidió a la Asamblea en mayo pasado que le remita una terna.
El 5 de junio, la Legislatura envió una lista de tres candidatos y cinco meses después, el Consejo de Participación no cierra ni con la fase de revisión de requisitos, tomando en cuenta que este mecanismo de designación por ternas tiene cuatro momentos que dependen solo de los consejeros: la etapa de admisibilidad, en la que se revisa que cumplan los requisitos legales para ocupar cargo público; impugnación por una posible falta de probidad o de ética de los candidatos; la presentación de un plan de trabajo; y, finalmente su elección.
La terna que envió el Parlamento la encabeza Pablo Villagómez Reinel, es funcionario de carrera de la Cancillería. Fue subsecretario de América del Norte y Europa y jefe de la Misión del Ecuador ante la Unión Europea en la administración de Ricardo Patiño, cuando era ministro del ramo en el gobierno de Rafael Correa.
Le sigue Priscila Castro Hurtado, funcionaria de la Corte Constitucional; y antes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt); y, Carlos Salmon Alvear, que en su hoja de vida acreditó haber sido servidor del Municipio de Guayaquil en la gestión del socialcristianismo.
Sin embargo, este listado entró a revisión. El 20 de noviembre último, el CPCCS, presidido por Andrés Fantoni, dio un nuevo plazo a la Asamblea de tres días para que remita otra terna o la complete, ya que Carlos Salmon incurre en prohibiciones legales.
Adicionalmente, están abiertos los procedimientos de selección de tres consejeros suplentes de las fuentes de la Defensoría Pública, cuyo vocal principal es Merck Benavides, designado en febrero pasado en lugar de Juan José Morillo, procesado por tráfico de influencias e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
De la Fiscalía General está Yolanda Yupangui, quien se principalizó en lugar de Maribel Barreno, que es procesada por tráfico de influencias e inhabilitada para ejercer cargo público.
De la Presidencia de la República, la consejera Solanda Goyes que se principalizó en reemplazo de Xavier Muñoz, sentenciado por obstrucción de la justicia y cumplió su sentencia. Renunció al cargo cuando fue detenido a finales de 2023.
La delegación de la Corte Nacional de Justicia está completa. Actualmente está Mario Godoy, electo en julio pasado y es presidente del CJ.
El consejero Godoy fue escogido en medio de pugnas de las fuerzas políticas en el CPCCS y llegó para reemplazar a Wilman Terán, expresidente de la CJ, que renunció al ser detenido por delincuencia organizada y llamado a juicio en el denominado Caso Metástasis. El pasado lunes fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel.
El alterno de Godoy es el abogado Álvaro Román, quien por disposición de la Corte Constitucional debe subrogar al principal en caso de ausencia temporal o definitiva.
Para seleccionar a estos vocales suplentes, el Consejo de Participación Ciudadana convocó a la inscripción de veedurías ciudadanas.
Fuente: El Universo
ra
