Una vez que se ha cerrado la audiencia de juzgamiento del caso Metástasis, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Purga aparece como la siguiente diligencia de connotación a desarrollarse en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Purga es un proceso penal, que al igual que Metástasis, habla de un estructura delictiva que se organizó para infiltrar el sistema justicia con el fin de obtener su control, fallos favorables y beneficios económicos.
La audiencia para evacuar la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Purga ha sido convocada para este martes 26 de noviembre, a partir de las 08:30. El juez penal de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, es quien está a cargo del proceso penal que arrancó el 4 de marzo pasado con un operativo en las provincias de Guayas y Pichincha que generó la detención del exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo; jueces penales del Guayas como Johann M., Guillermo V., Alberto L.; el funcionario del CJ Saúl M., entre otros, a quienes la Fiscalía investigaba por su vinculación con una estructura delictiva conformada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico.
La excomunicadora institucional de la Corte del Guayas y sentenciada en Metástasis, Mayra Salazar, por presión de lo encontrado en su celular durante la investigación de Metástasis, fue quien amplió los horizontes de una trama de corrupción que con otros personajes mantenía el mismo esquema de corrupción: líderes de una organización que incidían en el ámbito jurisdiccional y administrativo de la justicia y cooptaban jueces, fiscales, ayudantes judiciales, … para obtener fallos que convenían en causas específicas.
La diferencia entre Metástasis y Purga es que el primer caso hablaba de la intervención en un esquema de corrupción de funcionarios judiciales de varias provincias e incluso de la CNJ, mientras que Purga se centraba en la jurisdicción de la provincia del Guayas.
El dictamen acusatorio de la Fiscalía
Ocho meses después de abierto el proceso penal y a cuatro de que se cerraron los 120 días de instrucción fiscal en Purga, la Fiscalía ha anunciado que su dictamen acusatorio irá dirigido contra 23 de los 25 sospechosos investigados. En esa lista están el exlegislador socialcristiano Muentes, la expresidenta Gallardo o el exjuez penal del Guayas Johann M. Solo dos: Rubén Díaz Valdés y Miriam Yesenia Rodríguez, recibieron un dictamen abstentivo de Fiscalía y actualmente gozan de un sobreseimiento definitivo, dictado por el juez De la Cadena.
Para la Fiscalía, Muentes, Gallardo y Johann M. ejercieron el mando de un grupo estructurado que tuvo injerencia en decisiones judiciales, en sumarios, en cambios administrativos y en la generación de la impunidad por intereses ilegales en la provincia del Guayas. Al exasambleísta se lo ubica en la dirección de la estructura, mientras que a los dos restantes en la planificación para la comisión de delitos graves, cuya finalidad perseguida, según la Fiscalía, era claramente el beneficio económico.
Además de los tres líderes de la organización, la Fiscalía mantendrá un dictamen acusatorio contra la esposa y el primo de Muentes, Mónica A. y Fausto A., respectivamente; la exdirectora de la judicatura en Guayas, Mercedes V.; los excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Juan Xavier R. y Freddy José J.; el expresidente de la Corte del Guayas, Hugo G.; la abogada y exasesora legislativa de Muentes, Tatiana V. y otros exjueces y exfuncionarios judiciales en la jurisdicción del Guayas.
El dictamen acusatorio de la Fiscalía debía ser escuchado en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio el 6 de noviembre pasado, pero la diligencia se difirió ante el pedido de varias defensas de los procesados.
Disposiciones del juez para la audiencia
Para el normal desarrollo de la audiencia fijada el exmagistrado De la Cadena advirtió que se privilegiará la comparecencia física a la diligencia. De persistir la crisis energética nacional y los cortes eléctricos programados para las fechas de diligencia definidas, se aclara que la conexión vía telemática es de exclusiva responsabilidad de los sujetos procesales, quienes deberán asegurar que su conexión sea continua.
En relación con los procesados: Pablo Muentes, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil; Johann M., momentáneamente ingresado en la denominada Cárcel 4, de Quito, pues es juzgado en Metástasis; Henry T. y Fausto A., en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Cotopaxi; Guillermo V., ingresado en el CPL de Varones Pichincha, para garantizar el ejercicio de su derecho a la defensa el juez del caso dispuso que se remita un oficio a la Dirección del CPL donde guardan prisión, como al Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), pues son quienes tendrán la obligación de asegurar su comparecencia a la diligencia a través de la plataforma virtual zoom.
En cambio, para los procesados Fabiola Gallardo y el exjuez del Guayas, Ramos Lino T., quienes permanecen cumpliendo su orden de prisión preventiva en el CPL de Cotopaxi, debido a que ejercerán su propia defensa, el magistrado de la CNJ ordenó que se oficie a la Dirección del centro carcelario donde guardan prisión y al SNAI para que se realicen las gestiones necesarias para lograr su traslado el día de la diligencia.
El caso Banco del Pacífico, entre los hechos que se investigan en Purga
Los hechos investigados en el caso Purga tienen que ver con irregularidades en dos acciones de habeas data en los que fueron supuestamente beneficiados el exasambleísta Muentes y su esposa, Mónica A., con una reparación de casi $ 4 millones, dineros pagados por el Bando del Pacífico; y el primo del exlegislador socialcristiano, Fausto A., con la aparente entrega a su nombre de un predio ubicado en Durán (Guayas), valorado en $ 200.000, el cual legalmente pertenecía a otra persona.
Además se indagan posibles actos de corrupción en la entrega de una acción de protección con medidas cautelares planteada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito. Desde la Fiscalía se ha cuestionado por qué la acción de protección fue presentada en Guayas cuando se está tratando de un contrato de repavimentación por $ 30 millones con una empresa metropolitana del cantón Quito, en Pichincha.
Los otros tres casos tienen que ver con acercamientos buscando beneficios de la entonces jueza Gallardo al prófugo líder de la banda de Los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, respecto a un recurso de apelación que iba a conocer ella, quien era parte de un Tribunal en Guayas. También se analizan posibles actos de corrupción en el archivo de causas administrativas existentes en la dirección del CJ en Guayas contra Gallardo y otros jueces, así como aparentes ilegalidades en el sorteo de causas judiciales en la provincia del Guayas. (I)
Diario El Universo
