Con 84 votos, Asamblea Nacional niega y archiva proyecto urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos

La Asamblea Nacional archivó en primer debate el proyecto económico urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos por romper el principio de unidad de materia y porque, a criterio de varios legisladores, tiene un “tufo a persecución” y puramente recaudatorio.

El sector oficialista, representado en la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), se quedó solo frente al planteamiento de archivo que motivó el movimiento Construye a través del legislador Jorge Peñafiel, y que recibió el respaldo de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, independientes y Pachakutik.

El texto de la moción que llevó al archivo del proyecto en primer debate señala lo siguiente: “Aprobar la resolución para negar y archivar el ‘Proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos’, presentado mediante oficio n.º T.408-SGJ-24-0424, de 8 de noviembre de 2024, por el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, a la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

La moción recibió el respaldo de 84 votos que vinieron de las bancadas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye, Independientes y Pachakutik.

La sesión plenaria 985, que se instaló luego del mediodía, empezó con la intervención de la legisladora Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, quien aclaró a la sala que el proyecto urgente no se trata de un nuevo impuesto, sino que es una modificación progresiva en la comercialización de los vehículos usados, cuya actividad representa un alto riesgo en lavado de activos.

Habló de la tabla propuesta que modula el pago del impuesto por la compraventa de vehículos usados y dijo que el proyecto planteado por el Ejecutivo beneficia a más del 73 % de la población, que ya no pagará el 1 % sino el 0,75 % por la comercialización de un vehículo usado. Eso es justicia social, sentenció.

Dijo que la ley urgente permite una recaudación más justa y se preguntó quién puede estar en contra de la lucha y combate al delito de lavado de activos.

El asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, dijo que el proyecto no tiene nada que ver con el combate al lavado de activos, porque la compra y venta de vehículos usados es una actividad cotidiana, y que con la colocación de una tabla para el cobro del impuesto lo que se busca es meter la mano a los bolsillos y cargarle más impuestos a la ciudadanía.

También dijo que la propuesta del Ejecutivo supuestamente pretende fortalecer a la UAFE, cuando en los textos expuestos claramente se otorgan facultades omnímodas a la UAFE, cuando fortalecer sería otorgarle independencia y capacidad legal para poder realizar una investigación a los fondos de los criminales en este país. Lo que se pretende es otorgar facultades jurisdiccionales a la UAFE de proveer a la Fiscalía General del Estado.

El legislador Vicente Taiano, del PSC, manifestó que el proyecto del Ejecutivo es claramente recaudatorio y eso no lo puede permitir el Parlamento. Este proyecto rompe el principio constitucional de unidad de materia y es una razón de peso para que sea archivado, y además dijo que tiene un tufo a persecución.

Fuente: El Universo

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