Una vez conocida la resolución oral de culpabilidad para 20 de los 21 juzgados dentro del caso Metástasis, las defensas de varios de los condenados por el delito de delincuencia organizada como líder y cómplices a diez años de prisión, nueve años y cuatro meses de cárcel, siete años y tres años y cuatro meses de cárcel anuncian que apelarán la sentencia de primera instancia.
Entre la mañana y la tarde del lunes 25 de noviembre último, en una lectura de casi nueve horas, los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, por unanimidad, condenaron a 20 personas como autoras directas del delito de delincuencia organizada al ser parte de una “empresa criminal” que mantuvo líderes y colaboradores para concretar los objetivos de manejo de la justicia, beneficios penitenciarios e impunidad de quienes actuaban para favorecer al narcotraficante Leandro Norero, su familia y cercanos.
En cambio, Braulio M., Eduardo R., el abogado Kevin P. y la guía penitenciaria Katherine Pilar G., como colaboradores de la organización delictiva, a quienes no se les impuso la agravante de ser servidores públicos, se les impuso la pena máxima de siete años de privación de la libertad. Finalmente, en los casos de la excomisionada de Pacificación de las Cárceles, Claudia G., y los abogados en libre ejercicio Sofía G. y César A. se tomaron en cuenta atenuantes que hicieron que reciban una pena reducida de tres años y cuatro meses, pese a ser ubicados como colaboradores.
El sentenciado Kevin P. adelanta que apelará la sentencia de primera instancia, pues cree que la condena fue emitida solo con base en la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía y no se tomaron en cuenta, en relación con gran parte de los procesados, las pruebas de descargo, las cuales, para él, debían ser contrastadas con la prueba presentada por la Fiscalía.
“En virtud de eso, es lo que vamos a tener que demostrar en la apelación, esto es, que la valoración de la prueba no se realiza en contraste; por lo tanto, la decisión no va a quedar en firme. En derecho, tiene que haber una justificación de la organización, y las pruebas tienen que contrastarse y ver cuál pesa más. De acuerdo a eso, es cuando se va a poder, recién en un Tribunal de Apelación, determinar si es que efectivamente la resolución queda en firme o no queda en firme”, sostuvo Kevin P., quien asegura que en ninguna parte de la prueba aportada por la Fiscalía se señala que él haya pagado a jueces, policías, fiscales…
Jorge Haz, defensa de la excomisionada de Pacificación de origen colombiano Claudia G., expresó su inconformidad con la sentencia, pese a que reconoció que la Sala de Juzgamiento tomó en cuenta esa voluntad de su defendida de siempre “dar la cara” y colaborar en todo con la justicia. Explicó que el tribunal hizo una concatenación que para ellos con defensores va en contra de derecho, por lo que el único camino que les queda es apelar la decisión.
“Tenemos los recursos que ampara el derecho y vamos a apelar por la incongruencia misma de la oralidad que hemos escuchado. Realmente hay cosas que destacar; no las voy a decir en este momento, porque creo que adelantaría criterios que podrían ser reformados en la sentencia escrita. Y si ustedes escucharon la sentencia, hay unos errores contundentes en contra de Claudia G.”, sostuvo Haz.
Como un “insulto a la inteligencia y a la dignidad humana” es como calificó Gabriel Terán, padre y abogado del extitular de la Judicatura, la sentencia agravada emitida de forma unánime contra su hijo. A decir de Terán padre, la resolución no se compadece con las pruebas que se evacuaron en 28 días de audiencia.
“Lo único que están dando es el camino para enjuiciar al Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana. (…) Ese es el camino que nos impone el Estado ecuatoriano con esta clase de sentencias”, afirmó Gabriel Terán, quien al ser consultado sobre si apelarán la decisión de la Sala de Juicio manifestó: “La lucha continúa; no podemos dejar así; no somos conformistas”.
El exjuez nacional Wilman Terán insistiría en que es inocente y, al igual que su padre, tomaría esta condena agravada de nueve años y cuatro meses como un “insulto a su dignidad”.
La presidenta de la sala resaltó que durante el desarrollo de la prueba el tribunal tomó nota de las determinaciones específicas que sirven para la emisión de la decisión oral, pero que, en extenso, lo que se ha plasmado durante el desarrollo de la audiencia va a ser transcrito en la sentencia por escrito, la que emitirán, anotó, en un plazo razonable y en cumplimiento de los presupuestos legales pertinentes.
“Esta aclaración la hacemos por cuanto se ha objetado que el tribunal emita sentencia tan rápido. Sin embargo, el tribunal no está emitiendo sentencia: está emitiendo una decisión oral. La sentencia por escrito será notificada oportunamente a los sujetos procesados”, concluyó Caicedo, quien cerca de las 18:30, casi nueve horas después de iniciada la reinstalación, dio por cerrada la audiencia de juicio. (I)
