Si se juzga o no como adultos a los adolescentes que cometan delitos contra la vida y hasta qué edad es inimputable la infracción, son parte de los temas que generan controversia entre los asambleístas y que constan en el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).
La presidenta de la Asamblea Nacional, la correísta Viviana Veloz, convocó al pleno para este martes, 26 de noviembre del 2024, desde las 09:30, para discutir y aprobar el proyecto.
También se presentó un informe de minoría elaborado por los asambleístas Jorge Peñafiel y Ana Galarza, de la bancada Construye ante la mesa legislativa, que discrepa en los temas relacionados con el juzgamiento de los adolescentes infractores vinculados la crimen organizado.
El último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2022 señala que en el Ecuador existen 16′938.986 habitantes, de los cuales 5′248.144 son niñas, niños y adolescentes, que corresponde al 30,98 % del total.
Responsabilidad penal de adolescentes
Este tema está contemplado en el IV libro del proyecto y en el informe de mayoría suscrito por RC, PSC, Unidad Popular y PSP, se determina que la responsabilidad penal de los adolescentes tendrá un enfoque restaurativo, de manera que las infracciones penales sean apreciadas como conflictos sociales que generan daños en las personas y en las relaciones interpersonales, de los que se derivan obligaciones de reparación y restauración, y cuya intervención debe asegurar la reintegración de la persona adolescente.
Respecto a la inimputabilidad de niñas, niños y adolescentes, el informe de mayoría propone que será hasta los 14 años de edad cumplidos y no tienen responsabilidad penal, por lo que no estarán sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas cautelares o socioeducativas contempladas en el Código. Se prohíbe la detención e internación preventiva de las niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años de edad.
En caso de que una niña, niño y adolescentes hasta 14 años de edad cumplidos sea identificado en situación de flagrancia, serán entregados inmediatamente a sus progenitores, progenitores afines, representantes legales o responsables de su cuidado.
Frente a ello, Construye plantea la reducción de 14 años y 12 años edad, por lo tanto, los adolescentes a partir de los 12 años de edad serán responsables penalmente, de los tipos establecidos en la ley de la materia penal.
Jorge Peñafiel, de Construye, manifiesta que su bancada propone que los adolescentes infractores vinculados al crimen organizado sean juzgados como adultos cuando cometen delitos contra la vida y además vinculados al crimen organizado. En estos casos estarán los delitos como sicariato, asesinato, homicidio.
También plantea la eliminación de los procesos de desjudicialización y de mecanismos anticipados de terminación de los procesos para los delitos de secuestro, los delitos de extorsión y los delitos de violación sexual.
Advierte que en el informe de mayoría se está planteando la posibilidad de no entrar a judicializar, es decir, a no juzgar a los adolescentes cuando existe acuerdo entre la justicia del Ecuador con los delincuentes infractores menores de edad, sin considerar la voluntad, el deseo y el criterio que tienen las víctimas. Evidentemente, eso va en contra del principio de seguridad jurídica, sostiene el legislador.
Peñafiel considera que actualmente rige la impunidad. Los menores de edad reciben hasta ocho años de sanción máxima, de los cuales casi el 78 % no cumple la pena en su totalidad. Y se quedan siempre a dos, tres, cuatro años de sanción y salen libres a seguir cometiendo sus fechorías, y ya como mayores de edad.
Otro de los casos, añadió, es que aquellos que cumplen la mayoría de edad dentro de los centros de acogida, se quedan; es decir, estamos teniendo a sicarios, asesinos, ya mayores de edad dentro de los centros de acogida que son supuestamente para menores de edad.
Pierina Correa (RC), presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, sostiene que si bien es cierto que los niños y adolescentes son coptados por las bandas y grupos de delincuencia organizada, Ecuador sigue siendo el país en la región con menos adolescentes institucionalizados por cometimiento de delitos, y eso debe quedar sumamente claro, porque eso es lo que están queriendo posicionar, advierte.
Todos queremos que el crimen organizado desaparezca, porque no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la sociedad ecuatoriana, anota Correa, pero señala que pensar que se va a acabar con el crimen organizado tratando a los adolescentes infractores como delincuentes comunes pretendiendo sentenciarlos e institucionalizarlos como los adultos, es un sinsentido total.
Dice que los expertos que recibió la mesa legislativa han señalado que el proceso de maduración emocional de las personas recién alcanza un nivel de madurez a los 29 y 30 años, por lo tanto, se hace la clara diferencia entre la justicia punitiva de castigo que se aplica al adulto infractor de la justicia restaurativa que es la que se aplica para los menores de 18 años; es decir, para los adolescentes infractores.
No es cierto la impunidad, afirma Correa, no es cierto que no se los detiene, que no se los condena y se los sentencia, pues los chicos también pueden ser sentenciados en función del delito cometido hasta ocho años de cárcel; es decir, es la tercera parte de la condena a un adulto en caso de homicidio.
Correa es partidaria de que se aplique una justicia restaurativa, porque permite a través de medidas socioeducativas y acceso a educación, salud, salud mental y acompañamiento a recuperarlos y reinsertarlos en las sendas del bien y que en la adultez sean personas positivas y que aporten a la sociedad. Tienen que reconocer su error y hay medidas de reparación hacia las víctimas o familiares de las víctimas. El tratamiento es lo que hace la diferencia y no hay impunidad, reitera.
Si bien el delegado del bloque del Partido Social Cristiano ante la comisión legislativa votó a favor del informe de mayoría del Copinna, el coordinador de la bancada, Vicente Taiano, dice que el tema sobre el juzgamiento de los adolescentes infractores no ha sido analizado en su integralidad a lo interno del partido.
Señala que en razón del momento de criminalidad e inseguridad que se vive, la Asamblea tiene la obligación de darle una respuesta al país y de cuidar a los menores, quienes hoy están siendo utilizados por los grupos de delincuencia organizada como mano de obra, para robar, asesinar o para cometer delitos.
Explica que la utilización de los adolescentes, por parte del crimen organizado, para cometer delitos se efectúa en razón de cómo son tratados en nuestro sistema jurídico, porque tienen sanciones diferentes, porque puede pasar mucho tiempo entre el cometimiento del delito y la imposición de la sentencia definitiva.
Taiano considera que la discusión sobre el juzgamiento de los adolescentes infractores es una discusión difícil por el momento en que vivimos como país. Personalmente está de acuerdo con revisar la edad de inimputabilidad, y en cuanto a la sanción sí se puede crear un régimen especial para quienes violen, asesinan, para quienes cometan sicariato y extorsión. (I)
Diario El Universo
